El Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo emitió este sábado un comunicado en el que rechazan la detención de tres estudiantes del programa de postgrado de Obstetricia y Ginecología, acusadas de una serie de delitos que no reconocieron.
Las estudiantes, cuyos nombres no fueron revelados, cursan segundo año y tercer año respectivamente en este programa que tiene sede en el Hospital Central de Maracay, estado Aragua. En el texto, indicaron que rechazaron su privación de libertad y la imposición de los cargos de »homicidio intencional, tráfico de menores, asociación para delinquir, falsificación de documentos, violencia obstétrica y esterilización forzada».
El Consejo Universitario agregó que la crítica situación del país ha influenciado en la atención que le brindan a las pacientes y dificulta el estudio de los alumnos en este programa. Destacaron el compromiso y la ética de los estudiantes durante su programa, por lo que desconocen su detención arbitraria y exigieron que se realicen los juicios necesarios para probar su inocencia.
«Rechazamos de forma categórica la violación de la libertad de nuestras estudiantes visto que no se ha cumplido con el debido proceso ni respetada la presunción de inocencia, principios claramente transgredidos durante la actuación judicial hasta ahora ocurrida siendo, a todas luces, no sólo un contrasentido jurídico, sino también sanitario y moral, por el hecho de que nuestro país vive la más aguda crisis sanitaria de su historia motivada, entre otras razones, a la gravísima escasez de insumos y medicamentos que condiciona sensiblemente la adecuada atención de los problemas de salud de nuestro pueblo», se lee en el comunicado.
A continuación el comunicado
El Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo, haciendo uso de sus atribuciones legales, suficientemente conocida y analizada la grave situación que afecta a tres médicas residentes del Programa de Postgrado de Obstetricia y Ginecología con sede en el Hospital Central de Maracay, ratifica en su totalidad el Comunicado emitido por el Consejo de la Facultad de Ciencias de la Salud de esta Casa de Estudios, mediante el cual el mencionado Consejo se dirige a toda la comunidad aragüeña, y al país en general, con el objeto de hacer del conocimiento público la realidad que afecta a dos residentes de tercer año y una de segundo año del mencionado Programa de Postgrado, quienes han sido privadas de libertad por la presunta comisión de los delitos de homicidio intencional, tráfico de menores, asociación para delinquir, falsificación de documentos, violencia obstétrica y esterilización forzada, luego de la atención y posterior fallecimiento de una paciente embarazada, once días después de su ingreso al centro asistencial; por lo que rechazamos de forma categórica la violación de la libertad de nuestras estudiantes visto que no se ha cumplido con el debido proceso ni respetada la presunción de inocencia, principios claramente transgredidos durante la actuación judicial hasta ahora ocurrida siendo, a todas luces, no sólo un contrasentido jurídico, sino también sanitario y moral, el hecho de que en nuestro país, el cual vive la más aguda crisis sanitaria de su historia motivada, entre otras razones, a la gravísima escasez de insumos y medicamentos que condiciona sensiblemente la adecuada atención de los problemas de salud de nuestro pueblo, se acose y se hostigue, a tres estudiantes residentes de postgrado que han demostrado un alto grado de compromiso y dedicación al cuidado de sus enfermos.
En tal sentido, este ilustre Consejo Universitario expresa su solidaridad a la Facultad de Ciencias de la Salud, pionera en la formación de profesionales del área en toda la región central del país, a los residentes de postgrado que hacen vida en el Hospital Central de Maracay y en particular, a nuestras estudiantes residentes del Programa de Especialización de Obstetricia y Ginecología afectadas por esta grave situación, a la vez que exigimos su liberación inmediata en pro de garantizar el cumplimiento de los principios de presunción de inocencia y debido proceso.
Dado, firmado y sellado, en el Salón de Sesiones del Consejo Universitario, a los veintisiete (27) días del mes de octubre de 2018.