La muerte es uno de los momentos más duros para cualquier familia, pero se convierte en un verdadero calvario cuando un allegado fallece fuera de las fronteras de Venezuela. Repatriar el cuerpo de un pariente, además de doloroso, se ha convertido en un procedimiento lento, burocrático y sumamente costoso.
Entre las decenas de miles de personas que cruzan a diario el puente internacional Simón Bolívar de San Antonio del Táchira hacia Cúcuta, muchas van en busca de ayuda médica. Algunos solicitan asistencia humanitaria y otros, con nacionalidad colombiana, utilizan el sistema de salud de la nación vecina para recibir atención por dolencias que no pueden tratarse en el país.
Sin embargo, no todos regresan. En ocasiones, un diagnóstico tardío hace que cualquier esfuerzo médico sea infructuoso. En esos casos, el sufrimiento de las familias que se ven en tal situación resulta empeorado por las dificultades que confrontan para trasladar el cuerpo del fallecido.
César Pineda cuenta que así ocurrió con su madre, Carmen Zambrano. “Mi mamá empezó con unos dolores y pensábamos que era una apendicitis. Nos la llevamos al hospital Central de San Cristóbal y dijeron que eran cólicos. Nos mandaron unas medicinas, pero en la noche se desmayó del dolor. En la mañana nos fuimos a Cúcuta y allá de una vez la entubaron. Dijeron que iban a inducirle un coma para ver qué tenía: se le había reventado la vesícula. Cuando regresamos al hospital ya se había contaminado. Después de que le dieron dos paros respiratorios, se murió. Llegamos tarde”, dice.
Esas circunstancias los obligaron a iniciar los trámites para trasladar el cuerpo al país. Hasta hace algún tiempo procedimientos como ese eran poco frecuentes, pero se han hecho más comunes debido a la salida masiva de venezolanos –quela Organización Internacional de Migraciones calcula en 2,3 millones depersonas–. En la actualidad, entre cinco y ocho cadáveres son trasladados diariamente por el Puente Internacional Simón Bolívar de San Antonio del Táchira rumbo a cualquier parte del país. No se trata solo de casos de personas que han ido a Colombia, pues suele ser también la vía que escogen para la repatriación familiares de quienes fallecen en naciones como Argentina, Chile, Ecuador o Perú.
Los altos costos del procedimiento y las trabas burocráticas pueden obligar a una espera prolongada. Algunas localidades como el municipio San Cristóbal, exigen que el acta de defunción esté apostillada, lo cual puede demorar el traslado del difundo, señala Romel Cañas, representante del gremio funerario venezolano. Ello obliga a contratar los servicios de una empresa funeraria en el extranjero que se encargue del trámite.
En Colombia, por esa gestión y transportar el cadáver hasta la mitad del puente, donde es entregado a un vehículo nacional, cobran como mínimo 300.000 pesos, equivalentes a más de 20.000 bolívares soberanos, suma considerable para cualquier familia venezolana. Y, de acuerdo con la distancia, puede ser aun mayor. “Si el fallecimiento ocurrió en otros países, como Ecuador o Perú, compañías de esas naciones deben encargarse del traslado hasta que el cuerpo llegue a territorio colombiano”.
La lentitud de los trámites puede acarrear otras complicaciones. “Cuando mi mamá murió no estaba trabajando la oficina que apostilla allá porque ese día era la toma de posesión del nuevo presidente; entonces no tuvimos más remedio que esperar. Cuando nos la entregaron estaba hinchada, y en la funeraria hubo que limpiarla porque no la metieron en un cuarto frío”, recuerda Pineda.
Si el traslado es por vía aérea, los costos son aun mayores, señala Javier Montoya, presidente de la Asociación Profesional de la Industria Funeraria.Añade que los montos superan los 3.500 dólares, más de 220.000 bolívares soberanos a tasa Dicom. “Depende del número de escalas que se deba hacer y de lo que pidan los familiares, aunque también en este caso se incluyen el ataúd y los servicios”. En la empresa de la que forma parte, la Funeraria Vallés, suelen repatriar 2 cuerpos cada mes, la mayoría desde Estados Unidos.
Obstáculos en el camino. Yaremi Andreína Rivera Pernía era contadora pública, egresada de la Universidad Santa María, núcleo Barinas. Tenía 27 años de edad cuando decidió migrar.
Un amigo la había ayudado a costear parte del pasaje. “Estaba emocionada y nerviosa”, recuerda Lexis Moreno, su mejor amiga. Su viaje fue el 23 de julio en la tarde. Partió de Barinas a Maiquetía, y de allí, vía Panamá, rumbo a Santiago de Chile.
“Tenía un plan cuando se fue”, afirma Moreno.
El miércoles 25 de julio recibió una llamada telefónica. Era uno de los tres hermanos de Yaremi para informarle que su amiga había muerto. “Nos dijeron que se había lanzado de un piso 23”.
En medio del dolor buscó información en la prensa del país austral, “porque en Chile las cosas no pasan inadvertidas como en Venezuela”, pero no tuvo suerte. Por más de una semana llamó a amigos en esa nación pero la noticia sobre Yaremi jamás apareció.
Cuando Rivera murió no llevaba los papeles, aunque desde Venezuela tenía todo en regla, por lo que en la morgue exigieron que un familiar se trasladara hasta allá para que reconociera el cadáver y que la familia directa estuviera al tanto de quién era la persona que iba a reconocerla. “Allí se perdió mucho tiempo porque pedían una autorización desde Venezuela, y tú sabes cómo es sacar un papel en el país”.
Una muerte tan repentina toma desprevenido a cualquiera, y más cuando ocurre en alguien tan joven. “Uno nunca se prepara para estos momentos. No teníamos ni un lugar en el cementerio”, expresa Moreno, que ayudó con los trámites de repatriación de su amiga.
En principio les pidieron 15.000 dólares para trasladarla desde Chile a Venezuela, pero terminaron pagando cerca de 5.000 dólares, que incluía urna y transporte hasta la frontera colombiana.
La prima que reconoció a Yaremi en la morgue, único familiar que tenía en Chile, visitó varias ONG para conseguir apoyo económico pero no se lo dieron: “Decían que no se podían encargar porque hay muchos venezolanos que mueren en el exterior y tendrían que hacer lo mismo con todos”, manifiesta la amiga. Añade que lograron recaudar el monto gracias a la solidaridad de personas en Estados Unidos, el propio Chile y Venezuela.
“Quienes se van del país no lo hacen por lujo; para costear un pasaje lo hacen con ahorros, venden sus pertenencias o necesitan de la ayuda de alguien para poder llegar a su destino. Entonces cuando pasan estas cosas no cuentas con nada; así que debes pedir”, dice.
El diputado José Gregorio Correa, presidente de la Subcomisión de Asuntos Consulares y Migratorios de la Asamblea Nacional, llama la atención sobre la situación que deben afrontar los dolientes con el pago de repatriación de un familiar. “Pueden ver comprometido su patrimonio. El tema es doloroso porque quien se fue de Venezuela no lo hizo por gusto, sino en busca de oportunidades que no encontró aquí”.
El trayecto que debería cumplir el cuerpo de Yaremi para llegar a su destino encontró otros obstáculos, pero esta vez localmente. “En Chile y en Colombia se portaron muy bien, pero al llegar a Venezuela comenzó el desastre”, asevera. El mismo día que los restos llegaron a Maracaibo, ocurrieron las explosiones del cableado eléctrico en el puente y no hubo paso. “Dijeron que la iban a dejar en una morgue de la capital zuliana”, y eso supuso que cobraran más. “Nos pidieron hasta para el aceite del carro y dinero en efectivo”.
Finalmente, el cuerpo de Yaremi Rivera llegó a Barinas el 27 de agosto. Su traslado hasta el país tomó más de un mes.
Correa agrega que a las trabas económicas se unen el mal funcionamiento de las oficinas consulares venezolanas en el mundo. “La cédula de identidad, el pasaporte, el acta de defunción, son documentos que no están expidiendo los consulados”. Señala que se trata de una política que responde a lineamientos del gobierno venezolano. “No hay más que recordar que el Consulado de Venezuela en Miami duró ocho años cerrado, y los venezolanos que residen en el sur de la Florida tenían que ir a Puerto Rico o a Nueva York a tramitar sus documentos; y cuando llegaban al lugar resulta que les decían que no tenían material y no los atendían”.
Indefensión en hora difícil. Aunque se cuente con el dinero para la repatriación, el tiempo que lleva cumplir con los trámites juega en contra de quienes pierden un familiar fuera de las fronteras. El proceso de descomposición es inclemente y no sabe de esperas. Cañas asegura que una ventaja es que en los países del Cono Sur se realizan excelentes trabajos de tanatopraxia, lo cual permite que el cuerpo se preserve durante el traslado, que puede tardar entre quince días y un mes.
Recomienda a quienes se vean en esa difícil situación contactar, como primer paso, con una funeraria del país donde ocurrió el deceso, si es posible a través de familiares o conocidos en el lugar. Se trata de un trámite que, por los altos costos en moneda extranjera, no asumen las empresas locales.
“Lo más recomendable es buscar funerarias estables, reconocidas, porque, así como sucede aquí, en otros países también hay gestores que en principio pueden darte un precio económico, pero después lo incrementan porque la gente no sabe lo que está pasando allá. Hay que mirar dos o tres empresas serias y ver cuál es la que le conviene”, aconseja Cañas.
En Venezuela los deudos deben asumir otros gastos, que se incrementan según el lugar a donde se haga el traslado. Los servicios que se prestan en San Cristóbal, señala, incluyen velación en casa o capilla y permisos requeridos en el país.
Añade que el cuerpo viene en urna desde su salida y en ella lo inhuman o creman, según lo solicitado por la familia, pues no se permite el cambio de ataúd por razones sanitarias. Cuando el traslado es por vía terrestre, el paso de urna de un carro a otro es casi un ritual. “Se colocan los dos vehículos de retroceso en toda la mitad del puente y allí pasa el cuerpo de una carroza a la otra. No se puede abrir la urna”, explica.
Las trabas burocráticas y los costos pueden conspirar contra los deseos de alguien que murió en el exterior de ser enterrado en su tierra, o cumplir aspiraciones sobre cómo realizar el sepelio. “Se han visto casos en los que los familiares están muy cortos de dinero y deben dejarlos en el extranjero”, señala Cañas.
Correa insiste en cuestionar las fallas consulares que demoran el cumplimiento de los trámites. “Cuando no se presta atención adecuada, las personas quedan en un estado de indefensión y se vulnera la obligatoriedad de proteger a los ciudadanos. Por la demora y el tiempo que esos trámites llevan hay quienes optan por cremar a su familiar, incluso en contra de la voluntad de la persona fallecida”, añade.
“Uno siente a veces que en Venezuela está solo”, es la conclusión de Lexis Rondón al pensar en el caso de su amiga. Por lo que sabe, aún no les han entregado las pertenencias ni los resultados de la autopsia a los familiares de Yaremi. Les dicen que el caso sigue abierto, como las heridas de la pérdida y el mal recuerdo de los obstáculos que hubo que vencer para traerla de regreso a casa.
“Uno se asombra de lo mal que estamos. Hace poco el hermano de un amigo del colegio falleció en Australia y tuvieron que pasar por el mismo calvario”, señala.
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