La justicia militar hace caso omiso a las peticiones de diversas ONG de derechos humanos, e incluso de la asamblea nacional constituyente, de pasar a justicia ordinaria a los presos políticos que estaban siendo juzgados en tribunales castrenses. El 16 agosto la ANC ordenó que los tribunales militares declinaran a la jurisdicción ordinaria.
Así ocurre en el caso de 13 personas detenidas en Maracaibo el pasado 26 de julio, durante el paro cívico que convocó la oposición en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Entre ellos se encuentra el concejal suplente de Voluntad Popular, Ángel Machado, los periodistas Alberto Cabrera y Antonio Medina, junto con los motorizados Kendry Parra, Dehlor de Jesús Lizardo, Pedro Marval, Romer Delgado, Kiusner Zara, Jesled Rosales, Nilson López, Franklin Tovar, Wuilly Delgadillo y José Gregorio González.
Luego de la audiencia de presentación el 29 de julio, a estos ciudadanos la Fiscalía militar solicitó privativa de libertad, y se les imputaron los delitos de rebelión militar, aun siendo civiles, ultraje al centinela y ofensa y menosprecio a la FANB. Actualmente están detenidos en el Centro de Procesados Militares de Santa Ana en el estado Táchira.
Ayer se hizo pública una carta del periodista Alberto Cabrera, en la que agradeció el apoyo del gremio ante la injusticia de la que es víctima y envió palabras de tranquilidad para sus familiares y amigos: “Debo admitir que cada día acá es durísimo; los que me conocen y saben de qué estoy hecho, están seguros de que este pequeño bache en el camino no nos doblegará y todo ese apoyo me llena de fuerzas para seguir resistiendo. Hoy en carne viva soy testigo y víctima de un gobierno que arremete contra aquellos que buscan la verdad”. También recluido en la cárcel de Santa Ana y lo imputan de rebelión militar, ultraje al centinela y ofensa y menosprecio a la FANB.
Otro caso que se mantiene en manos de la justicia militar es el de Carlos Julio Rojas, activista comunitario y periodista, que fue privado de libertad 9 de julio y actualmente se encuentra detenido en la cárcel militar de Ramo Verde
Sol Rojas, madre del preso político, indicó que hasta la fecha no ha sido notificada de que el caso será pasado a la justicia ordinaria.
“A mi hijo lo acusan de traición a la patria, pero no estamos en guerra; de sublevación militar, pero él es civil, y sustracción de armas militares, pero todo fue montado. El día que se lo llevaron preso no había protestas, estaba comprando cuatro kilos de papas que luego fueron cambiadas por cuatro granadas”, denunció.
Los estudiantes de la UPEL, José Saldivia y Álex González, que se encuentran en la cárcel de El Dorado, padecen malas condiciones de salud. La diputada Yajaira Castro indicó que Saldivia sufre complicaciones al contraer paludismo y González presenta síntomas. Dijo que el tribunal militar está atendiendo estos casos. Además señaló que hay 120 civiles que deben pasar a la justicia ordinaria.
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“Lo utilizan para presionar a su papá” Omar Mora Tosta, abogado defensor de Raúl Emilio Baduel y Alexander Tirado, expresó que ambos presos políticos han sido los más torturados desde que comenzaron estas prácticas violatorias de los derechos humanos. “Son los primeros presos por ejercer el derecho a la protesta. Raúl Emilio y el gato fueron los primeros condenados por protestar sin cometer delito. Al momento de su captura, Alexander Tirado tenía megáfono y Raúl cargaba luz. A ellos los mantienen privados de libertad sin ningún tipo de prueba, debido a que los delitos que les imputan nunca han sido probados”, señaló. Ambos ciudadanos tienen tres años y cinco meses privados de libertad. A Baduel, hijo, le han cambiado seis veces el lugar de reclusión. “A Raúl Emilio lo utilizan para presionar a su papá”. Indicó que los presos políticos, pese a no estar condenados formalmente, ya han cumplido casi la mitad del tiempo por los cargos que imputó la juez de Aragua, Iris Araujo. Resaltó, además, que el expediente fue manipulado. |
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Sebin tampoco respeta al TSJ La ANC no es la única instancia a la que desobedece otro organismo oficial; los dictámenes del Tribunal Supremo de Justicia tampoco son respetados por el Sebin. Kelly García, esposa del diputado al Consejo Legislativo de Barinas, Wilmer Azuaje, denunció que la orden emanada del máximo tribunal para que el dirigente cumpliera el arresto en su domicilio nunca se ejecutó por parte de la policía política. El dirigente, que ahora fue enviado junto con su asistente, Jovanny González, a la Penitenciaria General de Venezuela con sede en San Juan de los Morros, le imputaron cinco delitos: posesión ilícita de armas de guerra, tráfico ilícito de municiones, uso indebido de prendas militares, agavillamiento y resistencia a la autoridad. |