Docentes de la educación inicial y primaria se declararon en emergencia ayer debido a la crisis económica y social que afecta el comienzo del período escolar 2018-2019 en todo el país. Las organizaciones sindicales del magisterio venezolano que están agrupadas en la Federación Nacional de Profesionales, denunciaron que el regreso a las aulas está caracterizado por la falta de mejoras en las escuelas, la carencia de comida, la acelerada migración de docentes y estudiantes, y la violación de los derechos laborales.
Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros, informó que el gobierno violó el contrato colectivo y los derechos consagrados en la Constitución, cuando el Ministerio de Educación estableció los salarios de los docentes de manera unilateral, y desconoció así los acuerdos que se rigen por leyes laborales y han sido suscritos por el ente educativo.
Declaró que los gremios no impidieron el comienzo del lapso escolar para que el Ejecutivo afronte las consecuencias de su inacción: “Los salones de las escuelas no fueron mejorados, las aulas no están en condiciones para recibir a los alumnos. Además, los docentes no podrán asistir por la falta de transporte público y por el incremento del pasaje”, añadió.
La remuneración de un educador quedó establecida en 1.800 bolívares soberanos, es decir, un salario mínimo. Debido a la hiperinflación en el país, con ese sueldo un docente no cubre la cesta básica alimentaria, ni puede asumir los gastos de sus hijos, pues lo que gana está por debajo del precio de los útiles en este comienzo de actividades. “Los uniformes y bolsos prometidos por el presidente no han llegado a ninguna escuela del país, y tampoco sabemos cuántos profesores regresarán a sus aulas debido al salario que se les ofrece. No permitiremos que el año escolar siga de manera normal”, indicó Alzuru.
El sindicato de los magistrados pone a disposición el diálogo abierto pero exige que el ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, defienda el contrato cuyos principios están establecidos en la Constitución; además, solicita al funcionario que ofrezca soluciones que favorezcan al docente y contribuyan con las escuelas del país. “El llamado es a todos los planteles del gobierno a una lucha unitaria y organizada para exigir el cumplimiento del contrato colectivo” subrayó.
El director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, Oscar Meza, indicó que para cubrir la canasta alimentaria familiar en el mes de agosto fue preciso contar con 11,6 salarios mínimos de los nuevos, y debido a que existe una inflación diaria de 2,7% como consecuencia de la hiperinflación que atraviesa el país, actualmente un empleado necesitaría 6,5 salarios mínimos diarios para poder cubrir esa canasta.
Los docentes no podemos esperar hasta la próxima quincena; llamamos a que el presidente reflexione y que no se olvide de que una vez fue el mejor contrato colectivo que firmó”
Orlando Alzuru
Presidente de la FVM
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