Un conjunto de acciones irregulares por parte de Lourdes Rodríguez, jefa de la Zona Educativa del estado Amazonas, con el objeto de desplazar a los docentes del sistema estadal al nacional –sin que el ministro de Educación, Elías Jaua, haya emitido una resolución oficial– ha ocasionado deserción escolar y conflictos en las unidades educativas Félix Solano, Andrés Eloy Blanco, Los Raudales y el Centro de Educación Inicial Bolivariano Madre Teresa de Calcuta, todos situados en el municipio Átures.
Naura Áñez, presidente encargada del Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, al hacer la denuncia, explicó que la situación ha provocado una inasistencia a clases que va en aumento. El 4 mayo, apenas comenzada la crisis, de 455 alumnos solo 266 acudieron a clase en la U. E. Andrés Eloy Blanco, debido al temor de padres y alumnos de verse envueltos en las reyertas. “Hoy el ausentismo escolar es mucho mayor. Consta en actas”, indica. Ahora hay componentes de la Guardia Nacional Bolivariana a las puertas de las escuelas en resguardo del orden.
Episodios del conflicto. El 22 de mayo Rodríguez, acompañada por un grupo de funcionarios de la Zona Educativa, irrumpió en la sede la U. E. Félix Solano, anunció que la institución se transformaba en dependencia nacional y nombró a las nuevas autoridades “prometiendo canaimas y tablets” a los alumnos. Después hizo lo mismo en las otras tres escuelas, a las que acudió con subalternos y docentes que han aceptado el ofrecimiento y a quienes presentó como los nuevos directivos de los planteles. “Son acciones írritas. Se requiere una resolución del ministro para poner en marcha la transferencia de un sistema a otro. ¿O será que Jaua cree que por ser Amazonas un lugar distante vamos a permitir que tomen las instituciones fuera del marco legal, a la fuerza?”, emplazó Áñez.
De 102 unidades educativas en Átures, las acciones de Rodríguez se han limitado a las 4 que en su calidad de centros electorales aglutinan la mayor cantidad de votantes, por lo cual Áñez no duda en conectar políticamente la estrategia de lo que considera es el despojo de las escuelas estadales a la Gobernación. “Estamos en un estado de indefensión jurídica”, indicó luego de que el Tribunal de Protección del Niño, Niña y Adolescente respondiera a las medidas de protección que ella solicitó para estas escuelas con un “despacho saneador”, es decir, aceptando la demanda y exigiendo una corrección “que no es más que una medida dilatoria”, aseguró.
Lo que está en juego en aras de preservar la paz es “el goce y ejercicio del derecho a la educación de los niños matriculados, puesto que al querer tomar de facto las escuelas estadales, se produce resistencia por el personal de las instituciones y esto perturba el normal desenvolvimiento de las actividades académicas, amén de producir un conflicto de autoridad y caos general”. Además, nombrar la directiva de una escuela estadal constituye una extralimitación de funciones y un delito de usurpación de autoridad, porque solo al gobernador o al secretario ejecutivo de la Gobernación corresponde esa designación, recalcó.
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