Aunque los Comités Locales de Abastecimiento y Producción fueron lanzados, en principio, como canales que darían fuerza al poder comunal, lo cierto es que en la práctica las comunidades no han manejado ni los recursos económicos, ni se han encargado de la selección de los productos, ni han tenido un papel en la frecuencia de distribución, señala el más reciente informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela de la ONG Provea.
«La militarización en el terreno de los CLAP generó una estructura con instancias llamadas ‘Centro de Mando’ y ‘Estado Mayor de los CLAP’, lo cual da cuenta de una jerarquía y una línea de mando que pone en duda que este sistema de distribución sea una gestión verdaderamente autónoma de las comunidades», apunta el documento.
También cuestiona el texto que los alimentos que han sido distribuidos han representado un subsidio indirecto un costo muy alto y un muy bajo impacto social, y que han quedado a cargo de actores que no tienen competencias para desempeñar esas funciones. «Los CLAP se consolidan entonces como una medida presentada a la población con el formato de ‘algo temporal contra el acaparamiento, la desviación de recursos y la especulación y la emergencia económica’, pero que eran en realidad una base organizativa y política del ‘poder popular’ y la ‘economía comunal’, sin ser estos conceptos desarrollados en consenso nacional».
En el fondo, los CLAP tenían la misión de convertirse en piezas para el desarrollo organizativo del proyecto de Estado comunal, por lo que sus objetivos alimentarios quedaron eclipsados. Sin embargo, a la larga, lo que hizo la iniciativa fue colocar al Estado «en una posición de vendedor de alimentos que controla a una alta rentabilidad, y a los ciudadanos en la situación de controlarse y racionarse entre sí los alimentos escasos».
La ONG Acceso a la Justicia, en el mismo informe, también da cuenta de varias irregularidades de los CLAP: fueron un mecanismo que se creó al margen de lo establecido en la Constitución y no obedecieron a una ley dictada por la Asamblea Nacional, como lo indican los artículos 137 y 156 de la Carta Magna; el decreto que rige su instalación no indica cómo se constituyen ni quiénes lo integran y les da competencias públicas inconstitucionales, como las del mantenimiento del orden público, sin establecer para ello regulación ni límites; no forman parte de la administración pública y están integrados por «grupos paraestatales de claro corte partidista».
Otro de los graves cuestionamientos es que se promovió con ellos «un monopolio de lo alimentario manejado por un grupo de ciudadanos con más poder que otros, solo por razones de ideología política». Paradójicamente, además, «al ir progresivamente subiendo el costo de las bolsas de alimentos e incluir en ellos productos importados en dólares, el manejo de los CLAP violaba la Ley de Precios Justos».
Adicionalmente, agrega el informe, las denuncias de discriminación por razones políticas, de las que han sido objeto los CLAP, vulneran la Observación General N° 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, que señala que no se debe negar el acceso a los alimentos a determinados individuos o grupos, «y que establece como falta del Estado no controlar las actividades de individuos o grupos para evitar que violen el derecho a la alimentación de otras personas”.
La conclusión acerca del impacto de los CLAP es demoledora, pues se señala que su implementación: «la población perdió la frecuencia y estabilidad de la oferta alimentaria, la capacidad de elegir qué comprar, la dignidad, participación». Detrás de ellos se gestó un fraude, sentencian: ofrecieron vender alimentos a precios justos y terminaron distribuyendo comida dolarizada y ajena a la cultura venezolana; «fueron promocionados como una medida temporal debido a la emergencia alimentaria, cuando en realidad buscaban dar forma de organización e instalar las bases de defensa de la revolución».