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Se agudiza la crisis en universidades por la asfixia presupuestaria

En la LUZ se redujo a tres días la jornada laboral y en la USB no han podido cancelar el aumento decretado por el gobierno

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En la Universidad Simón Bolívar la falta de presupuesto se ha extendido, al punto de que la institución tiene una capacidad muy reducida para el manejo de fondos que le permitan cumplir con pagos de nómina. Ante esto la Dirección de Finanzas informó, mediante un comunicado, al personal activo y jubilado de esa casa de estudios la imposibilidad de cancelar en la primera quincena de febrero el retroactivo equivalente al aumento decretado por el presidente de la república el 31 de diciembre de 2017.

Ayer empleados de la Dirección de Cultura decidieron paralizar sus actividades hasta tanto les sea abonado el pago correspondiente, otros realizaron una toma simbólica del despacho de la Dirección de Finanzas. “No tenemos ni para el pasaje”, argumentó uno de los trabajadores en la sede de Sartenejas.

La crisis por el déficit presupuestario en universidades del país se profundiza. El manejo de recursos cada vez más limitados ha incidido en la proliferación de problemas operativos, que se han extendido a todas las áreas y amenazan con interrumpir el período académico en curso.

En Maracaibo la Universidad del Zulia decidió esta semana, luego de una reunión del Consejo Universitario, la ejecución de un plan especial de acción con el que esperan ahorrar recursos y paliar la emergencia académica y operativa que atraviesa en la actualidad.

Entre las medidas, que entrarán en vigencia a partir del lunes 19 de febrero, destaca la reducción de la jornada laboral en el campus universitario a solo tres días a la semana. Además se propuso la utilización de las aulas virtuales diseñadas por la universidad para la educación a distancia como una alternativa para mantener la continuidad académica.

También se dispondrá de una ruta universitaria para trasladar al personal y garantizar la asistencia los días que el campus esté en funcionamiento.

12% del presupuesto solicitado en 2017 fue lo que aprobó el Ejecutivo para el funcionamiento de la USB. “La política del Ejecutivo ha sido asfixiar la investigación y todos los servicios de extensión académica”, dijo entonces el rector Enrique Planchart.

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