Familiares de presos políticos en Venezuela y un ex alto cargo del Ministerio de Público pidieron hoy a los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se solidaricen con el pueblo venezolano en su lucha por la democracia.
«Pido a los gobiernos del Consejo de Derechos Humano (CDH) que nos apoyen. Es hora de que todos los países se solidaricen con la causa democrática venezolana, que dejen de mirar a otro lado y escudarse en la diplomacia», dijo la esposa de Yon Goicochea, Rosaura Valentini.
En un evento paralelo a la sesión inaugural del CDH, en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Valentini enumeró hoy una serie de maltratos sufridos por uno de los principales impulsores y líderes del Movimiento Estudiantil Venezolano en más de un año de confinamiento.
«No encuentro la manera de explicarles a mis hijos por qué si su padre es inocente está en la prisión», dijo Valentini ante una audiencia de diplomáticos y periodistas de diversos países.
La esposa de Goicochea aseguró que no decaerá en sus esfuerzos por denunciar la detención ilegal de su esposo, así como la de muchos otros políticos que están presos: «estamos seguros de que nuestro sacrificio ayudara a cambiar la vida de millones de venezolanos».
Dijo que uno de los aspectos más lamentables de esta situación es que «centenares de presos políticos ni siquiera son políticos, sino por ejemplo músicos, trabajadores o manifestantes que participaban en las marchan y que ahora están en los calabozos y procesados por tribunales militares».
En el mismo evento participó el exdirector general de Actuación Procesal del Ministerio Público Zair Mundaray, destituido a inicios de agosto por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente junto al equipo directivo de la entidad y que denunció «la construcción de un andamiaje jurídico para proteger criminalidad organizada» en Venezuela.
Aseguró que el gobierno venezolano no solamente se niega a perseguir y castigar a los responsables de violaciones de los derechos humanos, sino que los premia.
Citó varios casos de militares de alto rango que fueron condecorados o ascendidos después de participar en un asalto al parlamento o de dirigir la represión de manifestaciones.
En declaraciones a Efe, Mundaray -quien ha tenido que exiliarse- dijo que hay temor por la eventual destrucción de las evidencias que se habían reunido para más de 70 procesamientos por violaciones de derechos humanos por parte de agentes estatales, además de un millar de investigaciones.
Por su parte, la tía del opositor Leopoldo López, Julieta López, denunció que, en los meses previos a su traslado a un régimen de detención domiciliaria, el ensañamiento y maltratos contra su sobrino había aumentado.
«Somos un país en agonía. Esperamos de otros países solidaridad antes de que sea demasiado tarde», dijo, tras recordar que la esposa de Lopez, Lilian Tintori, debía participar en el evento en Ginebra, pero las autoridades le impiden salir del país.