Como una ofrenda al fallecido Hugo Chávez, el partido de gobierno en Venezuela aprobó en la Asamblea Nacional que controla la tan criticada Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro, que activistas por los derechos humanos han calificado como «ley antisociedad».
El instrumento tiene 39 artículos y contempla los supuestos por los cuales una ONG puede ser disuelta o sancionada por el gobierno, como incurrir en actividades que funcionarios consideren busquen generar desestabilización, promover acciones terroristas u odio en el país. También plantea la obligatoriedad de develar las finanzas de todas las organizaciones, so pena de castigos incluso penales.
Desde la bancada gubernamental, el impulsor de la iniciativa, Diosdado Cabello, insistió en afirmar que las ONG en Venezuela financian acciones políticas y violentas contra el gobierno, siendo usadas como fachada.
El martes, cuando avanzó la discusión del articulado, el alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Turk, había pedido a las autoridades no adoptar esta u otras leyes que socavan el espacio cívico de Venezuela. La Relatora Especial de la ONU para la Libertad de Asociación y Asamblea, Gina Romero, también lamentó la decisión del Parlamento venezolano.
Activistas contra ley que pretende fiscalizar las ONG
Activistas de derechos humanos en Venezuela encendieron alertas por la nueva normativa.
«La ley tiene una intención punitiva», dijo en una declaración a la prensa Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, quien estimó que unas 10.000 organizaciones de este tipo hacen vida en el país.
«Va a ser una espada de Damocles. Todas las organizaciones que existimos ahora vamos a quedar a la discrecionalidad, por no decir arbitrariedad, de un funcionario», advirtió Daniels.
Es «un golpe» para «controlar hasta el más mínimo ámbito de la vida de las personas y el país (…), amenazando con disoluciones y multas millonarias a las ONG que ya estamos consolidadas y cumplimos decenas de leyes e impuestos», criticó en un comunicado en la red social X la organización de derechos humanos Provea.
«Alertamos a la comunidad internacional sobre esta ley que profundizará la persecución a las voces disidentes y silenciará el espacio cívico», agregó.
Espacio Público, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, sostuvo que esta norma «concreta la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil».
Las ONG han sido clave en las denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela, ante la opacidad de las fuentes oficiales.
Son a la vez blanco frecuente de ataques de altos funcionarios gubernamentales, que suelen acusarlas de funcionar como «fachadas» para conspirar contra Maduro con financiamiento de Estados Unidos y otros países.
Víctor Amaya
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