Una solemne quietud caracteriza al embalse Generoso Campilongo, primera referencia que suele mencionarse sobre el paisaje y la idiosincrasia de la Villa de Todos los Santos de Calabozo, nombre oficial de la primera capital del estado Guárico (hasta 1934, cuando Juan Vicente Gómez nombró capital a San Juan de Los Morros).
La represa, acompañada por la luz sublime del sol llanero, es lo primero que deslumbra la vista al llegar a la ciudad. Luego da paso a los brillantes arrozales y, más adelante, al casco histórico más grande de Venezuela.
Sus aguas no solo sirven para el riego de la siembra, el control de inundaciones y el suministro de agua potable, sino que son utilizadas por los ciudadanos como entretenimiento, pues hay quienes se bañan en los canales. Actualmente esto no es posible porque están secos.
Pero su esencia pragmática es la irrigación de arroz, del cual Guárico es uno de los principales productores del país, junto con Portuguesa, Cojedes y Barinas.
Fue inaugurada por Marcos Pérez Jiménez en 1956, luego de dos años de construcción. Cuenta el cronista Ubaldo Ruiz que en ese momento Calabozo se dedicaba principalmente a la ganadería, así que el establecimiento de la presa y del Sistema de Riego Río Guárico cambió radicalmente su desarrollo.
«Calabozo experimentó, en primera instancia, una dinamización de la economía, que antiguamente era ganadera extensiva, pastoril. La construcción misma del Sistema de Riego conllevó a que muchos trabajadores vinieran. Hubo un momento en el que la cantidad de obreros era superior a la de los pobladores. Eso causó un gran impacto. Los servicios se desbordaron, el crecimiento de los barrios se desenvolvió de manera desordenada y la economía y el comercio tuvieron un gran auge», relata.
Tras la activación del sistema, se emprendió la economía agrícola tecnificada. Empezó, entonces, la producción a gran escala del arroz, que generó un enérgico movimiento económico: se instalaron silos, empaquetadoras, plantas de insumos agrícolas, industrias mecánicas, entre otros. Hubo momentos en los que —continúa el historiador— Calabozo suministró casi la mitad de todo el arroz al país.
Asimismo alteró notablemente la demografía. En el censo de 1950, Calabozo aparece como el séptimo pueblo con más ciudadanos de Guárico. Para 1961 la población casi se había quintuplicado. Desde la década de 1970 y hasta el presente, es la localidad con más personas del estado, por encima de San Juan de Los Morros.
Actualmente, los 60 años de tradición arrocera en Calabozo están en riesgo debido al control de precios, la inseguridad, la escasez de insumos y el bajo nivel de la represa. Estos problemas han conllevado a que la capacidad instalada de los productores funcione por debajo de entre 60% y 70%.
En el último verano (en el que se planta entre noviembre y diciembre, y se cosecha de marzo a abril), apenas se sembraron 4.000 hectáreas, cuando normalmente, siendo el ciclo de mayor calidad y rendimiento en Calabozo, la meta promedio solía ser de 45.000.
Durante el invierno del año pasado, en el que se siembra de mayo a junio y se recolecta entre septiembre y octubre, fueron plantadas 25.000 hectáreas. Lo normal es que se logren 30.000. Es decir, antes de la expropiación de Agroisleña (actual Agropatria) en 2010, Calabozo podía sembrar hasta 75.000 hectáreas, afirma Rafael Urdaneta, vocero de los productores de arroz de la ciudad.
Los problemas se mantienen en 2016: el cultivo de invierno fue perjudicado por una bacteria, que no ha podido ser combatida con efectividad motivado a la escasez de los productos agroquímicos necesarios. «El rendimiento ha sido inferior del que esperábamos. El síndrome ha dañado en 20% o 40% la eficiencia. Todas las siembras resultaron afectadas», informa Demetrio Fraile, presidente de la Asociación de Productores del Sistema de Riego del Río Guárico (Aprosigua).
Tampoco hay esperanza en el ciclo de verano 2016 – 2017, pues el embalse se mantiene en un bajo nivel de aproximadamente 111 metros, y lo idóneo para suministrar agua a los arrozales es que se ubique en 116. Urdaneta calcula que durante este lapso sean apenas sembradas de 3.000 a 5.000 hectáreas.
Quienes podrán plantar durante este período serán los agricultores que posean pozos o que estén cerca de alguna corriente que les provea el agua requerida.
La carencia de agua en el embalse ocurre por dos razones: insuficiencia de precipitaciones y un bote de agua ocasionado por una avería en las compuertas. Richard Meléndez, productor de arroz, asegura que el desperfecto provoca que se pierdan unos 1.500 litros por segundo.
La presa está tan baja que quedaron al descubierto aproximadamente 50 metros de tierra.
En julio del año pasado, Jorge Arreaza, entonces vicepresidente Ejecutivo, visitó el sitio, acompañado por Ramón Rodríguez Chacín, gobernador de Guárico. «Para el próximo martes debe estar lista la propuesta definitiva para el abordaje técnico. Ya tenemos el financiamiento asegurado: una coordinación entre los ministerios de Agricultura y Tierras y de Ecosocialismo y Aguas, con el fin de solventar el tema de la fuga», señaló. La solución nunca llegó y el problema ya tiene cuatro años afectando la producción de arroz.
¿Precio justo o injusto?
A finales de septiembre Wilmar Castro Soteldo, ministro para Agricultura y Tierras, aseguró que en octubre iba a haber más oferta de arroz en los anaqueles del país, «gracias al Plan de Siembra y Cosecha Segura 2016».
Tenía razón. Durante el mes el cereal se vio más en los comercios, pero importado y con precios que superan los 2.000 bolívares. Ya lo había advertido antes el gobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora: el abastecimiento en Caracas iba a realizarse con rubros extranjeros de «costos internacionales».
En un establecimiento ubicado en la avenida Sucre de Catia expenden el kilo de arroz en 2.800 bolívares. Los consumidores lo toman con emoción, hasta que ven su valor. Algunos lo compran por necesidad. «Es igual que adquirir papa o yuca. Al final todo está caro, pero es preferible tener arroz, que dura más», dice una cliente que se llevó un paquete.
Mientras tanto, el kilo de arroz paddy (de cáscara), que en octubre de 2015 era de 25 bolívares, aún está en 70, precio estipulado en marzo de este año por la Superintendencia de Precios Justos (Sundde).
De acuerdo con Demetrio Fraile, el monto del rubro no debería ser menor de 300 bolívares, porque el valor por kilo de la siembra se encuentra entre 220 y 230. Además, la inversión para producir una hectárea pasó de 56.000 bolívares a 1,2 millones, lo cual justifica aún más las razones por las cuales los arroceros piden un importe más justo.
«Hoy día no sabemos exactamente cuánto cuesta una hectárea, debido a la extraordinaria inflación. Nos preocupa que no haya una respuesta del Ejecutivo sobre cuál va a ser la política de precios que restituirá la rentabilidad de los productores, y que permita que se pueda invertir en próximas siembras», apunta.
A juicio de Richard Meléndez, la cifra no debería ser menor de 500 bolívares, destacando la influencia que tendrá el aumento de 40% del sueldo mínimo integral, decretado el 27 de octubre y que tiene vigencia desde el 1° de noviembre. Una gran mayoría de los empleadores no está capacitado para pagar el salario impuesto, lo cual -advierte- causará más desempleo, y a su vez, agravará la delincuencia en Calabozo, que ya afecta significativamente a los trabajadores.
Fraile agrega por su parte: «No hay capacidad productiva. Si me dices que puedo sembrar al 100%, pues yo pago, pero no hay ni agua, ni insumos, ni repuestos para reparar los tractores. Cada vez hay menos posibilidad de contratar obreros. No hay puestos viejos y los nuevos los están liquidando, así de sencillo».
En un intento por proteger el ingreso de los trabajadores del arroz y el gasto de los consumidores, el gobierno ha otorgado un subsidio que ha sido modificado de manera progresiva. En este momento es de 16 bolívares por cada kilo de arroz paddy, hace tres años era de 1,1. El problema es que suele ser cancelado con retrasos: estuvieron rezagados desde 2013 hasta el ciclo de invierno de este año, y todavía hay algunos que no lo han recibido. La ayuda representa 30% de la producción, lo cual, de acuerdo con Richard Meléndez, es insuficiente.
Para marzo de 2013 la deuda equivalía a más de 10 millardos de bolívares. Si el Estado paga la otra parte que resta, no tendría un impacto importante en las ganancias de los agricultores, dice Rafael Urdaneta, pues la inflación las supera: en 2015 se situó en 180,9%, según cifras del Banco Central de Venezuela; 2016 cerrará con una inflación superior a 700%, advierte el Fondo Monetario Internacional.
Urdaneta opina que lo ideal es que el valor del arroz sea liberado: «Los controles han generado la grave crisis que tenemos. El precio oficial es de 70 bolívares y sin embargo se está pagando muy por encima de eso. El gobierno lo permite desde el ciclo pasado porque entiende que, si siguen los controles, los pocos agricultores que producimos vamos sencillamente a dejar de hacerlo. Reponer cualquier equipo, repuesto o maquinaria cuesta muchísimo dinero».
Los arroceros proponen que el Estado establezca un monto mínimo como medida de protección al productor, y que la variación dependa de la oferta y la demanda. En lugar de ello el chavismo ha preferido importar el rubro, para que sea vendido a costos que están muy por encima de lo que valdría si fuera de fabricación nacional.
Aquiles Hopkins, primer vicepresidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), expresa que «es insólito que el precio del arroz importado sea libre, mientras la producción nacional está regulada».
«El azúcar extranjera la expenden en 3.000, la harina de maíz en 1.900 y el arroz en 2.500. Compraríamos más barato y se movería la producción nacional si dejaran al productor vender a un precio realmente justo».
Sin insumos ni seguridad
En 2010 el fallecido presidente Hugo Chávez ordenó la expropiación de Agroisleña, argumentando que vendía los productos con sobreprecios. Afirmó que a partir de ese momento la compañía pertenecía al «poder popular».
La corporación, fundada en 1958 por inmigrantes españoles, suministraba 70% de los insumos agrícolas (incluyendo repuestos y maquinaria) y financiaba a más de 18.000 agricultores. Ahora, llamada Agropatria, maneja 99% de los agroquímicos del país, que no se consiguen o son muy caros.
Por ejemplo, la empresa estatal expendía hace tres meses en 10.000 bolívares el litro de Glifosato, herbicida empleado para eliminar la maleza antes de cultivar. Rafael Urdaneta afirma que este artículo es vendido en América Latina por entre 2 y 4 dólares. «Nosotros sacamos la cuenta con el dólar Simadi y obtuvimos como resultado, en ese momento, 17 dólares». Los agricultores deben hacer en cada hectárea dos aplicaciones de 4 litros, o sea, tienen que invertir 80.000 por hectárea.
A partir de la nacionalización de Agroisleña comenzó la caída de la producción. «El gobierno no pudo mantener los ritmos de siembra. Empezó a otorgar insumos a los productores sociales, que Agroisleña también atendía», dice Urdaneta.
Aquiles Hopkins advierte que la escasez de insumos para producir es de aproximadamente 95%. Además, estos son otorgados inoportunamente y de manera deficiente. Señala que el año pasado Agropatria apenas abastecía en el país 20% de los herbicidas, los fungicidas y los agroquímicos.
«Vengo saliendo de Agropatria. No hay nada. Y si van a vender una garrafita de un veneno o cualquier producto, piden que uno lleve los papeles, los títulos de propiedad, la carta autorizada por las juntas comunales. Esto es una grosería. Lo poquito que hay lo quieren administrar como hacen con el arroz y la pasta, con un captahuellas», señala Richard Meléndez, que el 6 de noviembre irá a Brasil con un grupo de agricultores para tratar de comprar insumos.
Por otra parte, Meléndez denuncia el riesgo que sufren los productores de que les roben los implementos de trabajo. En febrero unos sujetos lo despojaron de varios venenos y de unos cochinos. «En estos días se robaron 48 reses de la finca Clemente. Los ladrones se llevan reses, motores, tractores, fertilizantes. En todo el Sistema de Riego la inseguridad está desbordada».
A Demetrio Fraile le hurtaron el motor de arranque, la bomba de inyección y la caja de herramientas, implementos que valora en 2 millones de bolívares.
Orlando Rodríguez, concejal del municipio Francisco de Miranda de Guárico, explica que una de las razones de la inseguridad en Calabozo es la poca cantidad de policías. La ONU recomienda que las ciudades tengan 300 efectivos por cada 100.000 habitantes. En Calabozo hay 200.000 pobladores y solo cuentan con 94 funcionarios.
La delincuencia también afecta otros estados. Aquiles Hopkins relata que en Portuguesa y Barinas se robaron 750 transformadores eléctricos. La gravedad es que este crimen significa dejar de regar 25.000 hectáreas en un año, lo cual se traduce en 125 millones de kilos de arroz paddy, de acuerdo con la explicación del vocero de Fedeagro.
Desesperanza
Calabozo es un reflejo de la crisis nacional del arroz, alimento del que hace 10 años Venezuela exportaba entre 150.000 y 200.000 toneladas hacia Colombia, apunta Hopkins. Además era posible abastecer plenamente los anaqueles nacionales.
El consumo anual del cereal es de 1.200.000 toneladas, con un potencial de siembra de 250.000 hectáreas. Pero la crisis actual limita el rendimiento. Se espera que solo se logre plantar en 110.000 hectáreas, lo cual significa 550.000 toneladas. Esto equivale a aproximadamente 40% de la demanda.
Quiere decir que con producción venezolana solo es posible abastecer los primeros tres o cuatro meses de 2017. Lo demás tendrá que ser importado. Puede que el porcentaje sea menor, pues la cosecha de invierno no se ha desarrollado óptimamente, por la falta de agroquímicos.
«De 2014 a 2015 la producción cayó 40%. Lo mismo ocurre este año. Pasamos de ser un país exportador a uno que debe importar por lo menos 60% del arroz que consume», dice el vicepresidente de Fedeagro.
La crisis del arroz es solo un ápice de lo que padecen los calaboceños, que viven en una ciudad con problemas en los servicios de agua y electricidad, calles agrietadas, escasez de alimentos y medicinas e inseguridad. Pastora Castillo, quien ha vivido sus más de 70 años en la localidad, recuerda con nostalgia los buenos tiempos, en los que «en la mesa siempre sobraba la comida y la familia estaba unida». Dice Francisco Lazo Martí, en su «Silva criolla»: «Es tiempo de que vuelvas; es tiempo de que tornes (…) el recuerdo que arraiga y nunca muere, el recuerdo que hiere, hará sangrar tu corazón, ¡oh Bardo!».
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