Los agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia no discriminan su accionar por sexo, ocupación, estatus social o edad. Para ellos, quienes están en desacuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro son merecedores de maltratos y vejaciones, de lo que no han escapado seis jóvenes –entre ellos cuatro menores de edad, incluidas dos mujeres– detenidos en enero por presuntamente planificar una protesta, e imputados por “instigación al odio”, delito tipificado en la Ley contra el odio de la ANC.
“Mi hijo tiene tres meses secuestrado por el Sebin”, expresó la madre de uno de los adolescentes que está preso en el Helicoide y a quien desde enero no ha visto, no conoce su situación de salud ni su estado físico, tampoco ha obtenido información oficial de él. La respuesta de los agentes es que los jóvenes no están en la lista de las visitas.
La persecución contra los adolescentes de 16 y 17 años de edad empezó el 10 de enero cuando arrestaron al primero del grupo por presuntamente planificar unas protestas en un chat de mensajería instantánea. De los detenidos, dos ya cumplieron la mayoría de edad en la cárcel.
Familiares denunciaron la desaparición forzada de algunas de las víctimas, y que a los que arrestaron dentro de sus casas les decomisaron las computadoras.
Los seis muchachos fueron presentados e imputados el 14 de enero en el Tribunal Cuarto de Menores, el cual les dio libertad bajo fianza que debieron otorgarle en febrero, después de que los fiadores consignaron los documentos requeridos, pero a la fecha no han obtenido respuesta de la institución judicial.
Los adolescentes se encuentran recluidos en condiciones infrahumanas en una celda pequeña junto a otros diez adultos. Duermen en el piso y no les permiten salir al sol. Desde hace tres semanas los abogados no han podido comunicarse con ellos debido a que les prohibieron las visitas como “castigo” por las denuncias que habrían hecho sus familiares a través de los medios de comunicación.
“No tengo idea de cómo calificar lo que está viviendo mi hijo. Es una arbitrariedad, una violación de los derechos humanos y de los niños y adolescentes. No nos permiten visitarlo ni que les entreguemos la comida en sus manos”, manifestó la madre de uno de los jóvenes, estudiante de bachillerato que debido al encarcelamiento perdió el año de estudio.
EL DATO
Human Rights Watch pidió a los Estados que suscribieron la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990 y a los gobiernos latinoamericanos que han mostrado preocupación por los presos políticos en Venezuela que le exijan al presidente Nicolás Maduro la inmediata liberación de los adolescentes, que consideran que están privados de libertad de manera arbitraria e ilegítima, y que constituye una violación de sus derechos humanos.
En el artículo titulado “Los niños del Sebin en Venezuela”, la organización indicó que los países que son parte de la convención deberían asegurarse de que no se someta a niños a torturas ni tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes.