Siete de los ocho vecinos y funcionarios de la Alcaldía detenidos en relación con la fuga el pasado viernes del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, fueron liberados anoche después de más de 96 horas recluidos en una sede del servicio secreto sin que se presentaran cargos contra ellos.
«Fueron liberados todos a excepción de la administradora de la Alcaldía mayor», explicó a Efe el abogado de Ledezma, Joel García, que explicó que permanece privada de libertad en la sede caraqueña del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) conocida como El Helicoide sin que haya sido presentada a un tribunal.
Según la ley, los cuerpos de seguridad están obligados a presentar a los detenidos ante un juez -que debe decidir sobre su libertad- antes de que pasen 48 horas desde del momento de su arresto.
Entre los que ya han sido puestos en libertad están el presidente del condominio del edificio donde vivía Ledezma, el conserje, un vigilante y la persona que hacía mantenimiento técnico de las cámaras de seguridad del complejo, situado en Caracas y donde Ledezma se encontraba bajo arresto domiciliario.
«Estas personas fueron aprehendidas sin ninguna orden de aprehensión, no fueron presentados dentro de las 48 que marca la ley ante ningún tribunal de control o de garantías, y fueron puestos en libertad diciéndoles que estaban en calidad de testigos, o sea, unos testigos que estuvieron privados de libertad por más de 96 horas», dijo García.
El abogado denunció además que la casa de Ledezma esté en posesión del Sebin pese a no haber dictado la justicia ninguna medida cautelar al respecto. «No permiten que ingrese nadie a la vivienda», explicó, lamentando la arbitrariedad del funcionamiento de la justicia.
El alcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma, de 62 años, burló la semana pasada la vigilancia del Sebin en su domicilio y escapó por carretera a Colombia, desde donde voló a Madrid para denunciar los atropellos a la democracia que se producen en Venezuela.
Ledezma fue detenido en febrero de 2015 por su supuesta implicación en un plan de golpe denunciado por el gobierno de Nicolás Maduro, y tras dos meses la cárcel militar de Ramo Verde fue trasladado por motivos de salud a su casa, donde siguió privado de libertad bajo arresto domiciliario.
El edil había sido uno de los convocantes de las multitudinarias manifestaciones de 2014 contra el gobierno chavista, y llegó a declararse en huelga de hambre en 2009 para protestar contra el boicot que el gobierno de Hugo Chávez adoptó contra la Alcaldía Metropolitana de la capital tras ganar Ledezma las elecciones.
El veterano político era, según Foro Penal, uno de los más de 300 presos políticos que según esta organización pro derechos humanos hay actualmente en Venezuela.