El tono subió entre Tegucigalpa y Washington a raíz de una declaración de la embajadora estadounidense en Honduras, Laura Dogu, quien criticó al ministro de Defensa hondureño por haberse reunido con su par venezolano Vladimiro Padrino, sancionado por Washington.
«La injerencia de Estados Unidos es intolerable. Se está fraguando un plan en contra de mi gobierno», declaró este jueves 29 de agosto la presidenta Xiomara Castro y canceló el acuerdo de extradición que existe entre Tegucigalpa y Washington.
Este tratado ha permitido extraditar al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión en Nueva York por tráfico de drogas.
El argumento de la injerencia, sin embargo, no convence a varios expertos en temas de seguridad. “Lo que se andaba buscando era un motivo o un pretexto para que el país continuase entregando, a veces obsequiosamente, a los traficantes hondureños a la justicia norteamericana”, apunta al micrófono de RFI el exdiputado Raúl Pineda Alvarado, hoy profesor de derecho en la Universidad Nacional de Honduras.
Explica que el tratado era útil en la medida en que los narcotraficantes “le tienen miedo” a la extradición. “En el caso de Honduras ha sido beneficioso en tanto figuras del narco, que no tenían ni siquiera una sanción de tránsito, fueron expeditamente llevados a los Estados Unidos y el 100% de ellos han sido objeto de condena”, dice.
Acuerdo de extradición entre Honduras y Estados Unidos
¿Por qué razones Xiomara Castro busca denunciar el acuerdo de extradición? “En las cortes de Estados Unidos se ha mencionado a personas cercanas al entorno familiar de la presidenta, como vinculadas o relacionadas con personajes del narco. Una de las especulaciones es que el afán de proteger a estas personas es lo que ha determinado la declaración de que Honduras no está dispuesta a cumplir con las obligaciones que le da el tratado”, asegura Pineda Alvarado.
El canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, indicó por su parte que la decisión de la presidencia se debe a temores de que Estados Unidos utilice este tratado como un arma política contra funcionarios del gobierno hondureño.