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Educadores de Vargas protestaron por los bajos salarios

por El Nacional El Nacional

Docentes, obreros y personal administrativo que trabajan para la Gobernación de Vargas se concentraron por más de cuatro horas a las puertas de la Casa Guipuzcoana, sede del ejecutivo regional, para demandar la homologación y expresar su rechazo a los bajos salarios que reciben.

Los sindicatos Sitra, Sinafum, Sinvema, Sinditev, Sutie y Uspapev convocaron la protesta ante la negativa del gobernador, Jorge Luis García Carneiro, de suscribir el contrato único de los trabajadores del Ministerio de Educación.

Teodosa Rea, secretaria general del sindicato Sutie, que agrupa a los obreros dependientes del Ministerio de Educación y de la gobernación, expresó que tienen casi cinco años esperando la contratación colectiva: “La tenemos consignada en la Inspectoríadel Trabajo y enviamos oficios, pero desde la gobernación no consignan el estudio socioeconómico y no se puede discutir contrato”. Afirmó que ahora reclaman la homologación.

La dirigente sindical aseguró que “hay personal contratado con 8 a 10 años de servicio, al que violan todos sus derechos; y suplentes hasta con 10 años poniéndose viejos en las instituciones, que no ganan ni el salario mínimo”.

Raúl Yemiñami, secretario general de Sitravargas, dijo que personal del despacho del gobernador les informó que no le sería posible atenderlos; sin embargo, su esposa, Yolanda de García, los recibió una hora después y señaló que se estaban tramitandolos recursos ante la Onapre, para cumplir con la homologación del personal. Este jueves continuarán las reuniones.

Sergio Álvarez, secretario general de Sinafun, por su parte, solicitó a García Carneiro “que no se esconda”: “Somos seis sindicatos que agrupan a docentes, personal administrativo y obrero exigiendo justas reivindicaciones. Por favor, gobernador, dé la cara a sus trabajadores”.

Rosa de Herdé, presidenta de Sivema Vargas, indicó que el mandatario regional debe dar respuesta a sus demandas: “No es posible que un docente gane entre 800.000 bolívares y 1.800.000 bolívares. ¿Qué se compra con ese ingreso quincenal? Peor aún, eso viola el derecho a la vida de nuestros hijos, no tienen alimentación ni vestimenta, y se les limita el derecho a la educación”.