La noticia del deceso, ocurrido el 2 de enero, de Mariángel Romero, quien recibía tratamiento por insuficiencia renal en el servicio de Nefrología del hospital J. M. de los Ríos, recordó, a solo pocos días de que se iniciara el año 2019, que la emergencia humanitaria que atraviesa el país no da tregua. La muerte de la adolescente de 15 años de edad, quien provenía del estado Sucre, vino a sumarse a la de otros 4 pacientes entre 6 y 16 años que han fallecido en esta área del centro asistencial de San Bernardino desde el pasado 21 de febrero, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas de protección para que se garantizara el derecho a la vida de estos niños ante el agudo deterioro del sistema de salud.
La grave situación de las personas que se dializan en el país ha sido reseñada en los reportes nacionales sobre la Emergencia Humanitaria Compleja que realiza periódicamente una coalición de organizaciones no gubernamentales, entre ellas Acción Solidaria, Convite, Codevida, Cepaz, Provea y el Observatorio Venezolano de la Salud. El más reciente informe señalaba que 2.500 pacientes con insuficiencia renal habían muerto entre 2017 y 2018 debido «a las fallas, contaminación, déficit y cierre de las unidades de diálisis». La cifra representa 16% de los 15.000 pacientes que deben recibir este tipo de tratamientos en el país.
El drama de los pacientes renales es una pieza que permite retratar la magnitud de la crisis de salud que afecta a 18,7 millones de venezolanos, «que no tienen garantías de acceso a diagnósticos ni tratamientos», puntualiza el reporte. Se trata de un cuadro «que en el último año adquirió dimensiones de catástrofe», apunta la médica María Yanes, ex presidente de la Red de Sociedades Científicas Médicas. «No ha habido ninguna respuesta de parte del gobierno a la emergencia humanitaria compleja, ni a las necesidades de los centros asistenciales en cuanto a infraestructura, dotación de insumos o equipos ni mantenimiento correctivo o preventivo», agrega. «La salud ha experimentado un colapso progresivo y aterra pensar qué nos espera para los próximos meses».
Esta crisis fue retratada en detalle por la Encuesta Nacional de Hospitales, realizada por la ONG Médicos por la Salud en 40 instituciones públicas de 20 estados y presentada en noviembre. Encontraron que 33% de las camas están inoperativas, al igual que 49% de los laboratorios y 53% de los servicios de rayos X. «Aquí no hay un sistema público nacional de salud como el que establece la Constitución en su artículo 84», añade Yanes.
«El deterioro siguió profundizándose a lo largo de 2018», agrega Luis Francisco Cabezas, director de la ONG Convite. «Hay que recordar que estamos ante una emergencia humanitaria compleja, por su carácter masivo, sistemático, deliberado, en la que el Estado tiene una responsabilidad enorme porque es el causante y además el que tiene la posibilidad de resolverla».
Opacidad y escasez
Jo D’Elia, de la ONG Civilis DD HH, califica lo que sigue ocurriendo en materia asistencial como «una destrucción severa de las capacidades sanitarias y de diagnóstico que no permiten atender ni siquiera las necesidades más básicas, que ha traído como consecuencia daños irreparables en la salud y muertes».
La falta de datos oficiales sobre lo que ocurre suma escalones a la emergencia humanitaria compleja. «El gobierno no solamente censura la información, sino que tiene graves dificultades para obtener data a partir del sistema sanitario que está totalmente desmantelado».
Yanes coincide en que la opacidad en materia de información ha sido la norma a la que se ha apegado el gobierno. «La omisión de la información epidemiológica fue total: la única que suministró información fue la Organización Panamericana de la Salud, pero no ha habido acciones por parte del Ministerio de Salud ante las enfermedades emergentes ni reemergentes».
A partir de datos recopilados en distintas fuentes, que incluyen la Organización Mundial de la Salud, una de las pocas referencias oficiales con las que se cuenta, el reporte sobre emergencia humanitaria de las ONG permite aproximarse a un panorama nada alentador: se contabilizaron más de 400.000 casos de malaria en 2017 y se esperaban más de 700.000 para fines de 2018; la difteria y el sarampión, que se han extendido por todo el país debido a las bajas coberturas de vacunación y los desplazamientos de la población, causaron en conjunto al menos 9.362 casos con 230 muertes el año pasado; 300.000 personas trasplantadas o con condiciones como hemofilia, cáncer, párkinson, esclerosis y otras condiciones crónicas han sido privadas de medicamentos desde 2016; 140.000 pacientes con cáncer y 300.000 con problemas cardíacos han padecido por la falta de diagnóstico, tratamiento y cirugía.
Los sondeos realizados por Convite para monitorear la escasez de medicamentos demuestran que esta no cedió a lo largo del año que acaba de terminar. Los datos de noviembre, los últimos que han contabilizado, se recabaron en farmacias del área metropolitana de Caracas, Barquisimeto, Mérida y Maracaibo, y, en promedio, revelan que hubo 81,5% de desabastecimiento de tratamientos para la diabetes, 77,9% para hipertensión, 94,7% para infecciones respiratorias agudas y 83,9% para diarreas.
El informe llama la atención sobre el caso extremo de la escasez de medicamentos para tratar infecciones respiratorias que se registró en Caracas, donde hubo 100% de desabastecimiento. Cabezas también destaca otros elementos que encontraron durante la realización de la medición, como el hecho de que algunos establecimientos venden medicamentos a precios dolarizados, fuera del alcance del poder adquisitivo de quienes los necesitan, y que también se ha hecho frecuente que se expendan medicinas en blísteres, una presentación que no era frecuente en el país. «En el estado Zulia notamos un poco menos de escasez, pero nuestra hipótesis es que eso está ocurriendo porque se trata de un área fronteriza donde hay contrabando del producto». Es necesario considerar los riesgos que esto tiene en materia de seguridad de estas medicinas, por la falta de controles sanitarios.
Añade que la ONG se propone próximamente incluir en su investigación el estado de desabastecimiento de los medicamentos para pacientes con problemas mentales o neurológicos, debido a que se ha hecho cada vez más notable la ausencia de fármacos antidepresivos, antipsicóticos y anticonvulsivos.
Ayudas bajo la lupa
Pese a la severidad de la emergencia, que las ONG recuerdan que se extiende no solo a la salud, sino a la nutrición, la educación y la seguridad, y que se ha traducido en una emigración masiva de venezolanos, el discurso gubernamental persistió en negarla. Basta recordar lo que afirmó el presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea General de la ONU en septiembre: «Se ha construido a nivel mediático mundial un expediente contra nuestro país para pretender una crisis humanitaria, que utilice los conceptos de Naciones Unidas para justificar una coalición de países encabezada por el gobierno de Estados Unidos y sus gobiernos satélites en América Latina que le ponga la mano a nuestro país. Se ha fabricado por distintas vías una crisis migratoria que se cae por su propio peso».
Sin embargo, los activistas señalan que al final la línea oficial ha sido aceptar el ingreso de alguna ayuda humanitaria, aunque sea de forma solapada o tímida. Fue el caso del anuncio, en noviembre, de la aprobación de 9,2 millones de dólares de ayuda humanitaria provenientes del Fondo Común de Respuesta a Emergencias de Naciones Unidas que, según se informó, serían destinados para el apoyo nutricional a niños menores de 5 años, mujeres embarazadas y madres lactantes que se consideraran en condiciones vulnerables.
Cabezas señala que otros indicios de aceptación de que hay una emergencia humanitaria fueron la visita del buque hospital de China, pese a las críticas que hubo contra su actuación, la aceptación de la donación hecha por Rusia de 9,5 toneladas de insumos médicos para los hospitales e incluso la creación del programa gubernamental Vuelta a la Patria, para repatriar venezolanos. «De alguna forma es un reconocimiento indirecto a la crisis migratoria». Yanes y D’Elia coinciden en que los anuncios de acciones para paliar la crisis de salud, como el arribo de 22 toneladas de materiales médicos para los hospitales enviados por la OPS, terminan como acciones marginales, que ni siquiera han aliviado la crisis. D’Elia lo explica con una pregunta: «¿Cómo puedes responder con una infraestructura que está totalmente destruida?»
La crisis expulsa médicos y pacientes
Más de 22.000 médicos han emigrado del país en los últimos años, según cifras recogidas por el reporte Emergencia Humanitaria Compleja, elaborado por una coalición de ONG. “Se han ido no solo médicos recién egresados, sino especialistas de larga trayectoria y estudiantes que ni siquiera han culminado sus carreras y que pierden la esperanza de poder hacerlo por la crisis de las universidades autónomas”, la médica puntualiza María Yanes.
Al igual que muchos otros venezolanos, los médicos han decidido irse por las difíciles condiciones económicas y la inseguridad, pero también por el deterioro de los centros hospitalarios. “Deben prestar atención en condiciones deplorables, una situación que escapa de sus manos”. Otras profesiones del área de salud también han sido golpeadas por el fenómeno, pues se calcula que 24% del personal de enfermería y 30% de los bioanalistas se han ido del país. Yanes recuerda que el sector salud cumple más de 6 meses en paro técnico sin que hasta ahora haya habido un ofrecimiento de las autoridades para resolver la crisis.
Del otro lado del espectro, la emigración también se ha visto alimentada por los pacientes: son incontables las personas en condiciones crónicas que han tomado la decisión de irse del país para poder recibir el tratamiento que escasea aquí. “La falta de atención oportuna es uno de los motivos principales de migración. Hay que incluir a las embarazadas que deciden salir a parir en otros países, debido a los riesgos de hacerlo aquí”, añade Jo D’Elia, activista de derechos humanos. A ello hay que sumar, dice Yanes, que la migración también se ha convertido en un factor de diseminación en la región de las epidemias que han sido descuidadas por el gobierno, entre ellas malaria y sarampión.
Rechazan tutela y militarización
Los activistas de derechos humanos han solicitado participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales tanto en la distribución como en el control de la ayuda humanitaria que ingrese al país. “Lo que pedimos es que ésta no sea militarizada y que su manejo sea transparente, pues no se trata solo de recibir la ayuda, sino de planificar cómo será la logística para llevarla a quien la necesita y garantizar que sea continua”, señala Luis Francisco Cabezas, de la ONG Convite.
Añade que, aunque las organizaciones ven como positivo que se permita la visita de representantes de organismos internacionales, como ocurrió el pasado mes de junio cuando estuvo en el país Carissa Etienne, representante de la Organización Panamericana de la Salud, se oponen a que se ejerza, de parte del gobierno, “una tutela” sobre lo que estos funcionarios pueden hacer. “El gobierno acaba de confirmar que vendrá la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, una visita que deberá estar precedida por la de técnicos y expertos. Queremos que se organice una agenda amplia y diversa, que incluya organizaciones, lugares y personas afectadas que no estén bajo el control del Estado”. La oficina que encabeza Bachelet debe elaborar un informe sobre el país para responder a una solicitud emitida en septiembre por el Consejo de Derechos Humanos que también pidió entonces al gobierno que dejara ingresar ayuda humanitaria.
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