El gobierno de facto en Venezuela cercena de diversas maneras el derecho a la manifestación pacífica e intenta silenciar y criminalizar las voces que documentan y denuncian la emergencia humanitaria compleja. Ante la visita de una Comisión de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas al país, funcionarios policiales, miliares y colectivos armados intensificaron los ataques contra estudiantes y profesores universitarios, profesionales de la salud, miembros de la sociedad civil, ONG y gremios que exigen sus derechos en los centros hospitalarios.
Entre febrero y marzo de 2019 se registraron al menos cinco ataques contra miembros de la comunidad universitaria en Caracas, Lara y Carabobo. El 25 de febrero autoridades del Hospital Militar de Barquisimeto expulsaron a Agustín Godoy, estudiante de Medicina de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, como represalia por prestar primeros auxilios en la ciudad fronteriza de Cúcuta el pasado 23 de febrero, fecha prevista para el ingreso de la ayuda humanitaria. El joven asistió a sus pasantías médicas en el Hospital Militar como cualquier otro día; sin embargo, fue detenido durante dos horas e incomunicado, mientras funcionarios de seguridad le realizaron un interrogatorio, antes de ser expulsado. Godoy estudia el último año de su carrera y estaba a pocos días de culminar sus pasantías. Fueron agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar que detuvieron momentáneamente al estudiante en el Departamento de Seguridad del centro asistencial.
El 8 de marzo fue despedido y golpeado Neomar Balza, médico traumatólogo y estudiante de posgrado de Cirugía de la mano, por denunciar la escasez de insumos y medicinas en el hospital Pérez Carreño, en Caracas. Balza recibió golpes en todo el cuerpo y presentó heridas en codos, rostro y piernas.
Los ataques aumentaron con el paso de los días y el 14 de marzo Marlon Díaz, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo, denunció que colectivos intentaron ahorcarlo en el Hospital Central de Valencia y agredieron al grupo con el que estaba integrado por estudiantes, médicos, diputados, pacientes y representantes de la sociedad civil, para impedir que accedieran a los miembros de la comisión de Derechos Humanos de la ONU que visitaban el lugar.
Ronnie Villasmil, profesor en la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad de Carabobo e integrante de Médicos por la Salud, fue otro de los que alzó la voz ante la persecución y criminalización que ejercen en su contra las autoridades del Estado.
El 15 de marzo, Villasmil escribió en Twitter que en horas de la noche más de 20 funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas allanaron su vivienda con la intención de privarlo de libertad por mostrar a la comisión de la ONU la situación precaria en la que se encuentran los hospitales de Carabobo. El profesor responsabilizó al gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, y a Nicolás Maduro de lo que pueda pasarle a él y a su familia. “Los funcionarios dejaron en mi casa una citación. He tenido que huir como un delincuente. Mi madre llora y el único responsable son los usurpadores y sus cómplices. Pedir respeto y dignidad para mis pacientes es humanidad, no es un delito”, afirmó.
Solo un día después, en un contexto similar y con patrones que se repiten sistemáticamente, una médico y Jesús Querales, estudiante de Medicina en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado fueron detenidos por funcionarios del Cicpc en el Hospital Central de Barquisimeto. El joven fue capturado mientras tomaba fotografías. Ambos permanecieron detenidos alrededor de 30 minutos.
La detención arbitraria ocurrió mientras un grupo de personas manifestaba pacíficamente desde horas de la mañana, en rechazo al acondicionamiento exprés de los centros de salud ante la visita de la Comisión de la ONU, en reclamo a la escasez de medicamentos para pacientes crónicos y para denunciar la emergencia humanitaria compleja en la que está inmersa la nación. Funcionarios policiales y de la Guardia Nacional Bolivariana impidieron el acceso de familiares y manifestantes al Hospital.
Estado venezolano criminaliza a universitarios que protestan en los hospitales
Desde hace más de dos años organizaciones de la sociedad civil como Aula Abierta han denunciado la criminalización de la protesta en hospitales y con ella la grave amenaza que se cierne sobre aquellos docentes, estudiantes de pre y posgrado que se dedican a la profesión de la medicina en los hospitales del sistema de salud pública.
El 7 de abril del 2017 en el Hospital Universitario de Maracaibo, en medio de un tiroteo entre delincuentes, generado dentro del recinto hospitalario, resultó gravemente herida Katherin Sandrea, médico de guardia, residente del segundo año de pediatría, quien se encontraba cumpliendo con sus funciones dentro del hospital.
El 8 de abril de 2017 el personal residente del servicio de medicina interna del Hospital General del Sur publicó en un cartel la delicada situación por la que atraviesa ese centro hospitalario y les explicaron a los familiares de las personas enfermas acerca del déficit de insumos médicos necesarios para atender a los pacientes. Como represalia a su acción, recibieron amenazas y les impidieron dar a conocer información de interés para las personas que recibe asistencia médica, cuando el verdadero interés de los galenos de guardia era justificar sus actuaciones, conforme al mandamiento que los insta como médico, a desempeñar sus funciones, según los principios éticos y deontológicos.
Un patrón que se repite
La criminalización de la protesta en los centros hospitalarios de las distintas regiones del país, donde universitarios y personal de la salud en general son víctimas de ataques y represalias por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y directivos del hospital, al momento de visibilizar la grave crisis existente dentro de las entidades de salud en Venezuela, afectan directamente el proceso formativo de profesionales del área de salud que cursan estudios.
El 29 de junio de 2017, en el marco de la visita de una comisión de la Organización Panamericana de Salud, un grupo de médicos estudiantes de posgrado del Hospital Universitario de Maracaibo protestaron dentro del hospital por la falta de insumos y las condiciones críticas de la institución. Al tratar de interactuar con los miembros de la OPS, los directivos de la entidad hospitalaria les ordenaron su salida de las instalaciones del recinto bajo la amenaza de tomar acciones disciplinarias en su contra.
La arremetida continuó y el 10 de mayo de 2018 civiles armados irrumpieron en el Hospital José María Vargas ubicado en Caracas, con la finalidad de evitar que los médicos y enfermeras protestaran por la crisis y el desabastecimiento que se padece en esta institución. Simultáneamente, un grupo de motorizados llegó a la Maternidad Concepción Palacios, al oeste de la ciudad de Caracas, arremetiendo contra los médicos que protestaban en la calle y entregaban panfletos.
El 14 de mayo de 2018, efectivos del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia reprimieron una protesta contra la falta de insumos médicos y criticas condiciones hospitalarias realizada por familiares y demás miembros del equipo de salud del Hospital Adolfo Pons ubicado en Maracaibo. Los funcionarios detuvieron arbitrariamente a Sergio Fuenmayor y Williams Ferrer, dos médicos estudiantes de posgrado de Medicina de la Universidad del Zulia y dos trabajadores de la referida entidad de salud.
Diego Zerpa y Wolman Granado, médicos estudiantes de postgrado en la Ciudad Hospitalaria, Doctor Enrique Tejera, estado Carabobo, fueron detenidos arbitrariamente el 1 de junio por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y presentados ante un tribunal en el referido estado bajo el cargo de hurto de material médico quirúrgico, por cargar entre sus pertenencias insumos médicos que fueron comprados con dinero de su propio peculio, como respuesta ante la crisis de escasez de insumos en el CHET y con la finalidad de poder atender a los pacientes.
El 5 de junio de 2018, funcionarios del Cicpc ingresaron al Hospital Universitario de Caracas, agrediendo de manera física y verbal al personal docente que se encontraba dictando clases de pasantías hospitalarias y a los estudiantes de postgrado. Durante la irrupción al recinto hospitalario fue detenido de forma arbitraria e ilegal el enfermero Alfonzo Román.
En la misma fecha, en la región andina, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana detuvieron al doctor Marcos Méndez, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes y al director de la Corporación de Salud del estado Mérida, José María De Oliveira, quienes cumplían funciones propias de su cargo al trasladar medicamentos de un centro de salud a otro, catalogado por la PNB como “contrabando de medicamentos”.
Universitarios sin protección
Ya en su momento el Consejo Nacional de Directores y Coordinadores de Postgrados de las Facultades de Medicina y Ciencias de la Salud emitió un comunicado denunciando la violación de los derechos procesales y de la presunción de inocencia, en el marco de la privación de libertad de 3 estudiantes de postgrado de segundo y tercer año del Hospital Central de Maracay del programa de obstetricia y ginecología.
Los atropellos no han cesado desde que Maduro se aferró al poder. En esa tónica, el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela denunció y rechazó el 30 de enero de 2019 la pretensión del Ejecutivo Nacional de excluir arbitrariamente de las actividades académicas y asistenciales que cumple la Facultad de Medicina de la UCV en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas. La arbitrariedad lesiona el derecho a la educación de los estudiantes de la carrera de Medicina en la UCV y el derecho a la salud de la población venezolana que acude a ese Centro Asistencial.
Las situaciones expuestas constituyen una violación a la libertad académica, la libertad de expresión y el derecho a la manifestación, reflejando un patrón del Estado venezolano dirigido a criminalizar la protesta realizada por los universitarios y personal médico en general, quienes buscan visibilizar la inacción por parte del Estado para atender la emergencia humanitaria compleja que aqueja la nación en la actualidad.