En las prisiones venezolanas habría, según Maduro, 2.000 presos al cabo de dos semanas de protestas contra su presunta elección, la cual es cuestionada por la oposición, que sigue pidiéndole al mandatario saliente las actas que demuestren su victoria. La ONG de defensa de los derechos humanos Provea no tiene forma de verificar esa cifra, pero sí denuncia que la represión afecta incluso a menores de edad y discapacitados.
«Foro Penal, ONG aliada a Provea, tiene en su registro compartido con nosotros el dato de 114 adolescentes y 16 personas en situación de discapacidad que han sido detenidos. Es la primera vez que ocurre [en Venezuela] un encarcelamiento de forma tan masiva a menores de edad y personas en situación de discapacidad por razones políticas. Las autoridades imputaron a los menores por terrorismo, conspiración e incitación al odio. Son los mismos cargos con los que han sido acusados los adultos’, dijo a RFI Óscar Murillo, coordinador general de Provea en Venezuela.
Provea asegura también que los jóvenes no cuentan siquiera con el respeto de las normas internacionales de protección a la niñez, una de las principales exigencias de la ONU.
¿Ha habido detenciones arbitrarias en Venezuela?
«A la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos se agrega la violación de la libertad personal y del debido proceso, porque no se les permite a las personas tener un abogado ni se les comunican las garantías judiciales para la defensa. A todo eso hay que sumarle las penosas condiciones en las que se encuentran los recintos carcelarios del país, ahí donde se encuentran hoy esos adolescentes y esas personas en situación de discapacidad», subraya Murillo, quien denuncia asimismo detenciones arbitrarias. Prueba de esto último es que los menores de edad no pertenecen a la estructura de los partidos políticos.
«Hay personas que fueron detenidas porque les pidieron arbitrariamente revisar su teléfono y encontraron un video descargado sobre alguna campaña, movilización, un mensaje político, un meme o una tira cómica sobre el tema electoral. Entonces, esos son escenarios que se inscriben en este gran crimen que nosotros llamamos ‘persecución por razones políticas’, el cual se manifiesta a través de la detención muy arbitraria de jóvenes de zonas y comunidades populares».
El poder a cualquier precio
En esta represión hay que agregar los casos de desaparecidos. Entre el 29 de julio y el primero de agosto, Provea registró 40 casos de desapariciones forzadas. Las víctimas son en su gran mayoría hombres adultos que han sido detenidos por cuerpos policiales como el Sebin y la División de Contrainteligencia Militar. A esto hay que agregar desapariciones por hasta 72 horas de aproximadamente 1.500 personas, lapso durante el cual los familiares viven en la zozobra absoluta.
«Esta escalada de la represión en Venezuela, que siguió a las elecciones del 28 de julio, tiene un claro propósito: aplastar el movimiento electoral que fue levantándose en Venezuela en los últimos meses y que dio como resultado una elección que, a todas luces, pareciera favorecer al candidato Edmundo González. Y creo que me quedo corto con el término ‘aplastar», puntualiza Murillo.
El coordinador general de Provea considera: «Después de revelarse unos resultados electorales en Venezuela, que no terminan de ser transparentes ni fiables, estamos ante una suspensión, por la vía de los hechos, de las garantías constitucionales, específicamente el derecho a la libertad personal, al debido proceso, a la integridad personal, al derecho a la vida y, por supuesto, los derechos a la manifestación pacífica, la libre expresión y de asociación».
Con todo esto, es claro para Murillo que «el gobierno ha tomado la firme decisión de permanecer en el poder a cualquier precio».
Pero, ¿cuál cree Murillo que es ese precio? “Aumentar la represión. El propio Nicolás Maduro se ufana de decir que son más de 2.000 los detenidos. Estamos ante un terrorismo de Estado y de control social cuyo objetivo es generar temor y una parálisis general de la sociedad en respuesta a las protestas por los abusos y los reclamos por los resultados electorales. En Provea no dudamos en calificar esta situación como una suspensión de las garantías, es decir, la extinción del Estado de derecho”.
Estados Unidos, al igual que países de América Latina, ha condenado los hechos en Venezuela. Pero a pesar de ello el presidente Nicolás Maduro continúa ignorando las peticiones de la comunidad internacional y pidió el lunes mano de hierro a los poderes del Estado para aplacar a los manifestantes.