El Helicoide es un mundo aparte. Quienes allí hacen las reglas no respetan nada de lo que se ordena fuera de sus paredes. Al menos esa es la percepción que tienen Rosaura Valentini y Mariale Rivera, esposas de Yon Goicoechea y José Vicente García, respectivamente, que forman parte de los 18 presos políticos que aún permanecen detenidos a pesar de tener orden de excarcelación.
Del grupo, 16 son hombres y 2 son mujeres. Además de Goicoechea y García, los únicos dirigentes políticos de oposición, hay 14 funcionarios de Polichacao y 2 tuiteros recluidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia.
Goicoechea tiene 13 meses preso y desde hace 10 se ordenó su libertad. Su esposa expuso la semana pasada el caso ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. También interpuso una denuncia ante la Audiencia Nacional de España.
Aseguró que su esposo ha perdido 10 kilos en el cautiverio, que tiene ataques de hipertensión y que no duerme bien: “Muchos de los que están allí sufren de insomnio porque no saben si es de día o de noche por el encierro y la falta de luz natural”.
Explicó que una de las características de su prisión es que no los sacan a recibir luz solar. “Cuando lo hacen es a un estacionamiento, ni siquiera a una cancha para que puedan correr y hacer ejercicios, y los rodean de funcionarios armados. Es humillante, como si fueran animales que los sacan un ratico. Dan unas vueltas y otra vez para adentro”, afirmó Valentini.
Manifestó que están muy preocupados por sus hijos Joaquín, de 8 años de edad, y Donatella, de 5 años de edad. “A ellos no les gusta ir a El Helicoide, les da miedo, no entienden por qué a su papá lo tratan de esa manera”.
Subrayó que la niña llora todas las noches y que no puede hacerle entender lo que pasa: “Toda la familia está afectada; el dolor de los niños es muy difícil de sobrellevar. De la noche a la mañana me convertí en madre soltera”, afirmó.
Preso del gobernador. José Vicente García pertenece a la generación de estudiantes de 2007. Fue dirigente en la Universidad Experimental del Táchira. En 2013 lo eligieron concejal de San Cristóbal. Ha sido señalado como terrorista por el gobernador de Táchira, José Gregorio Vielma Mora.
En octubre del año pasado el Sebin se lo llevó detenido. “Nos enteramos porque el gobernador montó en las redes sociales una foto donde aparecía con el rostro descubierto frente a una mesa en la que había uniformes militares y armamento de guerra”, relató Mariale Rivera.
El Ministerio Público no lo imputó por considerar que no existían elementos de convicción para privarlo de libertad; no obstante, el juez ordenó su reclusión en El Helicoide. Pasados 45 días fue emitida la boleta de excarcelación, que no ha sido acatada.
Su celda no tiene ventanas ni ventilación y ya han pasado dos meses desde la última vez que vio la luz del sol. Aunque se mantiene en buenas condiciones de salud, ha tenido problemas en la piel porque el agua está contaminada.
Rivera confesó que teme por la vida de su marido, que no lo atiendan si sucede una emergencia como ya lo ha visto con otros casos. “Muchas veces las familias creen que si se mantienen de bajo perfil los van a liberar más rápido o los van a considerar, pero no es así: estés de bajo perfil o denuncies, solo van a salir cuando el carcelero quiera liberarlos”, enfatizó.
Su hijo José Camilo, de 3 años de edad, que ya comenzó el primer nivel de preescolar sufre lo que le sucede a su padre: “La maestra lo que me dijo es que él habla de que su papá está atrapado, que Maduro lo atrapó, que vamos a liberar a mi papá”.
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El dato El 22 de junio de 2016 detuvieron a Venus Medina, Fred Mavares, César Mijares, María Pérez, Ángel Sánchez, Reggie Andrade, Alfredo Chirinos, Jorge Delgado, Miguel Jonosky, Edgar González, Eduardo Salazar, Jhonny Velásquez, Darwin Herde y Ever Meneses, funcionarios de Polichacao, por el asesinato de Ricardo Durán. El 8 de agosto un tribunal ordenó su excarcelación. |
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