La crisis nutricional que afecta a las familias venezolanas persiste: según el último informe de la ONG Cáritas, basado en su monitoreo en 42 parroquias de 7 estados del país, la desnutrición aguda afecta a 16,2% de los niños menores de 5 años, sobrepasando las líneas de alerta. En el Hospital de Niños J. M. de los Ríos advierten un incremento de los casos de desnutrición grave, la punta del iceberg de lo que puede ocurrir para el resto de la población. Un informe preparado por 25 investigadores para la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales radiografía las causas de la inseguridad alimentaria que se ha instalado en Venezuela y señala que sin un cambio de políticas económicas no se podrá enderezar el rumbo que hoy deteriora la salud de buena parte de la población y compromete la vida de los más vulnerables
Arianne Rodil tiene 20 años de edad, aunque aparenta mucho menos. Podría pasar por una más de las pacientes que acuden al Hospital de Niños J. M. de los Ríos, pero en realidad está allí porque su hija más pequeña, de 10 meses de nacida, fue hospitalizada por un cuadro de desnutrición grave. Los síntomas que hicieron que tuviera que trasladarla desde Ocumare del Tuy al centro de referencia de San Bernardino fueron decaimiento, palidez extrema y una señal casi inequívoca del edema o hinchazón que acompaña este tipo de casos: los pies de la niña se inflaron como dos pequeños globos.
Una vez que se le practicaron los exámenes, las sospechas se confirmaron: la hemoglobina de la bebé estaba tan baja, que fue necesario transfundirle sangre e internarla hasta que muestre signos de recuperación. Para Arianne, permanecer en Caracas significa que tiene que dejar a cargo de su hermana a su otra hija, de cuatro años de edad, cuyo padre emigró a Colombia hace dos semanas. De manera sencilla explica lo que ocurrió para que llegara a la emergencia hospitalaria: “Un día tengo para darle desayuno, almuerzo y cena, pero otro día no”.
Cuadros de desnutrición grave, como el que afectan a la pequeña hija de Arianne se han hecho cada vez más frecuentes en los últimos dos años en el J. M. de los Ríos, explica la pediatra y especialista en el área Ingrid Soto de Sanabria, jefa del servicio de Nutrición, Crecimiento y Desarrollo de ese hospital. “El desnutrido grave hospitalario es la punta del iceberg de lo que pudiera estar ocurriendo en las comunidades”, advierte.
La crisis ha golpeado los bolsillos de los venezolanos hasta el punto de que la canasta alimentaria familiar se situó en más de 100 millones de bolívares en abril, un aumento de 92,5% con respecto al mes anterior, de acuerdo con cálculos del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación de Maestros de Venezuela. En tanto, la hiperinflación se considera un fenómeno instalado en el país desde noviembre, cuando la Asamblea Nacional calculó la inflación en 56,7%. En esa situación, las cifras del centro asistencial hablan por sí mismas de cómo la debacle se ensaña con los más vulnerables. En 2015 vieron apenas 2 casos de desnutridos con edema; en 2016 la cifra aumentó a 29, y en 2017 a 32.
“Estas formas de desnutrición edematosas generalmente se asocian con crisis alimentarias derivadas de catástrofes o de guerras, por ejemplo”, apunta Soto. “En nuestro caso, definitivamente están ligadas con la escasez y con la inflación”. Sale al paso de quienes podrían desmerecer la importancia de esas cifras, porque provienen de un centro asistencial especializado en atender cuadros graves. “Es importante ver las tendencias: si antes no tenías casos como estos y ahora se han duplicado o triplicado, obviamente se trata de una señal de algo más grave”. La situación es aún más preocupante porque 60% de los casos que tratan son lactantes, “y está comprometido no solo el crecimiento sino también su potencial intelectual futuro”.
Emergencia en auge
El empeoramiento de la situación alimentaria ha sido advertido también por el Sistema de Alerta, Monitoreo y Atención en Nutrición y Salud implementado por la organización no gubernamental Cáritas en 42 parroquias de Distrito Capital, Vargas, Miranda, Zulia, Lara, Carabobo y Bolívar. El más reciente de sus informes, que se difundió esta semana y corresponde al período entre septiembre y diciembre de 2017, confirma el incremento del número de casos de niños menores de cinco años con desnutrición aguda, que alcanzó 16,2% a finales del año pasado, un aumento de cinco puntos porcentuales con respecto a diciembre de 2016 y sobrepasando la línea que se considera de emergencia alimentaria, que sitúa el porcentaje límite en 15% de este tipo de desnutrición en esa población.
Entre los hogares que forman parte del estudio de Cáritas, más de 70% reportaron deterioro de la alimentación, tuvieron que privarse de alimentos de alguna forma y cambiaron su forma habitual de comprar comida; 4 de cada 10 han tenido que desincorporar a algún miembro de la familia del hogar para poder afrontar la situación.
La experta en nutrición y en asistencia humanitaria Susana Raffalli, coordinadora técnica del monitoreo Samán, recalca que el país está sumergido en una emergencia nutricional, “con tres factores agravantes sumamente críticos: la crisis de salud, con un aumento descontrolado de enfermedades infecciosas que incrementan en 200% el riesgo de morir por desnutrición; la escasez de agua, de combustible y, algo inédito en este tipo de situaciones, de efectivo, que impide comprar; además de un aumento exacerbado de la movilidad humana, que causa el fenómeno de los niños dejados atrás, a quienes les falta el componente básico del cuidado familiar”.
La Encuesta de Condiciones de Vida de la Población Venezolana de 2017, adelantada por las universidades Central de Venezuela, Católica Andrés Bello, Simón Bolívar y otras organizaciones, ofreció resultados consistentes con esas apreciaciones: 80% de los hogares presentó inseguridad alimentaria, 89,4% de los encuestados consideró que sus ingresos no alcanzaban para comprar comida, 70,8% admitió que había comido menos porque no había suficientes alimentos en el hogar y 78,6% porque no había suficientes productos en el mercado que pudiera comprar.
Radiografía de la crisis
Hace apenas tres años la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación premiaba al gobierno de Nicolás Maduro por haber completado el “Reto del hambre cero”, desoyendo las advertencias de ONG e instituciones académicas para las que ya era evidente el deterioro de las condiciones nutricionales de la población, visible en la escasez de productos de primera necesidad y en las interminables colas frente a supermercados que se habían instalado como parte del paisaje en todo el país.
En 2017, finalmente, la FAO enmendó la plana al reconocer que en Venezuela, justo entre 2014 y 2016, había ocurrido un aumento de 1,3 millones de personas subalimentadas, término que incluye a quienes “no cuentan con los alimentos necesarios para cubrir sus requerimientos energéticos diarios”.
Sin embargo, las causas del declive alimentario que se hace patente en los pasillos del hospital de niños, en las mediciones de Cáritas y en los hogares venezolanos no se instalaron de la noche a la mañana, aunque su efecto devastador haya podido asemejarse a un tsunami que dejó anaqueles vacíos y precios en feroz escalada en los últimos seis años. Una radiografía detallada de lo ocurrido puede encontrarse en el capítulo con el que la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela contribuyó al libro Seguridad Alimentaria y Nutricional. Desafíos para las Américas, preparado por la Red Americana de Academias de Ciencias. El título del informe, en el que participaron 25 investigadores de universidades nacionales y centros científicos, es en sí mismo una conclusión: “Secuestro agroalimentario de un país: visión y compromiso”. El análisis se pasea por las aristas de un problema complejo cuya última expresión son los platos vacíos en las casas.
Por definición, “hay seguridad alimentaria y nutricional cuando las personas logran tener en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos nutritivos e inocuos que satisfagan sus necesidades y preferencias de alimentos, para una vida activa y sana”, recuerda Marisol Tapia, del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Central de Venezuela. Lainvestigadora coordinó el equipo que afrontó el desafío de construir ese diagnóstico, en un período caracterizado “por estadísticas oficiales desactualizadas, de poca accesibilidad y confiabilidad o inexistentes, informes oficiales con carácter preliminar y, en ocasiones, con cifras no coincidentes”, como indica el texto.
El informe fue entregado en mayo de 2017; y aunque el panorama ya resultaba desolador, “la situación empeoró aceleradamente desde el año pasado”, advierte Tapia. Las condiciones del país que debían considerarse al describir la seguridad alimentaria que reseña el informe persisten, entre ellas las dificultades para el acceso a los alimentos, aun los de productos básicos regulados, no solo por la escasez sino también porque los productos de la canasta básica se cotizan en cifras que superan hasta en 1.000% los precios regulados. A eso se añade el control estatal “de la importación, distribución y venta de alimentos subsidiados con debilitamiento de lugares habituales de compra y la consolidación de un mercado negro y contrabando de alimentos”.
Sobre el patrón de alimentación del venezolano, el documento señala que 93,9% de las personas no cubre los requerimientos nutricionales: para 2017, la ingesta calórica de las mujeres se situaba en 1.791,1 kilocalorías por día, y la de los hombres en 2.059 kilocalorías por día, cuando el mínimo debería ser de 2.700 kilocalorías por día, de acuerdo con la FAO. A esto se añade que la dieta es monótona y no saludable. La última Encovi dejaba ver su agravamiento, pues el menú diario de la mayoría de las familias se centra en arroz, maíz, harina de trigo y tubérculos. “La variedad que todavía en 2016 daban las hortalizas se redujo de manera significativa en 2017”, alerta la investigación.
Señala además que las fuentes de hierro y otros micronutrientes se han reducido por la desaparición de vegetales y frutas de la mesa venezolana, y por la disminución del aporte a la dieta de la harina de maíz, la mayoría importada y sin enriquecer como exigen las leyes nacionales desde los años noventa. La inaccesibilidad a la carne, al pollo, al huevo y a otras proteínas “de alto valor biológico” también ha dejado huellas indeseables.
La construcción del hambre
La disección de las políticas agroalimentarias que puede verse en el informe preparado por los investigadores venezolanos para la red de academias, responde muchas de las interrogantes acerca de cómo se fue destejiendo la red de la aparente bonanza calórica de la que supuestamente gozaban los venezolanos. Alejandro Gutiérrez, de la Universidad de los Andes, lo resumió en el simposio celebrado en el Palacio de las Academias para presentar los resultados: “Se trata de un déficit que ha sido causado por la acción humana”.
El texto lo explica: “La agroindustria ha experimentado situaciones muy críticas por la incertidumbre política, dificultad en el acceso a divisas e incumplimiento con proveedores y pagos en divisas, control de precios, dificultad en acceso a maquinarias y repuestos, fallas de electricidad, conflictos laborales, rupturas en las cadenas agroalimentarias (intensa intervención del gobierno sobre los precios, divisas, sistemas de transporte y distribución)”.
El valor bruto de la producción agrícola por habitante cayó en forma constante desde 2011, de acuerdo con cálculos basados en estadísticas del Ministerio de Agricultura y Tierras y del Instituto Nacional de Estadísticas. El fin de la bonanza petrolera de la que disfrutó el país también se tradujo en una reducción de las importaciones que servían de compensación a la disminución de la producción nacional de alimentos. Entre 2012 y 2016 la disminución fue de 66,5%.
El informe señala que para enderezar el rumbo alimentario del país es necesario aumentar la producción nacional. “Se requiere un cambio radical en las políticas económicas generales y agroalimentarias, reducir las importaciones y estimular la exportación de rubros particulares, sin depender de subsidios regresivos que se paguen a costa de la mayoría”.
El documento también se detiene en los planes implementados por el gobierno, incluida la militarización de la cadena de distribución de alimentos -que ha tenido una de sus máximas expresiones en la Gran Misión de Abastecimiento Soberano- para señalar que no han servido para compensar el déficit. La distribución de las bolsas de comida de los CLAP, además de haber sido cuestionada enteramente, tanto por su desbalance nutricional como por su vinculación ideologizante, es fallida porque “se trata de un subsidio universal que no está dirigido a la población más vulnerable, como es necesario para todo programa asistencial”, señala Tapia. Los bonos que han sido distribuidos masivamente por el Ejecutivo presentan el mismo problema, aunque una transferencia de efectivo también podría ser un programa de ayuda útil, añade.
Arianne Rodil es una muestra de cómo fallan los programas. Haber sido madre adolescente le impidió continuar los estudios y ahora trabaja como buhonera, de 7:00 am a 5:00 pm todos los días, labor que ha tenido que interrumpir mientras dan de alta a su bebé. Aunque agradece el apoyo que recibe del personal hospitalario, se siente agobiada por el alto costo de los exámenes médicos y de los tratamientos. “Me siento sola”, confiesa. No recibe ninguna de las ayudas sociales que el gobierno tanto publicita: ni las bolsas de los CLAP ni los bonos.
Las condiciones que hablan del riesgo de una hambruna
En la actual emergencia alimentaria, el uso de la palabra hambruna ha sido motivo de no pocas controversias. Su sola mención ha traído críticas de quienes procuran trazar una línea entre las condiciones que actualmente afronta la población venezolana y este tipo de procesos, que se definen como una “carencia grave de alimentos, que casi siempre afecta un área geográfica grande o un grupo significativo de personas” y cuya consecuencia “es la muerte por inanición de la población afectada, precedida por una grave desnutrición o malnutrición” , como señala el libroNutrición humana en el mundo en desarrollo, publicado por la FAO.
Su autor, Michael C. Latham, experto en nutrición internacional y salud tropical de la Universidad de Cornell, ya fallecido, advertía en ese texto que se trataba de una condición vinculada íntimamente con las carencias que sufrían los refugiados.
En un contexto de movilización masiva de la población venezolana, que la Organización Internacional de Migraciones ha cifrado en 900.000 personas entre 2015 y 2017, y en medio del deterioro del acceso a la alimentación, algunas de las variables que caracterizan una hambruna comienzan a cumplirse. De los 10 criterios con que el Sistema Internacional de Clasificación de Fases de Crisis Alimentaria describe una hambruna, en el caso venezolano se cumplen 5, señala la experta en acción humanitaria Susana Raffalli: las personas sufren del colapso de capacidades y activos para afrontar la supervivencia mínima; el costo de la alimentación supera el 70% de los gastos familiares totales; en algunos hogares se recibe menos de 4 litros de agua segura por persona por día, hay déficit de combustibles para cocinar y ocurre una migración atípica permanente. “Aunque, sobre todo desde diciembre para acá, ha producido una especie de gran estampida humana, que podría verse como uno de los rasgos de hambruna, hay otros elementos que no se cumplen, como los índices de desnutrición aguda, que en casos como esos superan el 30% de la población de niños menores de cinco años”, aplica.
Por otra parte, la experta apunta que existen varias condiciones que podrían estar incidiendo en una mejora de la situación alimentaria desde diciembre pasado. Una es estacional: durante la temporada seca disminuyen las enfermedades diarreicas y las infecciones que afectan a los niños más pequeños y que tienen incidencia directa en los cuadros de desnutrición. Otra es el efecto del envío de remesas, que alivia la situación de los más pobres. También se ha producido un aumento de la cobertura de las cajas CLAP y de las transferencias de efectivo mediante bonos decretados por el gobierno. Sin embargo, teme que se trate de un efecto de la “fiesta electoral” y que al término de esta puede haber un retroceso aún peor.
Uno de los grandes temores de Raffalli es que se instale en el país lo que denomina una emergencia prolongada, que sufren países que se mantienen en márgenes de precariedad crónicos, pero no llegan a colapsar, en parte gracias a las remesas que envía la diáspora. “Estamos tocando ese punto muerto que puede ser muy peligroso, porque ya sobrepasamos el límite en que la migración forzada es un indicador de emergencia humanitaria y se convierte más bien en una forma de amortiguarla”.