En febrero, un documento elaborado por un grupo de relatores de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas alertaba sobre el alarmante estado de las condiciones de vida en el país: “Millones de personas están padeciendo la falta de alimentos, de medicamentos esenciales, la carestía de bienes de primera necesidad, incluyendo de higiene personal, cortes de electricidad y condiciones de vivienda inadecuadas. Las condiciones siguen empeorando día a día, poniendo muchas vidas en riesgo”, alertaban los expertos.
Como demuestran los hallazgos reportados por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2018, llevada adelante por investigadores de varias instituciones, entre ellas las universidades Católica Andrés Bello, Central de Venezuela y Simón Bolívar, el escenario que alarmó a los expertos ha sido una constante que no ha cejado durante los últimos 12 meses. La Encovi arrojó como conclusión que se han profundizado algunos de los problemas más graves, que ya se han hecho crónicos para los venezolanos y que hacen difícil la cotidianidad para la mayoría. De acuerdo con las cifras, recogidas a partir de la consulta entre 5.959 personas, entre julio y septiembre de este año, 94% de la población considera que los ingresos que recibe son insuficientes para vivir, en contraste con 87% que confesaba lo mismo en 2017, una señal de que la espiral hiperinflacionaria que ha caracterizado la economía venezolana –el Fondo Monetario Internacional calcula que la inflación cerrará en 1.370.000% al finalizar el año– ha seguido consumiendo la capacidad de los hogares para responder ante la crisis.
Sin embargo, hay otros acicates de la pobreza, además de los mermados ingresos que reciben los hogares. La Encovi tomó en cuenta otras variables para retratar el difícil entorno en el que deben sobrevivir los venezolanos. María Di Brienza, del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB, señala que se hizo uso de un enfoque que considera la pobreza un problema multidimensional, que incluye aspectos como las condiciones de la vivienda, el acceso a los servicios básicos y los años de escolaridad. “Es necesario contar con diversas miradas para aproximarse a ese fenómeno complejo, y por eso la recolección de datos y el análisis se hacen desde distintas aristas. Enconvi ha abordado el problema de la pobreza con los métodos que más se usan en América Latina para medirla, y por eso el cuestionario que se administra intenta abarcarlos”, dice.
Esos indicadores de pobreza multidimensional muestran que 48% de los hogares venezolanos son pobres, un aumento de dos puntos porcentuales en relación con lo que ocurría en 2017. La coordinadora de la investigación, Anitza Freitez, explicó, durante la presentación de los resultados preliminares de la encuesta el 30 de noviembre –el estudio completo se dará a conocer a finales de enero de 2019– que las cifras muestran el declive del estándar de vida. “El deterioro del ingreso y las carencias de activos en el hogar están contribuyendo con mayor medida a los niveles que ha alcanzado el empobrecimiento de la población”, señaló entonces.
Otro de los indicadores de deterioro medidos por la encuesta es la precariedad de la protección social: 60% de los hogares se incluye en esta categoría. En cuanto a vivienda, en 10 de cada 100 se reportan materiales inadecuados y hacinamiento.
Servicios inasequibles
El retrato ofrecido por la Encovi también evidencia el menoscabo de los servicios públicos, especialmente el acceso a los servicios de agua y electricidad. Solamente 29% de los hogares consultados recibe agua todos los días, mientras 38% admite que llega algunas veces por semana, otro 14% un día a la semana, 14% una vez cada quince días y 5% no la recibe nunca. Todas las categorías muestran un empeoramiento con respecto al año pasado, cuando 45% de los hogares aún recibía un servicio regular.
Con respecto a la electricidad ocurre otro tanto: 25% de los hogares reporta que no tiene luz por varias horas al día, en contraste con 15% que hacía esa afirmación el año pasado. En 29% de los admitieron que sufren apagones alguna vez al mes, mientras el año pasado el porcentaje era de solo 10%.
La encuesta también evidenció un aumento en el porcentaje de la población receptora de alguna de las misiones sociales: 63% declara que es beneficiaria, en contraste con 8% que lo era en 2014. Este año, 7,3 millones de hogares declararon que recibieron las cajas con productos alimenticios y de primera necesidad distribuidas por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción y en 6,9 millones reportaron que hay algún miembro que está registrado en la base de datos del carnet de la patria. El año pasado los hogares receptores del CLAP fueron 6,7 millones y hubo 5,8 millones de hogares con algún miembro carnetizado.
Freitez considera que la ampliación de la cobertura de los planes gubernamentales a esos niveles de ninguna manera puede leerse como un logro. “Significa que se está atendiendo a una mayor cantidad de población porque ésta tiene dificultades y se está perdiendo la focalización en la atención de necesidades en la población más vulnerable”.
Un detalle que deja en evidencia la encuesta es la inconsistencia de la distribución de la asistencia alimentaria, principal oferta de los CLAP, surgidos en medio de una salvaje escasez de productos alimenticios: 41,2% de los hogares reporta que recibe la caja una vez al menos o con menor frecuencia y 43,4% indica que no hay periodicidad establecida para ello.
Pérdida del bono demográfico
La migración, como fenómeno, también fue medida por los encuestadores. De acuerdo con los hallazgos de la Encovi, 1,5 millones de venezolanos se marcharon del país, principalmente a Colombia, que ha recibido 569.000 personas, seguida de Perú, adonde han llegado 411.000 venezolanos, y Chile, donde se han radicado otros 107.000. También aparecen en la lista de receptores importantes Ecuador, Argentina y Panamá. “La población migrante se dirige ahora sobre todo a Latinoamérica, cuando en el pasado lo hacía a Estados Unidos y a España”, apuntó Freitez. Ese movimiento migratorio se registró sobre todo durante 2017 y 2018, de acuerdo con los resultados.
La Encovi también determinó que este año la población laboralmente activa ha descendido hasta alcanzar 57%. Según la encuesta uno de los sectores de la población que se ha visto más afectado por el fenómeno son los jóvenes de entre 15 y 24 años de edad, que están saliendo del bachillerato o terminando una carrera universitaria. La otra porción de la población en la que se ve una reducción de la tasa de actividad son los mayores de 60 años de edad.
Maryolga Girán, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de Conindustria, señala que es precisamente la población joven uno de los segmentos que emigra mayoritariamente. La Encovi indica que la diáspora ha significado una válvula de escape que libera el mercado laboral, lo que para Girán se traduce en que sí hay vacantes en las empresas, aunque las condiciones económicas hacen imposible satisfacer las necesidades de los jóvenes. “Los que terminan su carrera universitaria, hacen un posgrado y se preparan, por lo general acaban yéndose del país porque no encuentran empleos con remuneraciones salariales decentes para hacer sus vidas”, dijo.
La observación de la experta coincide con los resultados de la encuesta, que señala que la motivación de casi 70% de los emigrantes ha sido buscar empleo. Otras razones mencionadas por quienes dejan el país son la persecución política, la violencia o la inseguridad, por razones de estudio o por reagrupamiento familiar.
Para Girán, los jóvenes que se quedan se pueden clasificar en dos subgrupos: los que estudian y tienen trabajos de medio tiempo, y los que no poseen ningún grado de instrucción académica y por lo tanto tienen una alta posibilidad de incurrir en la delincuencia o acaban por desempeñarse en trabajos informales.
La migración masiva de jóvenes supone la pérdida del bono demográfico del que debía disfrutar el país, añade. Es decir, Venezuela se está quedando sin ese margen a favor de población joven, preparada, que iba a suponer un incremento de la productividad.
¿Qué hacer con todo este volumen de datos? La Encovi ofrece una radiografía profunda de la situación de los venezolanos, cuyos usos, señala Di Brienza, pueden ser útiles para el diseño de políticas públicas. “Es la información lo que puede orientar para saber con detalle dónde están las fallas y cómo se debe actuar para mejorar la situación”.
Pupitres vacíos a causa de la migración
Los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida indican que la asistencia de niños y jóvenes a instituciones educativas ha disminuido 8 puntos porcentuales con respecto a 2014, pues solo 70% de la población en esas edades asistió regularmente a clases en 2018. Los motivos son variados y hablan no solo de la precariedad de los centros educativos, sino también de cómo la crisis repercute en ellos: ausencia de personal, falta de transporte, fallas en los servicios de agua y electricidad, carencia de comida en la casa o en el plantel, así como manifestaciones, entre otros.
Son factores que hacen mella en la educación y en las oportunidades de niños, niñas y adolescentes. La tendencia se acentúa entre los jóvenes de entre 18 y 24 años de edad. Encovi reportó que en ese rango etario solo 35% asiste a clases. El investigador Luis Bravo Jáuregui, dela Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela, explica que eso ocurre porque la población en esas edades se está yendo del país en busca de mejores oportunidades. “Estudiar en Venezuela y graduarse ya no es atractivo para muchos jóvenes que inician su vida de adultos. Cifras ofrecidas por el diputado Carlos Valero, de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, señalan que 4 de cada 10 jóvenes deciden emigrar”.
Otro dato de la encuesta es que disminuye la proporción de población femenina que asiste a instituciones educativas. En 2016 el porcentaje de niñas, adolescentes y mujeres entre 3 y 24 años de edad en las instituciones educativas era de 76%, 3 puntos porcentuales más que de varones. Hoy la brecha se ha acortado a 2%, pues 71% de ellas recibe educación formal, y 69% de ellos acude a las escuelas.
Bravo calificó de ineficiente la gestión del Ejecutivo en materia educativa. “Desde 1998 el gobierno ha implementado planes de inclusión escolar a través de las misiones y planteles públicos, pero una cosa es construir escuelas y otra muy diferente impartir educación de calidad”.
Eso empaña lo que el Ejecutivo exhibe como logro, que un alto porcentaje de la población escolar asiste a planteles oficiales. De acuerdo con la Encovi ello, en efecto, ocurre con más de 70% de los estudiantes de entre 3 y 17 años de edad.
