Mordaza digital

Por MARIELBA NÚÑEZ

En los primeros días de octubre, el cese de la impresión de 2 diarios venezolanos elevó a 58 la lista de los periódicos que, de acuerdo con un seguimiento hecho por el Instituto Prensa y Sociedad, han dejado de circular en el país en los últimos 5 años: Tribuna Popular, icónico órgano de difusión del Partido Comunista de Venezuela, a punto de cumplir 70 años, y El Luchador, del estado Bolívar, veterana publicación con más de un siglo de historia. “Llegamos al punto en que es materialmente imposible seguir produciendo el periódico en la forma impresa como se hizo durante 113 años”, explicaba el editorial del rotativo guayanés del 4 de octubre, a manera de despedida de su versión en papel, aunque anunciaba que, al igual que otros medios en su situación buscaría sobrevivir en la web.

El cerco económico ha estado entre las principales razones de la agonía de los diarios y la falta del acceso al papel ha protagonizado el silenciamiento, como documentó la relatoría especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre el país. Recordó que “la falta de abastecimiento y el control gubernamental de papel sigue afectado el libre funcionamiento de la prensa”, y reiteró la responsabilidad de la corporación estatal Alfredo Maneiro en la ausencia de ese insumo.

Sin embargo, el obligado salto al mundo digital no constituye garantía alguna de que la pluralidad de voces encontrará un refugio, pues el cerco impuesto por el gobierno a las comunicaciones digitales no ha hecho más que arreciar en los últimos años.

La investigadora venezolana Raisa Urribarri, autora por ocho años consecutivos del capítulo sobre Venezuela del informe Libertad en la Red de la organización Freedom House, considera que este es precisamente el peor momento para los medios de comunicación digitales. Para elaborar el reporte, explica, miden cerca de 100 indicadores agrupados en 3 categorías básicas: obstáculos para el acceso, limitaciones en los contenidos, y violación de los derechos de los usuarios. Basado en ello, en el caso venezolano han observado “un deterioro constante y progresivo”.

Sobre el primer aspecto, Urribarri puntualiza que la implementación de políticas gubernamentales como el control de cambio y la congelación de las tarifas de los servicios de telecomunicaciones, así como la desinversión en el sector, representan factores que han impedido “la expansión y el mantenimiento de la infraestructura de telecomunicaciones y, por tanto, el acceso de los ciudadanos a la red”.

La lentitud extrema del servicio es la expresión cotidiana del desinterés estatal en el área. Una investigación del IPYS junto con el laboratorio de datos de Internet MLAB determinó que los venezolanos “navegan a un promedio de 1,61 Mbps en la Banda Ancha fija, la cifra más baja de América Latina”. Para tener una idea de lo que eso significa, hay que tomar en cuenta que la velocidad de navegación en un país como Costa Rica es de 12,41 Mpbs y la de Panamá, de 7,86 Mpbs.

De la gloria al declive. La libertad de expresión digital en Venezuela no siempre ha mostrado un panorama tan desesperanzador. Otra revisión conducida por Urribarri, en su carácter de investigadora de la Universidad de Los Andes, conjuntamente con Marianne Díaz, de Derechos Digitales, separó en 3 momentos la evolución de las comunicaciones en el siglo: una primera etapa, entre 2000 y 2006, caracterizada por medidas que favorecían la expansión de Internet, como la apertura del sector a la libre competencia o la fundación de 234 infocentros.

En una segunda etapa, entre 2007 y 2014, comienza el avance de decisiones coercitivas, entre ellas la reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, para incluir los medios electrónicos, y empieza a hacerse patente el deterioro del servicio. Finalmente, en una última etapa, a partir de 2016, bautizada por las investigadoras como “el declive”, hay una caída en el número de conexiones a Internet que hace prever que la penetración del servicio para 2020 será de apenas 51%. Otro de los factores que ha fortalecido la mordaza digital ha sido el endurecimiento de las restricciones legales, entre ellas la ley contra el odio que fue aprobada en noviembre de 2017 por la asamblea nacional constituyente y que impone hasta 20 años de cárcel a quienes “inciten al odio, discriminación y violencia”, y permite perseguir no solo a quienes emitan los mensajes sino también a los proveedores de los servicios, a quienes hace “objeto de multas y penas de cárcel si no remueven los contenidos considerados infractores en un lapso de 6 horas”.

A ese marco legal coercitivo, al que también hay que añadir la Ley de telecomunicaciones y la declaración de estado de excepción, se suma, apunta Urribarri, el bloqueo selectivo de sitios web informativos, tanto venezolanos como del exterior, “los cuales son promovidos por Conatel y acatados por operadores públicos y privados”.

Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, puntualiza que los bloqueos unilaterales de portales web en todo el país constituyen una irregularidad que ha venido ocurriendo desde hace años. “Y no solo de portales que tienen que ver con noticias, sino también aquellos que ofrecen otro tipo de contenidos”.

Agrega que este año se han hecho evidentes los bloqueos por denegación de servicios, “que no es más que un ataque informático a través de la red que hace que un sitio se vuelva inaccesible. De repente, portales web como El Nacional, La Patilla o Efecto Cocuyo empiezan a presentar fallas y los usuarios no pueden entrar a ellos en ciertos momentos del día”.

Miedo y censura. El tercer aspecto que el país reprueba en materia de libertad digital se relaciona con la violación de los derechos de los usuarios, añade Urribarri. Cita como ejemplo representativo la persecución, el acoso y la detención de editores y periodistas de medios en línea, como ocurre con Braulio Jatar, editor del portal web Reporte Confidencial –preso bajo la figura de casa por cárcel– y de los tres fundadores del portal Armando.Info, Joseph Poliszuk, Alfredo Meza y Ewald Scharfenberg, además del reportero Roberto Deniz, obligados a exiliarse luego de revelar escándalos de corrupción vinculados con las cajas de alimentos distribuidas por los comités locales de abastecimiento y producción. “A ellos se suman los usuarios que por ejercer su libertad de comunicar en redes sociales han terminado en la cárcel con juicios absurdos, práctica que comenzó en 2010 y no ha cesado”.

Las disposiciones legales puestas en marcha en los últimos años han sido exitosas en su cometido de generar autocensura y medidas de censura, agrega. “Periodistas y ciudadanos confrontan el riesgo real de ser arrestados y procesados. Por su parte, los proveedores de servicios tienen encima una perenne amenaza de ser multados o cerrados si no cumplen con las órdenes de bloqueo que, la mayoría de las veces, ni siquiera constan en resoluciones, actas o cualquier otro mecanismo formal”.

La CIDH reiteró su condena a esas acciones: “El uso del derecho penal por funcionarios públicos como una herramienta de intimidación a periodistas y la criminalización de la crítica es una práctica abiertamente contraria a los principios y estándares en materia de libertad de expresión, en particular cuando la criminalización es producto de la manipulación del poder punitivo del Estado por parte de actores estatales y no estatales con el objetivo de controlar, castigar o impedir el ejercicio del derecho”.

Ruido tóxico. Otros mecanismos de silenciamiento de los espacios digitales se han puesto en marcha, a la par de las persecuciones judiciales y el bloqueo tecnológico. Las elecciones presidenciales del 20 de mayo se convirtieron en el laboratorio perfecto para documentar las estrategias de manipulación que se utilizan con el fin de anular el poder de las redes sociales, especialmente de Twitter, como fuente alternativa de información para los ciudadanos.

La experta venezolana de la comunicación Iria Puyosa describió tres tipos de actuaciones en la investigación Estrategias de guerra informativa del chavismo en Twitter, publicada en la página web del Observatorio de la Desinformación y Propaganda en Latinoamérica: articulación de cuentas oficiales y cuentas automatizadas para alcanzar los trending topics diariamente; promoción de etiquetas de distracción con el uso de cuentas bots(automáticas) y cyborg (que aparentan una identidad real, pero se comportan como automatizadas), y secuestro de etiquetas de la oposición con el objeto de desvirtuar sus discursos e interferir en la conversación de las comunidades de opositores en la red.

Aunque algunas no sean propiamente estrategias nuevas, porque desde 2009 se había detectado el uso de bots como mecanismo para hostigar a la oposición y luego para amplificar el mensaje del gobierno, su uso ha llegado a ser realmente sofisticado.

Durante las últimas elecciones presidenciales, precisa el documento, el gobierno llegó a promover 33 hashtag de campaña a través de 4.957 cuentas oficiales –pese a las prohibiciones legales– que resultaron amplificados por más de 500.000 bots. La cuenta @CarnetDLaPatria estuvo entre las más prolíficas pues publicó más de 100 mensajes llamando a votar por la revolución bolivariana, que consiguieron la mayor “viralidad”.

Como ejemplo de la apropiación de las etiquetas de la oposición, Puyosa acude al ejemplo de lo ocurrido con la invitación a la manifestación promovida por el Frente Amplio el 16 de mayo bajo la etiqueta #PaLaCalleEl16ContraElFraude, que terminó alojando mensajes del oficialismo, anuncios comerciales y otros textos de distracción.

Por otra parte, no todos los soldados de ese ejército de manipulación digital hablan desde el discurso oficial. Otros se hacen pasar por opositores radicales para tratar, por ejemplo, de desviar la atención hacia las debilidades de la oposición, y otros se usan para enviar mensajes triviales, sin conexión con la agenda política. “Por supuesto es sano que se puedan romper o desviar las conversaciones, pero no cuando ello ocurre de forma absurda o extemporánea”.

Otra investigación a cargo de Puyosa, publicada en el portal de IPYS, muestra cómo se movieron hacia los trending topic, aupadas por cuentas oficiales, las etiquetas #CastigoParaLosTerroristas y #LoDijoRequesens que inculpaban a los diputados Julio Borges y Juan Requesens en el atentado denunciado por el gobierno contra Nicolás Maduro.

La investigadora señala que, en su opinión, ese tipo de interferencia termina por tener impacto en la agenda informativa; y también produce cansancio en los ciudadanos, que terminan por desanimarse en medio de la creciente distorsión en la conversación digital. “El efecto que se produce es muy tóxico y yo diría que en este momento está logrando ser eficiente, pues esas cuentas están consiguiendo que su discurso sea dominante en las redes”. Una de las consecuencias es la pérdida de utilidad de esa red social como fuente de información y de su credibilidad como recurso que ha sido minada; además, como ocurre con otros espacios digitales, por la proliferación de noticias falsas. “Hace cinco años Twitter facilitaba mucho la tarea de informarse, pero ahora padece una contaminación real que la ha hecho perder eficacia”.

Llama la atención sobre el hecho de que muchas decisiones políticas que se toman a partir del monitoreo de las redes no tienen en cuenta esas distorsiones. “El gobierno está haciendo un uso estratégico de las redes, mientras que los sectores democráticos no necesariamente lo hacen”.

Luces para sobrevivir en tiempos de censura

1. Las investigadoras de la comunicación Raisa Urribarri e Iria Puyosa coinciden en que cualquier estrategia para burlar la censura digital requiere educación y es deseable contar con esa formación. “Desde hace varios años organizaciones sociales, y más recientemente también medios digitales, han venido entrenando a ciudadanos y formando infociudadanos.  Hay ONG y profesionales capacitando con base en lo que algunos han llamado ‘caletas’; es decir, con manuales diseñados para legos en temas informáticos, con instrucciones fáciles de seguir para evadir bloqueos, para no ser presa fácil de la propaganda y la información dirigida o desinformación, para proteger la privacidad en línea y para desarrollar protocolos de seguridad digital”, dice Urribarri.

2. Puyosa puntualiza que esa formación necesita desarrollar destrezas para la búsqueda, selección y tratamiento de la información; implica habilidades que parecen simples, pero son tan complejas como saber leer, comprender el contexto.

3. En redes sociales, Puyosa recomienda tener listas de usuarios que sean confiables como fuente de información. También aconseja en Twitter seguir las tendencias que llama “orgánicas”, que se basan en las palabras más usadas, y no en las impuestas por etiquetas.

4. Agrega que las organizaciones sociales y políticas deben recurrir a mecanismos más avanzados para medir quiénes usan sus redes “y amplían o distorsionan sus mensajes”.

5. En caso de que se sufra un ataque o un acoso en línea, es necesario reunir pruebas de lo ocurrido y formular la denuncia ante las empresas responsables de las redes, “pero en ningún caso seguir el juego ni caer en la confrontación”.

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