Algunos de los más de 40 críticos con el gobierno venezolano que fueron puestos en libertad por la asamblea nacional constituyente siguen sin saber las condiciones bajo las que comenzarán su vida fuera de la cárcel, al encontrar cerrados los tribunales que llevan sus causas este martes.
Una de las liberadas el sábado pasado que no encontró al juez fue la hispano-venezolana Andrea González, que llevaba 2 años y 4 meses detenida junto a su amiga Betty Grossi acusada de querer matar a la hija del dirigente chavista Diosdado Cabello.
González y Grossi acudieron al Palacio de Justicia de Caracas acompañadas por su abogado, Joel García.
Según confirmó García a Efe, sus clientes no han recibido ninguna novedad, y los tribunales no van a despachar hasta el 8 de enero.
En la misma situación está el ingeniero Juan Miguel de Sousa, quien también está representado por García y lleva en prisión desde enero de 2015 acusado de terrorismo y asociación para delinquir, y salió con González y Grossi de la sede caraqueña del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de El Helicoide.
Otro de los liberados que pasará las fiestas sin saber sus condiciones de libertad es el dirigente estudiantil Jhosman Paredes, preso desde 2014.
«Son las 12:30 pm, nos retiramos del Palacio de justicia sin respuestas. Los ex presos políticos hicimos presencia y una vez más los tribunales sin despacho», escribió Paredes en su cuenta de Twitter.
La parálisis de procesos judiciales por falta de despacho en los tribunales es un fenómeno habitual en el país, situación que los abogados defensores de los derechos humanos ven como una forma de alargar los procesos y evitar así liberar a quienes consideran presos políticos por falta de pruebas.
Fuentes cercanas al proceso auguran la liberación de otras decenas de presos antes de fin de año y en la víspera de Reyes.
La primera ronda de liberaciones fue decidida por la asamblea nacional constituyente, que anunció que se aplicarán otras medidas sustitutivas de cárcel, aunque no han sido especificadas.
«Lo que debería ser es que el tribunal te dé la orden y después te suelten, pero en este sistema el gobierno da la orden y después tienes que irte a presentar al tribunal para conocer cuáles son las medidas que te dieron», explicó a Efe la abogada Ana Leonor Acosta, defensora de uno de los liberados, el ex alcalde opositor Alfredo Ramos.