El Centro de Derechos Humanos de la UCAB publicó un informe sobre la dramática situación que afrontan los migrantes venezolanos retornados.
“Muchos migrantes y refugiados se encontraron de un día para otro sin ingresos, ni vivienda, ni alimentos, ni redes de apoyo familiares o institucionales, por lo que el regreso a Venezuela pareció para algunos la única opción”, señala el documento.
Denunció que aunque Nicolás Maduro ofreció recibir a los connacionales en los llamados Puntos de Atención Social Integral (PASI), se han encontrado en esos sitios con condiciones inadecuadas, además de que se ha criminalizado el retorno por trochas.
“En los PASI lo que tienen es una muestra de lo que les deparaba el país: alimentos en mal estado, falta de agua, de combustible y de servicios médicos, además de militarización y represión”, indicó la institución.
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Rechazo
Además, indicó que miembros del régimen han mantenido una política de rechazo contra los connacionales.
“Las primeras expresiones de rechazo al retornado provinieron del fiscal impuesto por la asamblea nacional constituyente, quien los calificó de karma; seguido por la ministra de asuntos penitenciarios quien los llamó fascistas y golpistas camuflados. Poco después varios funcionarios, incluyendo a Maduro, de forma deplorable afirmaron que los retornados eran armas biológicas enviadas por el gobierno de Colombia para contaminar a Venezuela”, señala el documento.
Así mismo, el secretario de gobierno de Zulia amenazó con encarcelar a los retornados y abrirles procedimientos en el Ministerio Público.
“Los vamos a colocar en una celda, bajo cuarentena pero con un proceso del Ministerio Público, así como lo hacen los Estados Unidos cuando por México se quiere ingresar”, dijo el funcionario madurista en meses pasados.
En adelante, el 19 de abril se eliminó el acceso público a la página web de ACNUR, en la que se registraba la información sobre los espacios de alojamiento temporal, que ya se encontraban a dos tercios de su capacidad, a menos de un mes de haberse iniciado el confinamiento en Colombia, aseguró el Centro de Derechos Humanos de la UCAB.
Agregó que de inmediato el régimen se enfocó en generar una corriente de opinión de rechazo a los retornados al indicar con énfasis en los reportes diarios de nuevos casos de coronavirus, que la mayoría procedían del extranjero.
El Dorado
Pero, además de acciones de rechazo, el régimen elevó el nivel de presión contra los migrantes al criminalizar propiamente a los llamados trocheros.
“Se pidió la autorización a las autoridades del estado Bolívar, para que el sitio de reclusión de los detenidos sea el penitenciario El Dorado, lo que indica que se trata de una decisión del Ejecutivo, al margen de las autoridades judiciales que, según la ley, son responsables por la determinación del lugar de reclusión de procesados y sentenciados, cuestión que ratifica la falta de independencia del Poder Judicial venezolano”, alertó la institución.
Recordó que la misma Delcy Rodríguez dijo que la elección de la cárcel de El Dorado, conocida por sus características inhóspitas, fue adrede “para que se sepa cuál es el destino de los que están atentando contra la salud de los venezolanos”.
Un negocio para grupos guerrilleros
Ante el colapso de los PASI y el temor de los connacionales de permanecer en lugares sin las condiciones adecuadas, ha ido en aumento los intentos de ingresar por otras vías. De igual forma, la criminalización de las trochas ha incidido en que se establezcan grupos irregulares que controlan las fronteras.
“Las restricciones han tornado más crítica la situación, por lo que han proliferado nuevamente grupos que cobran sumas cada vez mayores por trasladar a las personas por pasos no controlados. Funcionarios de Arauca afirman que incluso guerrilleros del ELN y de las disidencias de las FARC han convertido el paso por trochas en un negocio en esa zona”, indicó.