El presupuesto para reparar los artefactos médicos en los centros públicos de salud no existe. Las promesas del Ejecutivo de comprar equipamiento medicoquirúrgico mediante acuerdos internacionales para 249 centros asistenciales se quedaron en el papel, pese a las inversiones millonarias que se anunciaron.
El portavoz de Médicos Unidos de Venezuela, Jaime Lorenzo, considera que el problema de las fallas de equipamiento hospitalario ha recrudecido. Cuenta que en el Hospital Periférico de Catia, donde trabaja como cirujano, 100% de los equipos de imagenología está inoperativo. Debido a ello los pacientes de la red pública deben trasladarse a clínicas privadas para practicarse Rayos X, tomografías y ecocardiogramas. “La clínica médica, lo que es igual que decir los síntomas del paciente, sugiere la enfermedad, pero el avance tecnológico permite tener un diagnóstico con certeza, algo que en los hospitales no es posible”, enfatiza Lorenzo.
El escenario, advierte la organización Médicos Unidos de Venezuela, regresa la medicina al siglo XIX, cuando aún no existía ese tipo de estudios. “En algunos casos hemos retrocedido a los cincuenta”, completa Lorenzo. La cuestión de los equipos médicos compromete la práctica de cirugías y tratamientos, y pone la medicina al límite.
La directora del Hospital Ana Francisca Pérez de León, en Petare, Zaira Medina Campo, destaca que en ese recinto, que es referencia en la región capital, tienen 8 meses sin tomógrafo. “Está parado por una tarjeta secuencial que es del tamaño de una uña. Cuando se dañó, la pieza costaba 350 millones de bolívares, pero el costo se ha multiplicado de manera exponencial”.
El problema asedia a una institución con 21 camas de terapia intensiva, la mayor unidad de cuidados críticos del país, adonde acuden pacientes con hemorragias, accidentes cerebrovasculares y otras afecciones graves.
Una fuente del Ministerio de Salud señaló que durante 2017 los hospitales no recibieron presupuesto para reparar los equipos dañados. De 14 centros asistenciales administrados por el Ministerio de Salud en Caracas y 18 en Miranda, ninguno dispone de equipamiento, señalan desde el viceministerio de Hospitales. La situación desdice los reiterados anuncios del Ejecutivo de rescatar la salud en el país.
Para los médicos que son testigos del cierre técnico de algunos servicios, el problema de fondo estriba en el incumplimiento de los convenios suscritos con Argentina, Cuba y China, la respuesta oficial a la obsolescencia de equipamientos médicos que ha signado la última década en el país.
En noviembre de 2014, por ejemplo, la entonces ministra de Salud, Nancy Pérez, autorizó un acuerdo con la empresa China Meheco para la adquisición de equipos médicos, quirúrgicos y odontológicos, que serían distribuidos entre más de 249 centros públicos. Pero la inversión, cuyo monto rondó los 173,9 millones de dólares, no se vio reflejada en la red de atención primaria ni especializada.
Con ese último convenio el gobierno prometía adquirir máquinas de anestesia, intensificadores de imágenes y equipos de ecosonografía; pero a juzgar por la inoperatividad de algunos servicios especializados, no se garantizó el mantenimiento preventivo ni correctivo de los instalados.
En el Pérez de León, por ejemplo, el equipo de Rayos X portátil, que se emplea para atender a pacientes intubados en terapia intensiva, tiene dos años fuera de servicio, denuncia Medina.
Pero nada retrata la desidia gubernamental como los resultados del convenio suscrito con Cuba para sustituir los monitores de signos vitales y los equipos de trauma shock.
De ese acuerdo, que en 2003 fue promovido como el remedio de las deficiencias del servicio sanitario, solo queda un cementerio de máquinas inoperativas.
En 2015 el gobierno implementó una política para priorizar los hospitales más afectados por la falta de insumos y equipos. De los 249 centros generales y especializados adscritos al Ministerio de Salud, se priorizaron 67 hospitales para el aporte de insumos. Pero, a decir verdad, según señalan desde el ministerio, solo 35% de las instituciones seleccionadas, es decir, 22 de ellas, fueron atendidas.
Sin recursos. Los equipos, denuncian en la Sociedad Venezolana de Pediatría, no reciben seguimiento y algunos quedaron inoperativos con la primera falla. “Lo ideal es que se haga mantenimiento preventivo cada tres meses, para garantizar su vida útil”, indica Huníades Urbina, dirigente gremial, docente universitario y especialista en cuidados intensivos. En el país, afirman los médicos, no hay bases administrativas para atender los requerimientos de los hospitales.
El año pasado el gobierno suspendió las partidas presupuestarias asignadas a los hospitales a través de las direcciones regionales, y en lugar de ello el despacho de Salud centralizó el mantenimiento de equipos a través de la Fundación Nacional de Equipamiento Hospitalario y su oficina de Gestión Tecnológica. El resultado es que las fallas se acumulan, y ello incluye el mantenimiento de ascensores, tarea que se ha relegado.
De hecho, las 13 clínicas populares inauguradas por Barrio Adentro a partir de 2010 para brindar atención médica a la clase media están inoperativas por la misma razón. Entre los establecimientos en cierre técnico se cuestan las clínicas de Catia, El Valle, El Paraíso y Caricuao, en el área metropolitana.
El Dato
En el primer semestre de 2018 se documentaron 583 protestas para exigir el derecho a la salud, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Durante ese período, enfermos crónicos y familiares reclamaron un sistema de salud eficiente que garantice el derecho a la vida. En los primeros 6 meses de 2018, puntualiza el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, los empleados del sector médico participaron en 838 protestas en todo el territorio nacional, cifra que eleva a 1.421 las manifestaciones por el derecho a la salud y que representa 27% de los 5.315reclamos registrados.
Lea el reportaje original en Crónica.Uno: https://goo.gl/QfDSbc
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