Por RAMÓN GUILLERMO AVELEDO
Cuando José Ramón Medina presenta su último informe al Congreso el 16 de marzo de 1994, tras dos períodos como contralor general de la República, cumple el “Sano y democrático precepto” de rendir cuentas “al pueblo a quien servimos” (1), tiene setenta y cinco años, cerca de la mitad de los cuales ha dedicado al servicio público y no por falta de mejor oficio. Catedrático en varias facultades de la Central, su Alma Mater, abogado de personal prestigio, director de 1954 a 1959 de la Revista Shell y por una década del Papel Literario, dos de los buques insignia en las publicaciones culturales venezolanas, poeta laureado, ensayista leído, editor exitoso y durante cuatro años, entre 1980 y 1984, director del diario El Nacional, en su tiempo una de las posiciones más deseadas del país fuera del poder público.
Su primer empleo en el aparato estatal es modesto. Maestro (Oficial C) en el Servicio de Alfabetización del Ministerio de Educación, cuando es estudiante de Derecho y lo ejerce hasta 1949. Graduado de abogado en 1950, una beca universitaria le permite estudiar en Italia. El muchacho de San Francisco de Macaira ha sido tipógrafo en Ocumare del Tuy. Tempranamente huérfano, tiene que trabajar mientras cursa en el Llano, Barlovento y los Valles del Tuy una primaria irregular, discontinua e itinerante de pueblo en pueblo, de casa en casa, de tío en tío. El bachillerato en el Colegio Federal de varones de Maracay y en dos liceos caraqueños, Fermín Toro y Andrés Bello.
Vuelta la democracia en 1958 con el aprendizaje duro de la experiencia dictatorial, el profesor de la UCV es designado vocal de la Corte Federal y de Casación. Promulgada el 23 de enero la nueva Constitución, el Congreso lo escoge como magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en tal función permanecerá hasta 1963.
De la transición venezolana de 1958 cabe destacar una cautelosa propensión a evitar sobresaltos. No hubo Asamblea Constituyente, se optó por la reforma según lo prescrito en la Carta precedente originada en el decenio militarista. En un clima donde muchos exigían venganza, las investigaciones y los juicios cuidaron los extremos del debido proceso hasta niveles desconocidos en nuestro medio. En cuanto a la estructura del Poder Judicial, se privilegió la estabilidad. De seguro en ello influyó que la dictadura había mantenido a los jueces bastante al margen de la represión política que se ejercía arbitrariamente por la Seguridad Nacional.
Según la constitucionalidad vigente entonces, la Procuraduría tenía las funciones en el proceso penal y su titular, Pablo Ruggieri Parra, presentó los cargos contra el exdictador Pérez Jiménez. Ocho volúmenes de documentos y diez cajas de microfilms, en lo que El Nacional catalogó como “… sin duda, una de las acusaciones mejor documentadas que jamás se hayan presentado contra un jefe de Estado en ningún país del mundo civilizado”. La Corte Federal, de la cual Medina es vocal, emite orden de arresto por “delitos de asesinato y malversación”. El proceso en la Corte Suprema venezolana será luego del juicio en tribunales norteamericanos al cual obligaba el tratado de extradición entre los dos países y la correspondiente decisión del gobierno de Washington de extraditarlo “para ser juzgado por peculado o malversación, por haber recibido dinero o valores negociables, sabiendo su origen ilícito y por fraude o prevaricación”, en agosto de 1963 (2). El otrora hombre todopoderoso sería condenado en agosto de 1968, por decisión mayoritaria, en un debate judicial que puede presentarse como signo del anuncio de una judicatura independiente del poder político que ha sido aspiración frustrada.
El magistrado Medina no conocerá del caso, pues ha renunciado a la Corte para poder aceptar una postulación al Congreso. Además, el Claustro Universitario lo ha elegido secretario de la Universidad Central de Venezuela, pero en 1959 deja escrito en su columna que “Es ingenuo continuar creyendo que el único culpable del trauma político sufrido por la República…”(3) sea la cabeza del régimen depuesto. La red es más extensa y compleja. “Nada ha sido dicho entre nosotros sobre la responsabilidad histórica de los grupos que ayudaron a crear y apoyar la dictadura del exgeneral en defensa de sus propios intereses particulares”. Líbranos, Señor, de la tentación de pensar en nuestra historia como noria.
Jóvito Villalba, amigo de Medina, es candidato a la Presidencia de la República en 1963. Su partido se ha retirado del gobierno coaligado nacido del histórico Pacto de Puntofijo suscrito por él, Betancourt, Caldera y otros dirigentes de Acción Democrática, el socialcristiano Copei y Unión Republicana Democrática que él lidera. Medina encabeza la lista de URD al Senado de la República por el Distrito Federal. En el aquel hemiciclo las más de las veces sereno estará entre 1964 y 1968, responsabilidad constitucionalmente compatible con la académica de secretario de la Universidad.
En ese quinquenio ocurre el allanamiento de la Ciudad Universitaria capitalina por el gobierno, se propone una reforma a la Ley de Universidades y se designarán autoridades interinas hasta que se elijan las nuevas. Todo esto, lógicamente, es materia para debates parlamentarios. Trasciende una polémica de Medina con el senador merideño Edecio La Riva Araujo, potente orador tan elocuente como apasionado. Los argumentos se cruzan con el ardor del instante. En sus discursos y réplicas, Medina se esfuerza por no dejarse dominar por la fuerte motivación que lo anima. Es de suponer que hace uso de “su pausada voz de bien educado timbre, no denota propensión a la estridencia” como le describe Escalona-Escalona (4).
No se trata de frialdad o equidistancia, es una decisión buscar los equilibrios. Años después, en 1988, escribirá con motivo de otro debate parlamentario: “Confrontación que ha trascendido las barreras de la mesura y de la sindéresis con que deben abordarse los grandes temas (…) las pasiones desatadas del momento (…) el confuso y convulsionado espectáculo al cual el país asiste entre la consternación, la sorpresa y el escepticismo”
Con demora casi decenal y con fuerte tinte de coyuntura política que abona la polémica y alimenta devoluciones del proyecto por parte del Ejecutivo presidido por Rafael Caldera y se presentan recursos ante la Corte Suprema, se dicta en 1969 la Ley que crea Consejo de la Judicatura previsto en la Constitución de 1961. Medina es elegido por el Congreso para integrar el cuerpo y luego de la renuncia de Rafael Pizani, escogido por sus colegas para presidirlo. Allí defenderá la instauración del concurso público de oposición para el acceso a la carrera judicial. No lo logra.
Con la idea meritocrática es consecuente cuando, ya fiscal general de la República entre 1974 y 1979, le corresponde la facultad de nombrar y remover todos los fiscales del país, pero opta por promover la estabilidad funcionarial que comienza por el concurso para ingresar. Al efecto, escoge jurados con respetabilidad por encima de toda sospecha, aunque la pasión del momento a veces no se los reconozca.
De este quinquenio destaca entre otros el caso de la muerte de Jorge Rodríguez, el 25 de julio de 1976 cuando está detenido en la Disip, por su presunta implicación en el secuestro del empresario norteamericano Wiliam Frank Niehous. El fiscal Medina impugna la versión oficial de que el detenido ha muerto por un infarto, exige y ordena la realización de una autopsia y determina que el deceso fue un homicidio causado por tortura. Los venezolanos conocen la verdad, como es su derecho. Los funcionarios responsables son juzgados y condenados a penas que cumplen. El gobierno de Carlos Andrés Pérez, cuyo ministro del Interior es Octavio Lepage, respeta la actuación autónoma del Ministerio Público y los tribunales. El director del cuerpo policial es relevado.
El sucesor de Pérez, Luis Herrera Campins ofrece a Medina el Ministerio de Justicia, quien no lo acepta pues se apresta para dirigir El Nacional. En 1984, Jaime Lusinchi lo designa embajador en Atenas. Recién concluye su trabajo al frente de ese diario conocido por su independencia de criterio y su actitud nada complaciente con los gobiernos.
Entre 1986 y 1994, como se ha dicho, es contralor general de la República. Institución que conceptúa como “Factor de confianza del sistema” democrático. Desde cuya tribuna, con motivo del cincuentenario del ente, llama la atención sobre la “Crisis particular de orden moral y la corrupción administrativa”. Y ese mismo año, en El Nacional, exige “más firmeza y decisión en la prevención y el combate de la corrupción” y sus llamados van subiendo de tono a lo largo de 1992 y 1993, años que dejan en evidencia los síntomas de una crisis sistémica.
Cinco veces lo eligió el Congreso. Como magistrado de la Corte Suprema y del Consejo de la Judicatura, como fiscal y como contralor general de la República, en un país donde el debate político se endurece, pasados los entendimientos del “espíritu del 23 de enero”. Sus elecciones como fiscal general de la República y como contralor ocurren durante el predominio bipartidista, a partir de 1973. AD y COPEI son de lejos las fuerzas principales de aquel pacto institucional, “escrito pero no suscrito” en 1970. Medina no pertenecía ni había pertenecido a ninguna de las dos formaciones. Sus informes al Congreso en uno y otro cargo son como sus actuaciones, rigurosos en el compromiso personal de actuar con independencia, apego al derecho, sin desplantes demagógicos a los que es alérgico.
La trayectoria pública de José Ramón Medina es historia. Como la de cualquier persona que haya ejercido responsabilidades de tan alto nivel y que no rehuyó el compromiso político, recibe juicios que no son unánimes. Es natural. Lo que sí es punto de encuentro, aun en esta Venezuela de tensiones y negaciones, es que este poeta de figura menuda, fuerte carácter con buenos modales, exigente en lo intelectual y lo ético, sirvió con lealtad a los venezolanos desde un Estado que concebía al servicio de todo el pueblo, como debe ser en una democracia que se respete.
Referencias
1 Esta y otras citas suyas en José Ramón Medina: Balance de una gestión (8 años al frente de la C.G.R.) Contraloría General de la República. Caracas, 1995
2 Ver Judith Ewell: Juicio al Dictador. Fundación Andrés Mata-El Universal. Caracas, 1981.
3 Citado en Ewell
4 José Antonio Escalona-Escalona: Vida del poeta José Ramón Medina. Alarcón Fernández Editor-Consejo Profesores Jubilados U.C.V Caracas, 1991.