La comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional sesionó en San Cristóbal para indagar sobre los secuestros, reclutamientos forzados, extorsiones y demás hechos criminales perpetrados por organizaciones irregulares en Táchira. Víctimas y miembros de organizaciones no gubernamentales (ONG) dieron testimonios de los hechos.
Javier Tarazona, presidente del Colegio de Profesores capítulo Táchira, indicó que muchos de los desertores del sistema educativo son captados por los grupos guerrilleros para aumentar el número de esas agrupaciones y operar en actividades del contrabando de gasolina y narcotráfico.
“Hemos documentado casos en los que hay niños que cobran 50.000 pesos al día por trabajar para la guerrilla”, dijo Tarazona. La cifra equivale a poco más de 17 dólares con base en 2.867 pesos por unidad americana según la tasa referencial del mercado en el vecino país. Llevado a la moneda nacional, representa Bs. 2.000.000, es decir, 2,61 salarios mínimos integrales.
“Es un salario que no podría percibir ningún venezolano de manera ordinaria o legal. Es un atractivo laborar para la guerrilla y esto lo sostiene el narcotráfico”, agregó.
Investigadores presos
Un total de 30 familias en Táchira tienen a un pariente en cautiverio desde 1999 y desconocen la suerte corrida por ellos.
A Porfirio Dávila le secuestraron a su padre en junio de 2003. Contó que al caso asignaron a dos funcionarios de la Guardia Nacional, de los cuales uno fue detenido por tráfico de droga. Exigió de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) explicaciones por los venezolanos secuestrados al tiempo que pidió a la comisión parlamentaria elevar los casos de secuestro a instancias internacionales.
“Ustedes pisan hoy una tierra desangrada en la que han asesinado a personas en nombre de paramilitares, guerrilleros y mafias”, dijo Dávila, quien agregó que al año siguiente, tan solo en la localidad de Rubio -donde reside-, secuestraron a siete personas.
Juan Pabón es hijo de Ana de Dios Guerrero, secuestrada junto a Anthony Pabón, el menor de sus hijos, y un amigo de la familia identificado como Germán Chacón el 3 de diciembre de 2003. Narró a la comisión su decepción por el desinterés del Estado en aclarar el hecho en que, asegura, participó el Grupo Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional.
“Es mandato constitucional que el Estado nos dé una respuesta concreta”, dijo Pabón.
Jorge Sánchez, hijo de Blanca Oliva Delgado, secuestrada en 2007, lleva una doble pena: un año después del cautiverio de su madre, fue asesinado su hermano Ciro Sánchez mientras indagaba el secuestro. Recibió amenazas para que desistiera de indagar. En diciembre de 2007 cuando intentó acercarse al entonces presidente Hugo Chávez, quien emprendía la Operación Emanuel para recuperar los rehenes de las FARC, les fue arrancada una pancarta en la que exigía la libertad de su mamá.
Carmen de Molina fue secuestrada junto a su hija María José en 2008 y luego liberada. La joven quedó cautiva y ha sido reconocida en programas de televisión de Colombia y los informes presentados por ese país en instancias internacionales. Pidió que los casos de secuestro no sean olvidados y puedan recuperar a sus familiares.