Katherine Aguayo denunció la detención arbitraria de su madre, Ysabel Zambrano, por haber manifestado en apoyo al ingreso de la ayuda humanitaria en el país.
Zambrano es licenciada en Farmacia por la Universidad de los Andes y trabajó por más de nueve años en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de San Cristóbal, donde ejercía como jefe de la farmacia. El 9 de febrero protestó en el puente binacional Tienditas, vía que conecta el estado Táchira con el departamento colombiano del Norte de Santander, y dio declaraciones al canal NTN24 Venezuela.
El miércoles 13 de febrero fue detenida junto con otras 11 personas, entre ellos Hubert Arles Zambrano Meneses, ex director del Seguro Social; Laura Josefina Martínez Torres, subdirectora administrativa; Mery Juliana Moreno Rivera, asistente de farmacia; Edith Coromoto Villamizar de Cedeño, asistente de Farmacia; Maximiana del Carmen Salcedo Moreno, asistente de farmacia; Luz Alejandra Parra Velasco, asistente de farmacia; Deiby Enmanuel Vivas Vargas, asistente de farmacia, y Miguel Alberto Yayez Meneses, jefe de seguridad del IVSS.
“Fue una detención arbitraria. Ya habían sido amenazados por un nuevo director que llegó con funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales. En horas de la noche los llevaron al Comando Regional 1 de la Guardia Nacional Bolivariana, sin que se realizara el debido procedimiento”, explicó.
Dijo Aguayo que los acusaron de haber cometido delitos graves sin pruebas, solo por negarse a participar en una actividad del oficialismo en la que se quería demostrar que no hacía falta el ingreso de la ayuda humanitaria. “Y al día de hoy siguen detenidos”, recalcó.
“Estoy muy orgullosa de mi madre porque siempre pensó diferente y defendió su pensamiento. Ella no es política. Toda su vida la ha dedicado a ser una profesional de la salud, por lo que pido apoyo para hacer del conocimiento público su caso”, subrayó.
El 15 de febrero, Freddy Bernal informó que en el Hospital Patrocinio Señuela Ruiz destituyeron a Huber Zambrano Meneses, quien ejercía el cargo de director, y se incautaron medicamentos valorados en 113.980 de dólares para asistir a 400 pacientes con cáncer.
Indicó que los detenidos serían presentados ante los tribunales competentes por los delitos de corrupción propia agravada, asociación para delinquir, peculado de uso, inobservancia administrativa de la contraloría sanitaria y procedimiento de evasión administrativa.
Raquel Sánchez, abogada y coordinadora del Foro Penal Venezolano en Táchira, condenó el acoso y las amenazas que afectaron al personal médico y de enfermería del centro de salud. “Fomenta la crisis que afecta a nuestro país dejando más desprotegida a la ciudadanía”, aseguró.
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