El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) realizó un aumento de 15.000% en la prestación de sus servicios, además, desde el 28 de agosto no prestan servicio al público, lo que afecta a cualquier persona que desee proteger sus derechos de propiedad intelectual en Venezuela.
Iván Zambrano, coordinador del Foro del Cine Venezolano, habló sobre las nuevas tarifas impuestas por el SAPI para registrar marcas, patentes y derechos de autor, que calificó de excesivas.
“El monto que hay que pagar por registrar un guión es casi mayor a lo que entrega el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC) para montar un proyecto. Los precios son excesivos”, dijo Zambrano.
Para el coordinador, este aumento frena las posibilidades de muchas personas que desean iniciar algún proyecto con propiedad intelectual, porque el registro en el SAPI es fundamental para iniciar un proyecto y garantizar el derecho de autor.
Advirtió que calcular los precios a dólar DICOM genera montos excesivos.
“Uno no entiende porqué si el gobierno no quiere depender del dólar, en muchos pagos el dólar termina siendo el indicador de los precios de las tarifas de los servicios”. expresó el coordinador.
Zambrano aseguró que los representantes del CNAC también están sorprendidos por esta resolución, que no solo afecta al cine sino a distintos gremios que deseen emprender y registrar sus inventos.
“No sabemos la razón del incremento pero es excesivo y representa un obstáculo muy grande, hemos hablado con autoridades del CNAC y también quedaron sorprendidas por el aumento”, dijo el coordinador.
Para Zambrano, en el caso del cine, esto genera un desequilibrio en las posibilidades y oportunidades para las personas que se están iniciando en la industria, porque con el alto costo solo podrán hacer cine quienes tengan los recursos para invertir.
“Con esos incrementos los emprendimientos e iniciativas serán minoritarios, porque mucha gente se abstendrá de registrar sus marcas e innovaciones”, destacó.
El Foro del Cine ha solicitado a la Cámara de Cinematografía que intercedan para reducir las tarifas para registrar marcas o derechos de autor y de no obtener respuesta, Zambrano comentó que pretenden tomar acciones como asistir al Ministerio del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional, al que está adscrito el SAPI, y al Ministerio de Cultura.
Por su parte, el abogado Ricardo Antequera cree que el incremento a las tarifas de los servicios que presta el ente se debe a una medida para continuar con el plan de ajustes económicos que anunció el presidente Nicolás Maduro.
“Por consultar o hacer la búsqueda de una marca se debe cancelar el equivalente a 10 salarios mínimos, o peor aún, para utilizar una planilla de las que emite electrónicamente el SAPI, para descarga e impresión casera, cobran 120 bolívares soberanos”, indicó el abogado.
Antequera expresó que Venezuela es una de las naciones con los montos más altos para registrar una marca, lo que hace que disminuya la solicitud de estos servicios. Precisó que luego del ajuste en servicios hay que esperar el ajuste de las tasas, asociadas al incremento de la unidad tributaria, que a su juicio debilitará el sistema de protección de registros a los particulares y afectará a pequeñas, medianas y grandes empresas. Esta medida es una de las que ha tomado el SAPI en los últimos tiempos, en concordancia con otros poderes públicos, para hacer inaccesibles los servicios de propiedad intelectual.
“El aumento estaría justificado si viniese acompañado de otras medidas, como la restauración de toda la estructura del SAPI, instalando tecnología y contratando personal altamente calificado y obtener una respuesta adecuada por los tribunales en caso de infracción con respecto a una marca, estaríamos hablando de que se está produciendo un cambio general”, precisó el abogado.
No obstante, luego de anunciar el aumento en las tarifas, la oficina del ente no presta servicio para realizar trámites en la entidad ni a través de la página web desde el 27 de agosto; nadie ha obtenido respuesta alguna sobre esta situación.
Antequera tildó de difícil que los precios anunciados para los trámites vayan a cambiar, además, puntualizó que el SAPI no se ha pronunciado al respecto; sin embargo en las redes sociales la oficina sube publicaciones periódicas y ninguna trata la situación actual de los servicios de la oficina.
“Un pequeño o mediano empresario que tiene que decidir entre pagar la nómina, pagar los impuestos al estado para que no lo sancionen y mantener la marca, prefiere mantener su empresa activa y pagarle la nómina a los empleados, olvidándose de la marca”, puntualizó el abogado.
Los abogados como intermediarios en los intereses de sus representados, en conjunto con el Colegio Venezolano de Agentes de la Propiedad Intelectual, se han dirigido al SAPI para intentar llegar a un acuerdo en cuanto a precios y prestación de servicios, porque según estudios realizados los costos de los servicios que ofrece la oficina de propiedad intelectual venezolana duplica a Argentina, el país con los precios más altos después de Venezuela.
Para Antequera, esta situación tendrá como resultado que las personas afectadas busquen protección en otros países y no en Venezuela.
“Se irán con su maleta de talentos y conocimientos a otro lugar en el que existan condiciones que incentiven y estimulen sus proyectos artísticos, comerciales y empresariales”, dijo el abogado.
Antequera precisó que en Venezuela no se le da la importancia pertinente a los emprendimientos y esta decisión sigue desconectando a la nación de los demás países, en cuanto a realidad internacional con relación al emprendimiento, donde hay un consenso en reconocer que la economía y el crecimiento de una sociedad depende del conocimiento de bienes intangibles y del acceso a la cultura.
A continuación, el baremo realizado por Covapi para comparar las tarifas de lod servicios de propiedad intelectual en Venezuela con respecto a otros países.
Tabla comparativa de costos y tasas oficiales para solicitud y registros de marcas.