Francisco José Eguiguren, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exigió al Ejecutivo venezolano permitir la entrada de medicinas, alimentos e insumos mediante los mecanismos de cooperación internacional, para atender la crisis humanitaria que atraviesa el país.
“La CIDH no solo exhorta, sino que también exige al Estado venezolano que acepte la ayuda humanitaria que se ofrece porque es claro que por las razones que fuera no puede atender su deber y garantía de protección de derechos fundamentales”, añadió.
En su intervención en el 167º período de sesiones que se llevó a cabo en Bogotá, el relator exhortó al presidente Nicolás Maduro a que cese las sanciones unilaterales impuestas contra la CIDH para visitar el país y aclarar las causas del desabastecimiento de alimentos y medicinas.
Francisco Valencia, director de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida, inició su intervención en representación de la sociedad civil con un balance de la situación en la que se encuentran 300.000 pacientes crónicos que dependen del Ministerio de Salud y del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, y que exigen desde hace varios meses la apertura de un canal humanitario para recibir los tratamientos de alto costo que necesitan para sobrevivir.
Añadió que la escasez de materiales y equipos en las salas de hemodiálisis retrasó la administración de las terapias a siete pacientes renales que fallecieron entre enero y febrero de este año.
La falta de fármacos inmunosupresores causó más de 50 rechazos de órgano desde principios de 2017. La importación ineficiente de los factores de coagulación que atenúan los efectos de la hemofilia propició el fallecimiento de 30 pacientes que entraron en crisis con hemorragias y fuertes dolores, señaló. En promedio mueren diariamente 66 mujeres diagnosticadas con cáncer de mama por la falta de quimioterapia.
Valencia citó un monitoreo realizado por la asociación civil Convite el cual dice que el desabastecimiento de medicinas para tratar la diabetes, la hipertensión y las enfermedades respiratorias se ubicó en 90% a comienzos de año. “Nuestra gente muere. Basta ya, queremos vivir”, enfatizó.
Katherine Martínez, presidente de la ONG Prepara Familia, indicó que la precariedad de la atención obstétrica en los centros hospitalarios y maternidades duplicó desde 2016 el número de muertes maternas relacionadas con complicaciones del embarazo: “Fallecen diariamente 2 mujeres y 32 recién nacidos en circunstancias similares”.
Refirió que 34 áreas del Hospital José Manuel de los Ríos presentan un severo desabastecimiento de equipos e insumos.
La activista recordó la muerte de los 10 niños ocurridas en 2017 al contaminarse con el brote infeccioso de Klebsiella y Pseudomomonas, que se diseminó en la unidad de hemodiálisis del hospital pediátrico.
En 2017 se registraron 32 casos de niños con fuerte desnutrición, debido a la aguda escasez de alimentos y suplementos nutricionales. “En lo que va de año hemos reportados otros 5 casos”.
Marianella Herrera, directora del Observatorio Venezolano de la Salud, afirmó que 33% de los niños menores de dos años en sectores populares padecen desnutrición crónica y retardo del crecimiento.
El déficit nutricional agudo en los menores de cinco años superó con un rango de 16% los umbrales de emergencia establecidos por la Organización Mundial de la Salud: “Desde hace dos años se reporta un aumento de muertes por desnutrición severa en nuestras cárceles y centros psiquiátricos”, agregó.
Sin cifras de producción
Susana Raffalli, nutricionista y representante de Provea, declaró que las 125.246 acciones sancionatorias que el gobierno implementó en los últimos años contra los productores y las empresas privadas redujo el proceso alimenticio a la compra de las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Protección. “Como subsidio ha resultado de alto costo, de pobre desempeño social y sujeto a una inflación de 5.500%”.
La especialista aseguró que su contenido es inadecuado en cantidad y calidad para la cultura alimentaria venezolana. Añadió que debido al déficit nutricional cada venezolano ha perdido 11 kilos de peso en el último año.
Ricardo Rosales, representante de Espacio Público, denunció que la ausencia de datos oficiales desde 2015 sobre la producción nacional de alimentos impide conocer la magnitud del déficit de producción.
De las 91 peticiones de información presentadas ante la organización en 2016, el gobierno solo respondió una.
Señaló que en los últimos 8 años se formularon 26 demandas sin sentencia. “Se trata de una política de secreto con graves consecuencias para los derechos humanos”, expresó.