José viajó desde La Grita hasta San Cristóbal con su esposa y su bebé de días de nacido, para participar en la jornada de tres días de retiro de pasaportes y prórrogas del documento que se lleva a cabo en la sede militar de la Zona de Defensa Integral en San Cristóbal (ZODI-Táchira)
Contó que él y su esposa tenían dos años esperando por el documento y que el Saime sólo les envió por correo la confirmación del trámite y el pago y nunca más volvieron a saber nada.
“Busqué a alguien que me recomendaron y me cobró 500 dólares y no me entregaron el pasaporte. No supe más de él”, contó. En vista de la lejanía de dónde provenía, su esposa aún en cuarentena y el neonato, los funcionarios tomaron nota de su caso.
“Yo me he negado a pagar. Dos de mis hijos están en Perú, y mi hija en España. Me han dicho que me mueva por otro lado para que tenga el pasaporte y viaje pero no. Ellos también se la ven duras para trabajar y ganar dinero para yo aceptar que me envíen y pagarle a delincuentes”, contó una jubilada de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, mientras esperaba en fila. Contó que desde agosto va interdiario a las oficinas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería para preguntar por su documento.
Un vecino de Cuartel Bolívar, sede de la ZODI-Táchira, que se consiguió con conocidos que hacían cola. Contó que este viernes, durante el primer día de la jornada, pasado el mediodía los funcionarios de la DGCIM les indicaron que se retiraran y volvieran al día siguiente pero ellos se opusieron y exigieron ser anotados para retirar su pasaporte o prórroga.
“Sacaron hasta los antimotines aunque no le vi la necesidad porque los que estábamos éramos una parranda de viejos. Pero si no hacemos así no nos entregan la prórroga”, contó el hombre.
Este viernes, el comisionado presidencial para el Táchira, Freddy Bernal, reconoció que habían sido utilizados los datos de venezolanos para dar documentos a extranjeros, razón por la cual las oficinas del SAIME en Táchira fueron sometidas a investigación con apoyo de la Dirección de Contrainteligencia Militar.
“Hemos iniciado un proceso de investigación penal apoyados con el DGCIM en diversas oficinas en las que hay la presunción de utilizar extranjeros a los que montaron sobre datos de venezolanos. Esos funcionarios que pudieran estar involucrados en estos hechos serán detenidos y procesados. Haré el esfuerzo para que sean acusados por traición a la Patria. El funcionario que sea capaz de tomar una persona extranjera para hacerlo pasar como venezolano es traición a la Patria. Seguramente hay paramilitares allí, mafioso, solicitados”, dijo Bernal quien aseguró que serían entregado 20.000 documentos