Aun se comenta el gran escándalo a nivel mundial tras las sanciones impuestas el pasado jueves 29 de marzo por La Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales de Panamá a 55 funcionarios y 16 empresas vinculadas al Gobierno socialista de Nicolás Maduro, agregando las ya conocidas penalizaciones financieras por parte de la confederación Suiza.
Entre los 55 sancionados, están Diosdado Cabello, Freddy Bernal, Maikel Moreno, Tibisay Lucena y la rectora principal del Poder Electoral, Tania D’Amelio; extesorero Carlos Erick Malpica Flores; ministro de Cultura Ernesto Villegas y el gobernador de Aragua Rodolfo Marcos Torres, entre otros.
Dichos personajes no podrán realizar ningún tipo de transacción comercial o financiera en el país centroamericano ya que son considerados figuras de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La República de Panamá pasó a ser el primer país latinoamericano en imponer sanciones económicas a figuras del Gobierno de Maduro, sumándose a acciones similares emprendidas por Estados Unidos, Unión Europea, Canadá y Suiza.
De acuerdo a investigaciones realizadas por algunos portales web venezolanos difundidos por la agencia de investigación Venepress, señalan que 10 de esas sociedades vinculadas al blanqueo de capitales fueron registradas en Panamá en una semana y entre su directiva figuran la hermana y el cuñado de la Primera Dama Cilia Flores.
Las identidades de sus directivos son las que han generado impacto, sobre todo porque se menciona principalmente a Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de la Primera Dama de la República, Cilia Flores y quien además desempeñó funciones como Tesorero de la nación.
Ahora bien, razón tiene el diputado a la Asamblea Nacional, Ismael García, en solicitar a Panamá que presente el listado de las propiedades blanqueadas por los jerarcas del Gobierno, y así conocer hacia donde fue desviado el dinero público, cuales son las cuentas, bancos y montos de los revolucionarios sancionados.
“Por más que el Gobierno rechace y desconozca a la Asamblea Nacional legítima por estas y otras razones, como el daño patrimonial causado a la nación por más de 300 mil millones de dólares, más temprano que tarde en Venezuela habrá justicia”, enfatiza García.
Para finalizar, en declaraciones de la Ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Valera, dijo: “Panamá debiera publicar listas completas con nombres y apellidos de todos los bienes y cuentas bancarias, negocios o títulos que cualquier venezolano tenga dentro de su territorio, ¿A que no lo hacen? Simple, quienes tienen allí bienes y fortunas pertenecen a la oposición”.
En @ReporteYa seleccionamos algunas opiniones de nuestros destacados seguidores:
El Exiliado político, Antonio Ledezma @alcaldeledezma redacta: “Panamá ya dio el paso, y viene una catarata de sanciones contra los depredadores de las finanzas públicas, perpetradores de violaciones de derechos humanos, aliados de narcotraficantes y terroristas”.
El Periodista, Javier I. Mayorca @javiermayorca señala: “En menos de una semana hubo sanciones contra operadores del oficialismo por parte de dos países conocidos por ser receptores de capitales: Suiza y Panamá”.
El usuario, Alberto Chacón Ferrer @chaconferrer expresa: “las sanciones no los quita del poder”.
Nuestro seguidor, Renee Pernia @rperniaa explica: “Que depositen los reales confiscados en una cuenta para la recuperación económica de Venezuela en el futuro”.
La tuitera, Mary @marycorral comunica: “También deben expulsar a la cantidad enorme de chavistas que hacen vida ahí en Panamá”.
Nuestra seguidora, Mercedes Mendoza @MercedesMargari comenta: “¿Hasta cuándo sanciones? llevamos años en eso y ¿Donde están las acciones?”.
Finaliza, Omar Enrique Castro @omarkas escribiendo: “¿Cuando Venezuela podrá tener información sobre los montos en cuentas que tienen estos personajes? Ciudadanos tienen derecho a saberlo”.
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