Grupos subversivos que operan en los límites de los estados Táchira, Barinas y Apure, les cobran a los productores de ganado de carne con 10% de lo que movilicen para luego sacrificarlo en botalones o mataderos clandestinos.
Hasta hace poco las gobernaciones de Barinas y Apure restringían la movilización de ganado a otros estados para obtener beneficio en sus territorios gracias a la distribución en su entidad.
La medida era tomada conforme al plan piloto gubernamental ensayado durante algunos meses en los estados productores de carne y que fue descartado hasta la emisión en la Gaceta Oficial N°41.526, una resolución conjunta que prohibía esas restricciones.
“Si usted mueve 10 toros, debe entregarles dos. Esos animales los llevan a los botalones donde no hay ninguna medida sanitaria, los matan y sacan la carne a la venta. Algunos la venden al mismo precio que en la mayoría de los mercados y en otros un poco más caro”, comentó un productor de Apure que exigió no ser identificado.
Laidy Gómez, gobernadora de Táchira, señaló que extraoficialmente conoció que de los 21 mataderos que ocupará el gobierno, de acuerdo con el anuncio hecho por el vicepresidente del área económica Tareck El Aissami, tres estarían en la entidad tachirense.
“El gobierno no tiene una estrategia real para permitir que la producción llegue al consumidor final. Esta medida lo que puede generar es que, en efecto contrario, disminuya la producción, y al mermar la producción escaseará el producto”, dijo Gómez, quien advirtió que la comercialización de la carne no se maneja bajo criterios reales al atender la cadena de costos, pasará como ocurrió con la leche en polvo.
“Llegará un momento en que no habrá carne en ningún lado. Una ocupación (de mataderos) no va a resolver el problema de la producción nacional”, agregó.
Edgar Medina, vicepresidente de la Asociación de Ganaderos del Táchira y miembro del directorio de Fedenaga, indicó que sabía a lo que iba el gobierno con la intervención de los mataderos.
“El gobierno confunde los conceptos de intervención, expropiación y ocupación con quitarle la propiedad a una empresa o persona natural. La intervención de mataderos no es más que una expropiación ilegitima, una violación al derecho de propiedad y trabajo. Esto trae como consecuencia menos carne, menos producción, menos abastecimiento de las carnicerías”, dijo Medina.
Señaló que no tiene duda de que surjan botalones clandestinos para el sacrificio de reses en condiciones insalubres.
De acuerdo con las cifras aportadas por algunos productores, entre Táchira y Barinas habría unos 100 mataderos clandestinos.
La gobernadora Gómez indicó que han denunciado salas de matanza en espacios fronterizos y hasta el momento desconocen qué procedimientos se han hecho al respecto.