Jóvenes con camisas azules y beiges marchan en medio del asfalto. Adolescentes, estudiantes de educación media y diversificada, tomaron posición y salieron del aula a la calle.
La manifestación del lunes 22 de las jóvenes del Colegio Santa Cecilia inició dentro de la institución a las 6:45 am. Las muchachas decidieron sentarse en círculo, entonar el Himno Nacional y colocar la bandera en el suelo y con los nombres de los estudiantes que han muerto en las protestas.
“Salimos de la institución a la fuerza y nos fuimos a la calle gritando por todos los liceos, diciendo consignas para buscar apoyo de los demás estudiantes. A las 10:30 am salieron los de Santa Rosalía y nos encontramos. De allí tomamos la iniciativa de irnos a la avenida Lecuna”, relata una estudiante del colegio Santa Cecilia. Una hora después sujetos vestidos de negro y encapuchados arremetieron contra ellos: “Dispararon al aire, estando a 100 metros la guardia y no hicieron absolutamente nada. Uno me pisó el pie con la moto. Después la situación se salió de control cuando unos civiles trancaron el paso con cauchos y prendieron basura. Los colectivos lanzaron gas pimienta. Llevaban palos y golpearon a los muchachos”. Dice que muchos corrieron a esconderse en los estacionamientos de los edificios, pues comenzaron a perseguirlos. “Nos metieron electricidad. En qué país estamos viviendo que nosotros no podemos exigir nuestros derechos y esas personas andan armadas en la calle, atentando contra nuestra vida”, narra la adolescente.
Los vecinos de la residencia Lecuna salieron a socorrer a los estudiantes para evitar que los alcanzaran los colectivos. “La meta era llevárselos. A uno lo subieron en una moto en la esquina El Muerto, le robaron el bolso y lo dejaron en Quinta Crespo. Varios resultaron heridos. Lo único que queríamos era alzar nuestra voz y ser escuchados como estudiantes. Porque mientras estamos aquí viendo clases, Venezuela se está cayendo. Cada vez hay más heridos y más muertos”, enfatiza.
En la plaza La Pastora la acción de grupos colectivos contra un estudiante de Monseñor Castillo, no pasó de amenazas verbales. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, expresó el miércoles su rechazo al amedrentamiento por parte de civiles armados en otro caso que se presentó en un colegio de Catia el lunes.
El jueves 25 cerca de 30 alumnos de varios colegios de Santa Mónica se concentraron al mediodía, a la hora de salida, en la avenida Teresa de la Parra. Trancaron la vía con cauchos y le encendieron fuego. La Policía Nacional Bolivariana retiró los obstáculos pero los estudiantes permanecieron. Algunos se quitaban las franelas del colegio —para evitar ser identificados— y cada dos minutos cerraban la vía, tiempo suficiente para entonar una estrofa del Himno Nacional y gritar consignas: “Y cuál constituyente si aquí lo que queremos es un nuevo presidente”. En las pancartas el mensaje recurrente: “No me quiero ir de mi país”, “Un presidente sin estudio nunca entenderá a los estudiantes”.
Las razones de las protestas que llevan 52 días les son afines. “Vengo a protestar por el derecho a la libertad. A mi hermano lo llevaron preso el miércoles por estar protestando. No lo quieren liberar. No hemos hablado con él. Ni nos han dado señales de vida”, cuenta una joven. Otra cuestiona: “En nuestras casas no hay ni comida. Una pregunta al presidente Maduro ¿estos son los estudiantes que usted quiere? Pues los va a tener en la calle protestando. Defenderemos nuestros derechos”.
Los liceístas tienen un grupo de whatsapp por el cual organizan las convocatorias. “Que no quede ningún colegio sin hacer plantón”, se lee en una imagen enviada. Diversos grupos de liceístas han tomado lugares de Caracas como La Pastora, la avenida Lecuna, Catia. Lo hicieron los colegios Santa Cecilia, Santa Rosalía, Monseñor Castillo de la Pastora, La Presentación de Propatria. El martes otro grupo de Santa Mónica. El miércoles fueron los del Antonio José de Sucre en Catia. En las redes sociales también circulan videos de estudiantes que protestan en el interior del país.
Sancionados por protestar
Tan solo tres días de protesta de estudiantes de bachillerato hizo que el Ministerio de Educación emitiera un comunicado el miércoles 24: “tras el comportamiento de algunas y algunos propietarios y del personal directivo de instituciones educativas privadas”. En el texto se les acusa de permitir, provocar e incitar dentro del plantel y adyacencias “acciones de violencia y el inaceptable desprecio e irrespeto” a los símbolos patrios.
Como consecuencia ordenó iniciar procedimientos disciplinarios, penales, civiles y demás sanciones a propietarios y personal directivo de 15 colegios privados de Caracas, Aragua y Zulia. El comunicado resalta que fueron vulnerados los artículos 78 de la Constitución, el 3, 10 y 11 de la Ley Orgánica de Educación y el 7, 8 y 32 de la Lopnna. Sin embargo, estos no hacen referencia explícita a los símbolos patrios, sino a la lealtad a la patria, la incitación al odio y la violencia y mensajes contrarios a la soberanía nacional. “¿Cuál ha sido la conducta ilícita que han cometido esos centros? ¿Bajo qué ley van a sancionar a esos colegios? Ya el hecho de emitir un comunicado donde se mencione los colegios, indica que hay un juzgamiento”, señala el abogado y coordinador de Cecodap, Carlos Trapani. Agrega: “Las disposiciones transitorias de la Ley de Educación en su numeral 3 y 5 no establece como falta el uso incorrecto de símbolos patrios como falta para iniciar un procedimiento. Ese hecho que se atribuye no da elementos que permita demostrar eso”.
El jueves 25 durante la juramentación del Comando Nacional para la Asamblea Constituyente, el ministro de Educación, Elías Jaua, dijo que a nueve planteles se les abrió el procedimiento: «No le vamos a permitir a nadie, en ningún colegio privado, que se ofenda y que se agravie a la bandera de Bolívar, a la bandera de Miranda, a la bandera de nuestros patriotas”.
“Se habla de traición a la patria. En las áreas de sociales y valores se enseña el significado de los símbolos patrios. Pero son ocurrencias que se le escapan completamente a uno de control”, asevera el director de la institución, Teófilo Morales. “Hay que aclarar que los muchachos al salir de sus casas en la mañana se fueron a protestar. Al rato llegaron a sus actividades normales. Vinieron también al colegio los supervisores y levantaron un acta de lo sucedido”, manifiesta Morales. El director fue al Ministerio de Educación para informarse y consignar el relato de lo que ocurrió. Hasta el momento no han recibido notificación de la sanción por escrito pero les dijeron que debían hacer una reunión con padres, representantes y estudiantes que protestaron y hacer un trabajo de orientación sobre los valores y los símbolos patrios.
El colegio Santa Cecilia tampoco ha recibido las sanciones del ministerio, aseguró la directora Josefina Scott: “Lo que las niñas hagan de la puerta para afuera es responsabilidad de los padres”. En la entrada de la institución está pegado un documento firmado y sellado por la dirección que señala que está prohibido realizar manifestaciones estudiantiles con fines políticos.
Esa institución fue supervisada el martes. “Nos dijeron que la manera en que podíamos manifestar era con la constituyente, la campaña de amor y la Organización Bolivariana Estudiantil”, relata una de las estudiantes. La joven cuenta que la supervisora 304 les pidió que firmaran un acta de lo sucedido en la avenida Lecuna y ellas se negaron: “Quisieron amedrentar diciendo que podían cerrar la institución”. Un grupo de alumnas redactó a mano una carta de seis páginas con el relato de lo sucedido que entregaron a la directora del centro educativo.
Un derecho quebrantado
El 5 de febrero, una joven de 16 años del Liceo Benito Canónico de Guarenas, durante el programa dominical de Maduro, denunció ante las cámaras las fallas que presentaba la institución, entre esas, el cierre del comedor, por lo que manifestó que muchos de sus compañeros se desmayaban del hambre. Maduro los alentó para que protestaran: “No se pueden quedar en la solicitud. Ustedes se tienen que movilizar, ir a la calle. Que se sienta su palabra y conquistar su derecho en la batalla”. Así reivindicó el primer mandatario el derecho a la manifestación de los estudiantes, que ahora pretende castigar con sanciones.
Para Trapani con las medidas del ministerio, la represión de las manifestaciones e incluso el ataque con bombas lacrimógenas a instituciones educativas se está criminalizando la protesta que es un derecho no solo garantizado por la Constitución. El artículo 67 de la Lopnna establece el derecho a la libertad de expresión, el 81 el derecho a participar en la vida comunitaria y social y el 82 el derecho a la reunión pública con fines lícitos y sin necesidad de permiso de las autoridades públicas, este último en consonancia con el 83 donde se fija el derecho a la manifestación pacífica.
“Pareciera que ese derecho es válido mientras no sea contrario a políticas oficiales o iniciativas gubernamentales. Cuando no es así, se amenaza a los centros educativos. Es una intimidación, contraria a cualquier lógica de participación. Las manifestaciones se tienen que hacer con libertad y sin miedo. Sancionar, evidentemente compromete ese derecho”, sostiene.
La presidenta de Fenasopadres, Nancy Hernández, señaló que el ministro Jaua pretende utilizar medidas de retaliación y represivas ante el derecho legítimo a manifestar. “Emplazamos a que con pruebas digan dónde aparece la bandera izada incorrectamente”, sostuvo.
Asistencia obligatoria
El Ministerio de Educación también vigila de cerca el diario de asistencia de los docentes y alumnos en medio de este escenario de protestas y movilizaciones. Una profesora de un liceo público ubicado en Valle Abajo señala que han sostenido reuniones con la directiva y supervisores de la Zona Educativa en donde les indican que “tienen que dar clases a los alumnos así esté uno”. Y cuando faltan tienen que presentar una exposición de motivos para sustentarla: “Uno se la entrega al directivo y ellos la envían a la zona educativa. Dicen que no debemos faltar por nada. Los supervisores pueden venir en la mañana o en la tarde pero que van a ir todos los días, es como una amenaza”, resalta.
Cuando acudieron los supervisores —que son dos— solicitaron al director del plantel el diario donde los docentes firman su asistencia. En este cuaderno está el listado diario de su hora de entrada y salida. “Averiguan a través del diario quién fue y quién no, porque el directivo entrega el reporte a los que vienen de la Zona Educativa. Yo he dicho que a veces no puedo salir porque vivo fuera de Caracas y trancan la vía con barricadas. Según ellos averiguan si ese día pasó eso de verdad”.
En otro colegio privado también de la zona, un docente cuenta que hay niños que han dejado de ir a clases. “La maestra manda las actividades por Whatsapp o por correo para que las hagan en casa. Se evalúan de esa forma”.
Son varios los colegios afectados durante los días de marchas ante la represión de los cuerpos de seguridad. En el colegio San Pedro, el San José de Tarbes y otras instituciones ubicadas en El Paraíso, las bombas lacrimógenas han caído en los planteles, lo que incidió en el aumento del ausentismo escolar.
El secretario de educación de Miranda, Juan Maragall, asevera que no solamente la confrontación política que inició en abril ha hecho que los niños dejen de ir a clases, por lo menos en su entidad. “Finalizamos la semana pasada un censo escolar que se realizó en marzo donde verificamos la pérdida de matrícula en la escuela: 8% en educación básica y en bachillerato 10 % de abandono este año escolar. Tiene que ver con costo de transporte, situaciones de violencia, la falta de profesores especialistas en las escuelas, más que con la protesta. La perdida de estudiantes puede llegar a 14% entre primer y tercer año de bachillerato. Podemos tener en la calle a más de 500.000 estudiantes”. La directora de la Zona Educativa de los municipios Chacao, Baruta, El Hatillo y Sucre, Beatriz Cortés, señaló a El Nacional que a algunos de los colegios mencionados en la lista que publicó el ministerio se le aplicarán las sanciones porque el irrespeto a los símbolos patrios fue “público y notorio”, pero que hay otros casos donde aún se están investigando irregularidades asociadas a la incitación de la violencia.
Explicó que desde este despacho, en articulación con el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, están haciendo un llamado ético y moral a los directores de las unidades educativas del país, recordándoles su responsabilidad en la custodia de los estudiantes durante la jornada escolar. Cortés añadió que también están trabajando con los padres: “algunos están aterrorizados y no quieren que los muchachos se acerquen más a la escuela y eso tampoco es la solución”, dijo.
La funcionaria constató que supervisores del ministerio, junto a representantes de los consejos de protección de NNA, evalúan las condiciones. “Son los encargados de determinar con los directores cuándo puede haber una situación en el que se vean afectados los muchachos. En las zonas críticas llamamos y les pedimos que nos informen cómo han visto las cosas. Si hay algún riesgo permitimos la suspensión de actividades”, expresó. Añadió que hay planteles, como por ejemplo algunos ubicados en Baruta y El Hatillo, donde la suspensión de clases está sujeta a la paralización del transporte público. El cierre de las estaciones del Metro cuando hay planificadas concentraciones opositoras contribuye al ausentismo tanto escolar como laboral.
Cortés indicó que hay un plan de contingencia para las evaluaciones y la asistencia de los niños y jóvenes a las aulas en este escenario de conflicto: “En los planes de contingencia están contempladas todas las vías de comunicación con los estudiantes, sin embargo no queremos que lo tomen alegremente y después los docentes manden todas las clases a través de las redes y traten de sustituir el trabajo presencial”. Por tanto las inasistencias de los muchachos no serán tomadas en cuenta y dijo que “gran parte del procesamiento del material se ha llevado a cabo con éxito. Esperamos trabajar mucho el área de valores, que se converse con los estudiantes sobre actividades colectivas y de tranquilidad, para que baje un poco la violencia”.