Cofavic alerta que las medidas de control de orden público no pueden tener el propósito de castigar a los manifestantes porque configura el delito de tortura.
En la ONG ven con profunda preocupación los altos e inocultables niveles de descontento social que cada día se incrementan en el país. La frustración y las exigencias ciudadanas en amplios sectores de la población no pueden seguir siendo minimizadas ni desatendidas y mucho menos enfrentadas con represión, detenciones arbitrarias y torturas. “El Estado no puede seguir manteniéndose a espaldas de esta situación y debe alcanzar entendimientos mínimos que impidan más sufrimiento de nuestro pueblo y ocasionen situaciones impredecibles de violencia y de dolor para todos”.
Destaca que las violaciones de los derechos humanos que han ocurrido con el control del orden público que se fundamenta en el decreto 2.323, que consagra el estado de excepción y emergencia económica, así como la resolución 8610 son inconstitucionales y por ello, “producen nefastos resultados para los derechos humanos y las libertades públicas”.
Advierte que las instituciones con competencia en materia de derechos humanos deben actuar de manera independiente, sin prejuicios políticos o de otra índole. “Las personas sometidas a juicio deben contar con todas las garantías judiciales y el debido proceso en todo estado de su investigación”.
Piden investigar y aclarar los 9 asesinatos que han ocurridos desde el 4 de abril hasta la fecha. Asimismo manifiestan preocupación por la militarización y el llamado a armar a los milicianos.
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