Por HERNÁN CASTILLO
Los militares no son para definir al Estado, son para defenderlo.
Richard Kohn
La reforma del Plan Educativo militar “Andrés Bello” empezó a implementarse en 1973, a finales del primer gobierno de Rafael Caldera (1969-1973) y las primeras logias militares durante la vigencia del Pacto de Punto Fijo empezaron a formarse en los inicios, también, en la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez (1973-1979) (Irwin 2008: 249).
Pero a estas alturas del análisis, la pregunta es la siguiente: si en Venezuela no hemos tenido control civil sobre las Fuerzas Armadas, entonces ¿qué hemos tenido? Buena parte de la respuesta, a mi manera de ver el problema, la encontramos en lo que S.E. Finer (1962) en su modelo teórico sobre las relaciones civiles y militares llama el “Segundo orden de cultura política”. La característica principal del “segundo orden de cultura política” consiste en que los civiles pueden gobernar, pero dándole a los militares total autonomía e inmunidad institucional; es decir, la legitimidad de las autoridades civiles es importante pero refractaria a los militares. Y los aspectos cruciales del funcionamiento del “Segundo orden de cultura política” son el “blackmail”, el contubernio, la rivalidad, la intimidación, la amenaza de no cooperación, e incluso amenazas de violencia contra las autoridades civiles, como formas de intervención política militar. Con relación a la traducción del significado de la palabra “blackmail”, es una palabra inglesa que ideológicamente se traduce como chantaje, pero la versión castellana del modelo teórico de Finer (1969: 221) la traduce literalmente como extorsión. Pero considero que para nuestros propósitos la traducción como chantaje pareciera más adecuada, ya que el chantaje no necesariamente implica el uso de la fuerza física. El chantaje está más asociado a la idea de presión psicológica para lograr algún tipo de dividendo o privilegio. En cambio, la extorsión política tiene un alcance mucho mayor a la presión y la amenaza psicológica. La extorsión implica el uso de la fuerza física, no para obtener ventajas o prerrogativas, sino para la usurpación. El chantaje es más sutil, la extorsión más directa, por lo cual el chantaje político se ajusta más para explicar la característica principal de las relaciones civiles y militares venezolanas. Pero sobre todo para explicar cómo fue que los militares, sin la existencia de control civil en el sistema político, enmarcaron su actuación en los parámetros constitucionales.
Continuando con la exposición del modelo teórico sobre las relaciones civiles y militares, S. E. Finer califica maduro políticamente al “Primer orden de cultura política” donde la legitimidad de las autoridades civiles es de capital importancia e inaccesible a los militares. La característica principal del funcionamiento de este primer orden de cultura política es la influencia a través de los canales institucionales de control civil del sistema. Así, la debilidad o ausencia de mecanismos institucionales para el control de la influencia militar en el sistema político no permite ubicar la actuación histórica de los militares venezolanos en el primer orden de cultura política del modelo de Finer, puesto que los mecanismos de influencia para la intervención de los militares en política estaban y siguen estando, ahora más que nunca, centralizados absolutamente en la figura del presidente de la República. En otras palabras, no hay mecanismos institucionales de control sino solo la voluntad del presidente de la República.
En consecuencia, luego del alzamiento del general Jesús María Castro León, en 1958, se produjeron en Venezuela una importante variedad de alzamientos militares, de todo tipo, que intentaban la intervención en política y el control del Estado; estos alzamientos no expresaban una representación y legitimidad institucional, al contrario, siempre su característica principal fue un enfrentamiento violento con las autoridades civiles legítimamente establecidas a través de la soberanía del voto popular. El primer orden de cultura política es, según Finer, propio de sociedades políticamente desarrolladas donde el control civil y la subordinación militar están consolidados.
Retomando la línea argumental expuesta por S.E. Finer encontramos que el “Tercer nivel de cultura política” se corresponde con un orden de cultura política bajo. Así, aunque la legitimidad de las autoridades civiles es relativamente importante sin embargo es fluida; lo cual significa que la legitimidad política de las autoridades civiles no es decisiva para este tercer nivel de cultura. La forma de intervención de los militares, en este tercer nivel de cultura política, se expresa a través de su negativa a defender a las autoridades civiles contra la violencia; incluso, pueden presentarse amenazas propias del segundo nivel de cultura política de no cooperación, pero también se pueden presentar acciones de violencia directa. En este nivel, la intervención política puede alcanzar el desplazamiento del gobierno civil.
El cuarto nivel es de mínima cultura política, en donde la legitimidad de las autoridades civiles no tiene ninguna importancia y la forma de intervención es la violencia y la suplantación del régimen civil. Esta es la forma más salvaje y brutal de intervención militar en política.
La subordinación y sujeción militar al control civil exigen compartir valores y la visión acerca del futuro y la cultura política democrática de la sociedad; y no sólo eso, sino más aún, que ese grupo de valores y esa visión del futuro pasen a formar parte integral de las convicciones y creencias de la institución militar en su conjunto y de los militares mismos individualmente.
De esta manera, la autonomía del sector militar venezolano ha alcanzado una importante significación para el funcionamiento del sistema político que ha ido mucho más allá del alcance planteado por el propio pacto de Punto Fijo. Es decir, el acuerdo tácito entre la dirigencia nacional del sector civil, representado por la más alta dirigencia de los partidos AD y COPEI, entre otros sectores civiles, y los militares, consistió a mi juicio, en darle, una alta dosis de autonomía a la dirigencia militar en cuestiones vitales para la supervivencia de la sociedad civil, como las señaladas anteriormente.
En efecto, la autonomía de los militares en un ambiente político donde las instituciones y los mecanismos de control civil son débiles o inexistentes revela mortales inconvenientes para la supervivencia del sistema democrático puesto que esa autonomía termina separando a los militares de los valores generales y la visión del futuro de la sociedad. Pero más importante simultáneamente es que el sector civil pierde el control sobre los militares y sus instituciones.
Uno de los mecanismos más característicos de la separación de la sociedad civil y los militares, pero potencialmente peligroso en países con bajos niveles de cultura política e institucionalmente frágiles y débiles como es el caso de Venezuela, es cuando los militares, individual o colectivamente, comienzan a formularse teorías especiales sobre su papel en el Desarrollo del país. Especialmente las teorías referidas a la seguridad y defensa del Estado orientadas a justificar su intervención en la política y la búsqueda del poder del Estado. La Constitución Bolivariana de 1999, en el artículo 328, en relación con las misiones militares, entraña el virus pretoriano de mayor potencial destructivo cuando, textualmente, consagra la participación activa de las Fuerzas Armadas en el Desarrollo nacional de la siguiente manera:
La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con la ley. En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación. La Fuerza Armada Nacional está integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, que funcionan de manera integral dentro del marco de su competencia para el cumplimiento de su misión, con un régimen de seguridad social integral propio, según lo establezca su respectiva ley orgánica.
En este sentido, Richard Kohn apunta que el rol de los militares es la defensa militar de la sociedad y del Estado. El rol de los militares no es el de plantear y ofrecer definiciones teóricas, políticas, económicas o de cualquier otro tipo sobre el tipo de sociedad y Estado a la cual pertenecen (Kohn 1997). La participación activa de los militares en el Desarrollo nacional debe estar limitada y circunscrita a la implementación operativa, bajo un efectivo control civil, de la seguridad y defensa militar de la sociedad y el Estado venezolano, no más allá. Esa debe ser su específica contribución al Desarrollo de la nación. Las definiciones políticas y estratégicas le corresponden en cambio al sector civil.
Cuando los militares comienzan a intervenir en áreas que trascienden el campo de la seguridad y defensa, con sus propias interpretaciones teóricas, comienza la actividad del germen del desconocimiento de la subordinación y sujeción militar al sector civil. Esas teorías de origen militar acerca del Desarrollo se ven usualmente complementadas con interpretaciones interesadas de la historia. El ejemplo de la interpretación que hizo el teniente coronel Hugo Chávez, como militar, del papel jugado por Simón Bolívar en la historia venezolana, constituye un buen ejemplo del daño que esas caprichosas interpretaciones le pueden ocasionar a una sociedad, tal como lo han demostrado en sus trabajos diversos intelectuales como Ana Teresa Torres, Elías Pino, Germán Carrera Damas, Diego Bautista Urbaneja, Rafael Arráiz Lucca, Manuel Caballero, Luis Castro Leiva y Tomás Straka, entre otros escritores. Igual medios de comunicación social independientes como Teodoro Petkoff, en la dirección del Diario Tal Cual; Organizaciones No Gubernamentales como Control Ciudadano de las Fuerzas Armadas, que coordina Rocío San Miguel, y la Universidad venezolana en general viene dando una lucha ideológica importante, contra el empeño del régimen actual en militarizar la vida venezolana.
En síntesis, el problema de la politización de los militares, y del pretorianismo en general, se origina durante su proceso de formación y educación; es en ese momento cuando se comienzan a elaborar teorías que separan y establecen diferencias entre categorías, como el cumplimiento de las responsabilidades, el deber moral, la obediencia y lealtad hacia la nación, la institución castrense, el gobierno, la Constitución Nacional, el Ejecutivo y el pueblo, entre otros. Es justamente allí donde comienzan a crearse las condiciones favorables para que se desarrolle y manifieste el pretorianismo. Es decir, en ese momento se está sembrando en la mentalidad militar el virus de la insubordinación, el desconocimiento de la autoridad y la falta de sujeción al control civil que, posteriormente, podría expresarse en la búsqueda del poder político a través de la posesión y uso ilegítimo de las armas del Estado, y eventual violencia en contra de la sociedad civil. Así pues, la pérdida de cohesión ideológica, al igual que la expansión de sus responsabilidades más allá de su campo natural, conduce a los militares a su división y desintegración, pero también amenaza la propia existencia de la sociedad civil democrática.
Ahora bien, para Samuel Huntington, por ejemplo, la sociedad civil tiene dos formas básicas de asegurar el control de los militares. A través del control subjetivo, por medio de medidas constitucionales, institucionales, e incluso, mecanismos de superación social, y el control objetivo sobre los militares que se logra por medio del profesionalismo militar. Además, propone el profesionalismo militar como garantía contra la politización (Huntington 1957). Sin embargo, en América Latina y en general para las sociedades con bajos y medianos niveles de cultura política y debilidad institucional y política como la situación venezolana, el problema de la intervención de los militares en este campo parece que trasciende los parámetros teóricos del profesionalismo militar planteado por Huntington. Este es uno de los puntos centrales de la polémica entre Huntington y Finer. No obstante, el esquema huntingtoniano de control civil sobre los militares pareciera funcionar más adecuadamente para las sociedades democráticas del mundo industrializado y no para el conjunto de sociedades subdesarrolladas institucionalmente.
Lo que justamente diferencia a las democracias políticamente maduras de las democracias limitadas es precisamente el control que la sociedad civil ejerce sobre sus militares. Esta es una de las características, probablemente la más importante, entre las democracias modernas y desarrolladas con el resto de las democracias del mundo civilizado (Castillo 2003: 104).
La evidencia histórica, para esta parte del mundo, pareciera estar del lado de la tesis de Finer, en el sentido de que en ciertas circunstancias, que dependen principalmente del nivel de cultura política de la sociedad, los llamados “profesionales militares” pueden ser sujetos de intervención política. Sobre todo cuando comienzan a plantear ciertas teorías que, muy subliminal y a veces abiertamente, establecen diferencias y se divorcian de los objetivos e intereses de la nación, la Constitución y el gobierno. Igualmente, cuando incurren en ciertas interpretaciones interesadas de la política y la economía sobre el papel que han jugado en la historia. Teorías que conducen fatalmente, a veces de una forma sutil, al desconocimiento de los controles y la subordinación militar ante la supremacía civil.