Las micros no entran, pero las pocas que pasan lo hacen por la Avenida 18 de septiembre, que está al inicio del callejón.
El asentamiento está a 45 kilómetros al sur de Santiago.
Salvo el recuerdo que se alberga en algunas de las casas, poco queda del paisaje de la primavera de 1973. Entonces el asentamiento era poco: 24 casas de familias campesinas. La calle era solo tierra. El verdor cubría las copas de los árboles. Los ruidos de los animales de cría —gallinas, caballos y perros— se escuchaban de fondo.
Gracias a la Reforma Agraria, esas familias consiguieron un terreno, que delimitaron con palos y alambre de púas.
Ahí, en un gran fundo que se tomaron en 1970, estas familias construyeron sus viviendas.
Ahí, donde solo había potreros, sembraron las verduras que más tarde cosechaban.
Pero ahí también sobrevino la tragedia, la desaparición y la búsqueda.
En octubre de 1973 agentes de la dictadura se llevaron a 14 de los 15 hombres —el otro era un anciano— adultos que vivían ahí.
Hoy en esa fecha, a lo largo del callejón se prenden velas recordándoles.
—El 10 de octubre, los Carabineros de Paine se los llevaron —recuerda Ana María Álvarez Balmaceda, una de las llamadas viudas del callejón 24 de abril.
Álvarez se refiere a su marido, Mario Enrique Muñoz Peñaloza.
Mario Enrique Muñoz Peñaloza, de 24 años, tenía dos hijos, era obrero agrícola, militaba en el Partido Socialista y era vicepresidente del Asentamiento 24 de abril.
Fue uno de los 14 hombres que fueron sacados a la fuerza del asentamiento y que dejaron esposas, hijos y madres.
Nunca se han recuperado sus restos.
Paine, consigna un libro de 2016 publicado por la Red Metropolitana de Sitios de Memoria, ostenta un triste récord. Es la comuna con el mayor porcentaje de detenidos desaparecidos y ejecutados de Chile en relación a su población total: 70 personas asesinadas en una localidad que en 1973 bordeaba los 30 mil habitantes.
El Regimiento de Infantería de San Bernardo tuvo un rol estratégico durante el bombardeo a La Moneda y luego algunos de sus miembros fueron importantes en el aparato de represión de la dictadura. Tras el golpe, el Regimiento San Bernardo fue uno de los centros de represión más brutales y está vinculado directamente con la desaparición de cientos de personas. Lo hicieron con el apoyo de miembros de la Comisaría de Carabineros de Paine y algunos civiles.
El informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig) dice que el Regimiento de Infantería de San Bernardo “también fue usado como centro de detención, aún cuando nunca las autoridades militares lo reconocieron así”. El regimiento se encuentra a los pies del Cerro Chena (ubicado al costado derecho de la Ruta 5) donde se ejecutaron centenares de detenidos. “Algunos de los cuerpos sin vida de estas personas fueron enviados al Instituto Médico Legal de Santiago, y se dejó establecido en los respectivos protocolos de autopsia que esos cadáveres provenían del mencionado Regimiento. En este lugar se practicaron numerosas formas de tortura”.
Las primeras horas
Son las dos de la tarde. Es 23 de noviembre de 2022. Ana María Álvarez —una mujer de pelo corto, modales amables y frases concretas— está en el patio de su casa rodeada de un gato y una perra blanca. Con voz calmada recuerda los días antes de que carabineros se llevaron a su marido, Mario Enrique Muñoz y a los otros hombres del campamento.
—Después de septiembre (de 1973), mi marido y todos los que se tomaron este terreno estaban muy asustados… No comían, ni dormían, porque sabían que iban a caer en esto.
Las sospechas eran fundadas. Además de vicepresidente del asentamiento 24 de abril, Mario Muñoz era militante del Partido Socialista, dos razones para llamar la atención de los agentes represores.
Mario Enrique Muñoz fue el primero en ser sacado del callejón por los carabineros. El 10 de octubre, mientras estaba jugando un partido de fútbol amateur, llegaron a buscarlo a su casa y salió a encontrarlos. A mitad de camino, le pegaron un culatazo, lo echaron en un jeep y se lo llevaron.
Un hecho trivial, un asunto doméstico —el desperfecto de un televisor— impidió que Ana María Álvarez, entonces de 18 años y madre de dos niñas, estuviera en el momento de la detención de su marido,
—Me dijo: “Anda a Buin a arreglar la tele. Si a mí me pasa algo, la vendes… para que tengas con qué darle de comer a las niñas”. Pero yo con una tele no iba a tener para 50 años que llevamos en esto.
Camino a Buin, unos 15 minutos al norte de Paine, Ana María Álvarez se encontró en un microbús con su vecino, Manuel Tamayo, quien fue el encargado de llevar las malas noticias a los oídos de Ana. Pero ella se hizo la desentendida. No quería creerlo.
—Cuando me bajé de la micro y me estaba esperando mi papá, que me dijo: “Oye, recién se llevaron al Mario los Carabineros”… Yo qué iba a hacer: lloraba, lloraba y lloraba, porque mis hijas llamaban a su papá.
La mañana del 10 de octubre no sería la última vez que Ana María Álvarez vería a Mario Muñoz.
—El 11 de octubre, a las 7 de la mañana, lo fui a ver a la comisaría de Paine.
La acompañó su suegra y su mamá. Fue tanto la insistencia que un carabinero le dijo a otro: “Ya, anda y lo sacas para que vean que está aquí y así quedan tranquilas”. Mario Muñoz salió, pero estaba totalmente ido.
—Ya parecía que lo habían torturado.
Al otro día, Ana María fue sola a la comisaría, pero le habían trasladado a la Escuela de Infantería de San Bernardo. Le advirtieron que allá se podría encontrar el padre de sus hijas.
Haciendo caso omiso sobre lo peligroso que significaba ir a un regimiento tras un golpe de estado y una evidente persecución por parte de agentes de la dictadura, fue al lugar, pero no obtuvo información. Volvió otras veces, pero la respuesta fue siempre la misma. El comienzo de una búsqueda sin respuestas.
Sin rastro
A muchas mujeres del callejón les arrebataron a sus hijos, a sus padres y a sus cónyuges, y su búsqueda de justicia no ha cesado. Es el caso de Mercedes Peñaloza, la madre de los hermanos Muñoz: Mario Antonio, Silvestre René, Jorge Hernán y Ramiro Antonio, además del cuñado de éstos, Basilio Valenzuela, y el marido de una sobrina, Rosalindo Herrera.
Mónica Muñoz, hija de Mario Enrique Muñoz y Ana María Álvarez Gaete, recuerda:
—Todos los días de Dios mi abuela lloró por sus hijos.
El primer detenido fue Mario Enrique Muñoz. Casi una semana después, militares y carabineros llegaron para llevarse a los otros hermanos y al resto de los pobladores del callejón 24 de abril.
—¿Sabe lo que pedía ella? Ella quería saber dónde estaban sus hijos —dice Mónica Muñoz, quien se une a su madre en la conversación.
Ana María Álvarez, de pelo corto y mirada tranquila, es una de las pocas viudas que aún pueden entregar su testimonio: el paso del tiempo ha silenciado algunas voces. Ella, en tanto, mantiene viva su historia. Tiene 68 años, sigue viviendo en el callejón 24 de abril y se ha encargado de transmitir su lucha a las generaciones siguientes.
—Miro para atrás y digo: ¿Cómo lo hice todo ese tiempo? ¿Cómo crié a mis hijas? Me emociono, porque fui una persona que luchó por sus hijas, que luchó por buscar a su marido, que lo buscó por todos lados y no lo encontró en ningún lado.
En un momento, comenta, todo se puso cuesta arriba. Dejó su casa y partió a trabajar a Santiago. Empezó a ver menos a sus hijas. En paralelo, inició una búsqueda interminable.
Las viudas del callejón recorrieron juntas el Estadio Nacional, Tejas Verdes, Tres Álamos y la Escuela de Infantería de San Bernardo, el último paradero de muchos de los campesinos de Paine.
Las viudas visitaron todos los lugares donde les dijeron que podían estar sus familiares. Sin recibir respuesta alguna.
El proceso
El camino que han transitado las viudas del callejón de Paine ha sido largo y doloroso. Comenzó con la presentación del primer recurso de amparo masivo ante la Corte de Apelaciones el 24 de marzo de 1974.
El recurso fue rechazado en noviembre de ese mismo año, pero el exministro Enrique Zurita llevó adelante un proceso sobre los casos de Paine y en febrero de 1975 abrió un sumario. Dicho sumario cerró su investigación sin más en septiembre de ese año, decisión aprobada por la Corte de Apelaciones capitalina el 10 de mayo de 1976.
El caso de los detenidos del callejón de las viudas, está archivado bajo el nombre de “Paine principal” y tuvo un fallo de la Segunda Sala Penal de la Suprema en junio de 2022. La resolución dictada por los ministros Jorge Dahm, Leopoldo Lanos, la ministra María Teresa Letelier y los abogados Integrantes Diego Munita y Leonor Etcheberry es claro: condenó a los criminales de lesa humanidad Jorge Romero Campos y Arturo Fernández Rodríguez a la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo, como autores de homicidio calificado.
Las viudas del callejón recorrieron juntas el Estadio Nacional, Tejas Verdes, Tres Álamos y la Escuela de Infantería de San Bernardo, el último paradero de muchos de los campesinos de Paine.
Siete militares en retiro —José Vásquez Silva, Carlos Lazo Santibáñez, Juan Opazo Vera, Roberto Pinto Labordarie, Jorge Saavedra Meza, Víctor Sandoval Muñoz y Carlos Durán Rodríguez— fueron condenados a 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, como autores de homicidio calificado y otro exmilitar fue condenado a siete años de cárcel.
La esperanza y la burla
La lucha de Ana María Álvarez no ha sido solitaria ni sencilla.
En una ocasión un grupo de familiares de los detenidos desaparecidos de Paine realizaron una reunión en la iglesia de la comuna de Paine. Comenzaban los 80 y la dictadura había prohibido las reuniones. Pero ellos se juntaban a tomar once con la asistente social de la Vicaria de la Solidaridad, impulsada por el cardenal Raúl Silva Henríquez para prestar asistencia a las víctimas de la dictadura militar. Aquella vez en la iglesia, Ana María y Graciela Tamayo (esposa de José Domingo Adasme Núñez, otro agricultor de callejón que fue detenido el 16 de octubre de 1973), fueron detenidas por dos agentes de la dictadura y al resto de las mujeres que estaban en la iglesia. Esas acciones, lejos de coartarlas, les dieron más fuerza.
María Mercedes Balmaceda se encontraba en busca de su hijo, el hermano mayor de Ana María Álvarez: Luis Alberto Gaete Balmaceda.
Luis tenía 20 años, era obrero agrícola y no tenía militancia política. Estaba casado con Rosa Becerra, quien estaba embarazada: su hija Amparo nació meses después de su detención. Fue detenido a las 04:00 de la madrugada del día 16 de octubre de 1973 —el día que detuvieron al resto de los hombres del callejón—. Un grupo de militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo irrumpió en su domicilio. Patearon la puerta, gritaron su nombre y preguntaron por el lugar donde tenían ocultas las armas. Luego fue llevado por los militares para declarar. A primera hora de la mañana, Rosa Becerra, su mujer, fue a la Escuela de Infantería de San Bernardo, pero ahí no reconocieron su detención. Desde ese momento se ignora su paradero.
Ana María Álvarez dice que su madre, nunca perdió la esperanza:
—Mi mamá fue a una quebrada donde había unos muertos, que eran de Chada (una localidad que colinda con Paine). Mi mamá fue y todavía era un recinto militar. Ella se metió a la quebrada y revisó cuerpo por cuerpo, por si encontraba a mi hermano. Decía que se tiró como resbalando y cayó encima de los muertos que estaban ahí.
El cuerpo de Luis Alberto Gaete Balmaceda sigue desaparecido.
En 1995, el Servicio Médico Legal llamó a Ana María Álvarez para, presuntamente, hacerle entrega de los restos de su marido. Los habían encontrado en el Patio 29 del Cementerio General, donde en 1991 comenzó la exhumación de cadáveres para ser identificados por el Servicio Médico Legal (SML) y se inició la entrega de los cuerpos a sus familiares en 1993.
Mi mamá fue y todavía era un recinto militar. Ella se metió a la quebrada y revisó cuerpo por cuerpo, por si encontraba a mi hermano. Decía que se tiró como resbalando y cayó encima de los muertos que estaban ahí.
Cuando fueron a recibirlo, los funcionarios formaron el cuerpo de Manuel Muñoz con osamentas sobre una camilla. La escena la recuerda su hija Mónica.
—Te van diciendo todo lo que hicieron, todo. Mi papá tenía más de 27 balas… O el que supuestamente era mi papá.
Que Mónica Muñoz diga “supuestamente” no es azaroso. Tras las sospechas de otros familiares de detenidos desaparecidos, comenzaron las pesquisas sobre las entregas erróneas. El Informe Glasgow, como se conoce al estudio que el doctor Peter Vanezis, de la Universidad de Glasgow en Escocia y que fue pedido por el SML durante el gobierno de Eduardo Frei (1994-2000), corroboró que los cuerpos fueron mal identificados y llevó a que en 2005 se exhumaran 92 restos que fueron periciados
Pero entonces, cuando creyeron que por fin se habían reencontrado con Marío, realizaron un funeral al que llegaron dos buses de Santiago llenos de familiares de detenidos desaparecidos, y se hicieron lienzos que decían: “Bienvenido Mario, que bueno que volviste”.
Después de 12 años de espera, el cuerpo que le entregaron a la familia de Ana María Álvarez resultó no ser el de su marido.
Mónica Muñoz, esta tarde de noviembre de 2022, dice:
—No les bastó con esa burla, porque es como una burla al final. Sufrimos la pena de ir a sepultarlo, de velarlo, para que después no te digan que era el cuerpo equivocado.
Su madre, Ana María Alvarez, dice que luego se realizó una apertura de la supuesta tumba sin autorización de la familia.
—Vinieron callados, no le avisaron a nadie. Yo venía del trabajo y una comadre mía me dijo que estaban sacando los cuerpos. Le dije que a mí no me habían avisado nada.
Al día siguiente fueron al cementerio de Huelquén. Había detectives, gente del Servicio Médico Legal y Carabineros rodeando el perímetro del cementerio. Cuando Ana María llegó, no querían dejar que pasara. Ella entró de todas formas.
—Estuve todo el día. Hasta que sacaron el último hueso.
La última batalla
Tres años antes de la inhumación irregular y de que se enteraron de que los restos que sepultaron no eran de sus familiares, Marianela Cifuentes, ministra en visita extraordinaria para causas de violaciones a los DD.HH. de la Corte de Apelaciones de San Miguel, condenó en primera instancia a cuatro exoficiales del ejército a presidio perpetuo: Jorge Romero, Osvaldo Magaña, Carlos Kyling y Arturo Fernández, todos como autores de los delitos. Los demás procesados, tanto exfuncionarios del Ejército como de Carabineros, mantenían penas que oscilan entre los 10 y los 20 años.
Eso ocurrió en noviembre de 2019.
Casi un año después, en noviembre de 2020, la Cuarta Sala del Tribunal de Alzada de San Miguel, integrada por los ministros Diego Simpértigue, Ana Cienfuegos y Dora Mondaca, rebajó las condenas de los culpables utilizando la “media prescripción”, una medida que busca bajar las condenas aplicadas sin asegurar la inocencia del acusado. Jorge Romero, Osvaldo Magaña y Juan Quintanilla fueron condenados a 15 años de presidio, mientras que Carlos Kyling y Arturo Fernández quedaron con 10 años de presidio.
Tres años antes de la inhumación irregular y de que se enteraron de que los restos que sepultaron no eran de sus familiares, Marianela Cifuentes, ministra en visita extraordinaria para causas de violaciones a los DD.HH. de la Corte de Apelaciones de San Miguel, condenó en primera instancia a cuatro exoficiales del ejército a presidio perpetuo: Jorge Romero, Osvaldo Magaña, Carlos Kyling y Arturo Fernández, todos como autores de los delitos.
Tras apelar a esta decisión, los familiares de los detenidos desaparecidos y ejecutados de Paine llevaron el caso a la Corte Suprema, obteniendo una resolución el 14 de junio del 2022 en la cual se ratificaron las condenas dictadas originalmente por la ministra Cifuentes en el 2019.
—Cuando vamos a llegar a los 50 años no podemos decir que esto es justicia. Yo no puedo decir que la hubo —dice Flor Lazo, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine.
Flor Lazo es hija Samuel del Tránsito Lazo Quintero y hermana de Samuel Lazo Maldonado y Rodolfo Lazo Maldonado. Todos detenidos desaparecidos del Caso Paine.
Es importante aclarar que uno de los condenados a cadena perpetua, Osvaldo Magaña, murió en julio de 2021 en total impunidad, mientras aún se seguía peleando la ratificación de las condenas impuestas por la ministra Cifuentes en 2019, pues durante esos tres años, ninguno de los imputados pisó la cárcel.
La memoria
En el callejón se han levantado varios negocios familiares cuyos dueños conocen nombres de los familiares de detenidos desaparecidos, aunque dicen que ellos llegaron después del golpe.
Esta tarde de noviembre de 2022 hace calor. No hay gente en el callejón, pero la nueva vida se percibe en los negocios abiertos y las hileras de autos estacionados.
Al final del callejón, en un muro al costado de una cancha de fútbol, hay una leyenda dedicada al club deportivo Real Madrid de Paine, fundado en 1985, y también una placa conmemorativa de los detenidos desaparecidos del asentamiento 24 de abril.
Ahí cada 16 de octubre, al igual que a lo largo del callejón, se encienden velas en memoria de estos 14 hombres detenidos en octubre de 1973.
En Paine hay organizaciones, como la que preside Flor Lazo, que han trabajado para mantener el Memorial de Paine, a cargo de generar espacios de construcción de la memoria, no solo por parte de los familiares de las víctimas del callejón 24 de abril, sino también entre todas las familias de la comuna.
Cada 11 de septiembre, las madres, esposas e hijas de los 14 hombres detenidos, iluminan con velas las calles que hoy visten el callejón.
Mónica Muñoz, la hija de Mario Muñoz, el primero de los padres de familia que fueron detenidos dice:
—Tiene que seguir la historia. Yo soy de las que dicen: “Ni perdón ni olvido”.
Este artículo fue publicado por la revista Doble Espacio perteneciente a la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile.
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