Entrevista a Roberto Briceño-León

Por NELSON RIVERA

—Tanatopolítica en Venezuela describe los tres niveles predominantes de la violencia policial: individual, grupal o producto de una política de Estado. ¿Qué caracteriza a esta última? ¿Qué la diferencia de las dos primeras?

—De manera generalizada se entiende y describo tres. De ellas, la del Estado. La tanatopolítica es la forma racional y más criminal de la violencia policial, pero es más que eso, es una forma de ejercer el poder y establecer soberanía. Las violencias policiales parecen ser que fuesen iguales todas, pero no es así, en realidad son varias formas. La más racional es la del Estado, pues no depende del arrebato de un momento, como ocurre con la violencia policial individual; ni con la siniestra voluntad de venganza o la codicia de un grupo de policías, sino de que se funda en la fría voluntad de matar para conservar el poder, y por eso es más criminal.

Cuando el policía de Minneapolis coloca la rodilla sobre el cuello y ahoga a Georges Floyd mientras éste grita que no puede respirar, se trata de una acción individual. Puede ser la expresión de una conducta machista o racista, pero es individual, no involucra ni al resto de los policías de su departamento, ni tampoco al gobierno. Cuando funcionarios de la policía de Río de Janeiro salen una noche en comandita con el propósito a matar a los miembros de una banda criminal responsables el asesinato de uno de sus compañeros, la respuesta es del grupo, no del Estado. Pero cuando se crean operativos como las OLP, o se forman grupos de acción especial destinados a buscar selectivamente y asesinar individuos que no conocen ni han visto nunca, se trata de otra dimensión de la violencia policial, no es la emotividad individual ni la venganza grupal quien actúa, sino es la razón de Estado quien dispara el arma.

—Señala la existencia de una categoría, culpables de antemano, que son los objetivos del exterminio. ¿Quién es un culpable de antemano? ¿Hay una relación entre culpable de antemano y pobreza?

—El culpable de antemano tiene el estigma social del bandido. Es el portador del  “delito de cara”, como lo llamó la criminología crítica: parecen delincuentes. En realidad, no tienen por qué serlo, pero como lo parecen, se considera que merecen la represión policial. Son los hombres jóvenes, pobres, negros o mestizos de Venezuela.

Los culpables de antemano son los ejecutables en la violencia policial. Cargan ese estigma pues alguna vez estuvieron presos o tienen antecedentes policiales, y al momento de la actuación policial no tenían un empleo ni el carnet del partido. Son culpables de antemano también porque sobre ellos cae la duda de la sociedad: -¿será verdad que estaban metidos en algo malo?, se preguntan los vecinos, sin saber cómo responder a su interrogante. Pero en la duda se paraliza el reclamo y la indignación que merecería su asesinato por los policías.

A los culpables de antemano su estigma social los hace vulnerables, y los cuerpos policiales lo saben. Sus madres o esposas van a la prensa y a la radio local, reclaman y denuncian, y no les creen; la culpabilidad de antemano los ha condenado: “Debían de estar en algo raro”. Por eso los operativos policiales buscan personas con antecedentes penales, y cuando no tienen los nombres previamente, lo preguntan en las redadas y a los que responden los convierten en ejecutables.

—En su estudio aparece la idea de “pena de muerte preventiva”. ¿Podría explicar de qué se trata?

—Los cuerpos policiales aplican en sus operativos una pena de muerte que no existe en la legislación venezolana, y lo hacen de una manera sumarial, sin juicio, ni pruebas, ni derecho a la defensa, ni nada de lo que se debe hacer cuando en un país existe la pena de muerte. Sin embargo, lo peor es que les aplican la pena de muerte por unos crímenes que todavía no han cometido, pudieran cometer. La condena extrajudicial no se funda en los los crímenes que ya cometieron, sino en que son potencialmente peligrosos, porque puede que en el futuro se les ocurra hacerle daño a alguien. Se les mata preventivamente para evitar el perjuicio que en el futuro pudieran ocasionar.

La pena de muerte preventiva es la forma extrema de la represión policial y la máxima expresión de la farsa que ha sido la política de seguridad del gobierno, su llamada política de seguridad de la izquierda, que aseguraba que no iba a reprimir, sino que iba a dedicarse a combatir el delito con políticas sociales, a cambiar la cultura egoísta del capitalismo, a fundar el hombre nuevo y al final se regresó a las prácticas más brutales de las dictaduras de derecha.

En sus estudios históricos, Giorgio Agamben nos mostró cómo durante el nazismo y en la Unión Soviética se creó una categoría social humana de unos seres que podían ser matados, pero cuya muerte no se consideraba un homicidio.  En el siglo pasado, en ambos regímenes políticos, apareció una categoría de personas que tenían una vida sin valor y que por lo tanto eran asesinables. En este siglo eso mismo ha ocurrido en Venezuela con la categoría de “resistencia a la autoridad” que utilizan las autoridades, a ellos se les ha aplicado la pena de muerte preventiva. Son las víctimas fatales de la acción policial o militar que son clasificadas en los archivos oficiales con una categoría social y jurídica diferente de los homicidios.

Es grotesco pues lo que por años criticó y denunció la izquierda de América Latina, lo que denunciaba Chávez en sus discursos, cuando le endilgaba esas actuaciones a los gobiernos anteriores. Y ha sido justamente eso mismo, pero agigantado, lo que ha hecho la revolución bolivariana. Ha repetido con creces lo que tanto criticó.

—En centenares de testimonios se repiten elementos escénicos: encapuchados vestidos de negro, que llevan calaveras tejidas en sus uniformes y portan armas largas, irrumpen con fuerza desproporcionada en un lugar, golpean y amedrentan a los familiares —incluyendo a niños— y, a continuación, ejecutan a la víctima, o se la llevan y la ejecutan en otro lugar, y reportan que fue dado de baja en un enfrentamiento. ¿Qué explica este patrón de conducta? ¿Por qué el exhibicionismo?

—En las dictaduras de América Latina se ocultaba la violencia del Estado, se buscaba la discreción. Los verdugos desaparecían los cadáveres y actuaban con sigilo. Por eso surgieron movimientos sociales de madres y familiares en Argentina o Chile, donde han realizado campañas notorias de búsqueda de los desaparecidos. En Venezuela, al contrario y durante varios años, se hizo pública la actuación de los cientos de funcionarios que participaban en los llamados operativos para liberar el pueblo del delito. Las autoridades informaban con pompa y sin pudor las muertes que habían ocurrido en los supuestos enfrentamientos, y se precisaba, cual trofeo, la cantidad de delincuentes que habían sido “abatidos” por los cuerpos policiales por haberse resistido a la autoridad.

El exhibicionismo mostrado tiene dos explicaciones vinculadas a la situación política nacional. Por un lado, se pretendió convertir las grandes operaciones policiales en propaganda política. En esos operativos, cientos de funcionarios rodeaban los edificios de la misión vivienda o las calles de un barrio y, en medio de la noche, sacaban a todos los hombres de sus casas y los humillaban durante horas manteniéndolos arrodillados en la calzada mientras averiguaban quiénes eran y si eran imputables de algún delito. Eran de antemano sospechosos por el delito de vivir en esa zona y ser pobres. Con esas actuaciones se buscó realizar una propaganda política que pretendía ganarse la simpatía de una población que, por años, se había sentido desprotegida ante el delito y que podía interpretar la letalidad policial como la actuación de una mano dura que deseaba protegerlos. Esa fue la razón por la cual las llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) se iniciaron en el año 2015, en un momento en el cual las encuestas de intención de voto mostraban que el gobierno tenía perdida las elecciones legislativas para la Asamblea Nacional. Se quería torcer la intención del voto y el resultado de las elecciones, y de allí que se publicitaran tanto. Como sabemos, el partido de gobierno perdió las elecciones de todos modos, pero siguió con la misma política. De una manera muy cínica y como respuesta a las críticas que surgieron desde sus propios partidarios, el gobierno le agregó una H al nombre para denominarlas Operaciones Humanitarias de Liberación del Pueblo (OLHP), pero continuaron igual con las ejecuciones extrajudiciales durante el Estado de Excepción y como un instrumento para amedrentar a la población.

La segunda explicación tiene que ver con una modificación substancial que se da en Venezuela con lo que en la jerga de seguridad se llaman políticas de “policía ostensiva”. La ostentación en la actuación policial, es decir su presencia evidente en las calles con despliegue de armamento, alcabalas en lugares muy vistosos, patrullaje de la zona en vehículos con muchas luces, ha sido utilizada en varios países como una estrategia comunicacional que busca brindar a la población una sensación de seguridad, hacer que el ciudadano se sienta protegido. En Venezuela, al contrario, ese exhibicionismo ha buscado infundir miedo a la población, no hacer que el ciudadano se sienta protegido, sino atemorizado y así cumplir su función de control político.

Es por eso que cuando uno revisa el patrón de conducta de las actuaciones policiales en los operativos, tanto las muy grandes y dispersas al inicio en 2015, como más limitados en el número de funcionarios y con objetivos más específicos después, pudimos detectar un conjunto de regularidades. Lo que se encuentra en los operativos es que no hay una actuación desordenada, no hay casualidad ni sorpresa, no se trata de un exceso, se encuentra la existencia de un guion de actuación, de una secuencia, de un plan destinado a matar con el propósito de infundir miedo en la población general y no solo en los grupos delincuenciales.

—Habla de “Microestados de excepción”. ¿Podría explicarlo?

—El Estado de excepción es una forma ambigua entre lo jurídico y lo político por medio del cual se mantiene una forma de ley que al mismo tiempo se ignora. El microestado de excepción es la versión microterritorial y espesa del Estado de excepción por medio del cual, en unas calles o unos edificios y durante unas horas, se suspende la Constitución, se ignora flagrantemente el reglamento del uso progresivo de la fuerza que tiene la policía y todos los tratados internacionales firmados por la república.

En el microestado de excepción se suspende el Estado de derecho y se impone la fuerza y la discrecionalidad. Los cuerpos policiales llegan, rodean y bloquean una zona de la que nadie puede salir ni puede entrar, nadie puede permanecer en las puertas, ni asomarse por las ventanas, ni mucho menos pretender sacar sus teléfonos o cámaras y tomar fotos o videos. Allí no se presenta una orden de allanamiento de los hogares, ni de captura de las personas, ni se contesta las preguntas que hacen los familiares o vecinos: ¿qué quieren? ¿A quién buscan? ¿De qué lo acusan? ¿Para dónde lo llevan? No hay respuestas, solo responden los gestos amenazantes de las armas que delatan la verdadera intencionalidad que hay detrás del cordial: “Métase pa’ su casa, doñita, que aquí no se le ha perdido nada…”. El microestado de excepción crea un territorio sin ley ni moral, es el reino del mal.

Es importante recordar que en Venezuela se estableció desde 2016 en Estado de excepción. El 14 de enero de 2016, a pocas semanas de haber perdido el control de la Asamblea Nacional, el gobierno decretó un Estado de excepción por la emergencia económica que le daba amplios poderes. Ese decreto no fue aprobado por la Asamblea Nacional, tal como lo establece la Constitución, ni tampoco su prórroga por 60 días más. Y luego, al vencerse el tiempo máximo establecido, se emitió otro decreto, y luego otro y otro decreto más, tres con sus prórrogas en cada uno de los años siguientes, de modo tal que los ciento veinte días máximos que establece la Constitución se transformaron en años de excepcionalidad.

En el Estado de excepción se crea una ambivalencia en la institucionalidad, pues por un lado actúa como un poder constituido, que funciona en un contexto de reglas jurídicas y formales que son la Constitución y las leyes; pero, por el otro, se establece como en un poder constituyente, el cual, por definición, está fuera de ese Estado de derecho. Un poder constituyente que crea hechos jurídicos que, sin ser ley, por estar fuera del ordenamiento jurídico, se vuelven una norma que tiene consecuencias prácticas. Así se creó una Asamblea Constituyente que se definió a sí misma como plenipotenciaria, que destituyó a la fiscal general y nombró un sustituto, que cambió las reglas electorales dejando sin derecho a voto directo a los indígenas, y creó que las llamadas “leyes constituyentes”, cuya máxima expresión fue la pomposamente titulada “ley antibloqueo” de 2020, por medio de la cual se autoriza al presidente de la república a “inaplicar”  las normas legales o sublegales que quiera, es decir, desconocer ese pacto social que es la Constitución. Son leyes que se convirtieron en un poder de facto y que tienen “fuerza de ley”, en el sentido usado por Derrida: porque son aplicadas por la fuerza, más nada.

—Otro elemento recurrente, de acuerdo con el testimonio de las familias de las víctimas, es la alteración o destrucción de la escena del crimen —que incluye el robo de los bienes del hogar respectivo—, lo que hace inviable una posible investigación posterior. ¿Está garantizada a los asesinos la plena impunidad de sus crímenes?

—Para poder matar a los presuntos delincuentes, se requiere de la construcción social de unos delitos y unos delincuentes que no es posible encontrar en el derecho ordinario. Se debe entonces recurrir a una forma de gobierno diferente como es el Estado de excepción. En los dos grandes totalitarismos contemporáneos, en la Unión Soviética y durante el nazismo, ese fue el procedimiento usado. Tanto el partido leninista como el partido nazi usaron la dualidad del poder constituido y el poder constituyente para crear un vacío jurídico, una situación anómica que permitía la instalación de la voluntad caprichosa de un poder que prontamente llenaba ese vacío y que permitía garantizar la impunidad.

Ese vacío normativo es también territorial, pues las víctimas nunca fallecen en el lugar de los eventos, siempre son trasladadas detenidas o heridas hacia otro espacio, dejando en la incertidumbre el verdadero lugar del fallecimiento, y por lo tanto imposibilitando la obtención de las evidencias que se pudieran recabar en la escena del crimen. Adaptando el concepto de no-lugar de Marc Augé, puedo afirmar que en los operativos se establece entonces el no-lugar de la muerte. Las familias denuncian que se los llevaron vivos o los asesinaron en sus casas y aparecen como fallecidos en otro lugar, a varios kilómetros de distancia, donde las autoridades afirman ocurrió el enfrentamiento o murieron en el traslado hacia el hospital. No se sabe dónde fallecieron, no hay un lugar para la muerte.

Adicionalmente, otros funcionarios permanecen por horas en la casa y la zona, impidiendo que los familiares puedan realizar las denuncias y al mismo tiempo limpiando la escena del crimen para borrar cualquier evidencia comprometedora que pudiera encontrarse en el caso, en principio negado, de que a algún fiscal se le ocurriese investigar.

La impunidad la tienen garantizada entonces porque actúan cumpliendo órdenes en un vacío jurídico y porque no existe un lugar de la muerte.

—Habla de Homicianos. ¿Quién es un homiciano? ¿Qué lo diferencia de un homicida?

—Propongo esa categoría como una forma de diferenciar entre el asesinato común y el crimen cometido por el Estado. Es una manera de nombrar la singularidad de aquellos “actos de Estado”, como diría Pierre Bourdieu, que han provocado la muerte de los miles de venezolanos que han sido asesinados por “resistirse a la autoridad”.

La diferencia consiste en que cuando un marido celoso mata a su esposa, es un homicida; o cuando un ladrón de vehículos asesina al conductor del carro que pretende robar, es un homicida. Pero cuando unos policías son enviados a unas viviendas pobres a matar a una persona desconocida y los registros oficiales clasifican ese acto como “resistencia a la autoridad”, pues no lo consideran un homicidio, nosotros decimos que son homicianos. Los homicidas asesinan por cuenta propia, los homicianos asesinan por cuenta de otros y lo hacen bajo el mandato y el amparo del poder del Estado.

Homiciano es una voz española antigua que nombraba a quienes habían asesinado por decisión propia o por encargo de otros. Aunque el vocablo es aceptado todavía por la Real Academia, estaba en desuso, no se empleaba desde hace siglos, así que me pareció que podía mostrar bien la diferencia entre lo que es el homicidio común y los asesinatos cometidos por encargo del Estado.

El origen del término es interesante, pues se vinculaba con el uso que durante la edad media había hecho de los homicianos la corona de España. A partir de los siglos XII y XIII se estableció un instrumento jurídico que se denominó el “privilegio de los homicianos”, era una propuesta política por medio de la cual se les concedía el perdón a los individuos que habían cometido delitos de sangre si se ponían durante un tiempo al servicio del poder. Ese tiempo lo estipuló Alfonso XI de Castilla en “un anno et un dia”, y durante ese periodo los homicianos ponían sus armas al servicio del poder, y se dedicaban a batallar y matar a nombre del rey.  Es importante destacar que aunque era un privilegio amplio e indeterminado, no eran susceptibles de recibir ese privilegio quienes en alguna circunstancia habían sido desleales con el poder. Quienes habían cometido delitos de traición a sus jefes, desertado de sus funciones, entregado castillos o raptado a la “muger de su sennor” no podían merecer ese privilegio, pues los homicianos eran un instrumento singular del poder al cual le debían lealtad.

Con los homicianos he querido rescatar una dimensión que nos introduce en una aporía. Los homicidas actúan quebrantando la ley que dice no matar, es claro; los homicianos actúan a nombre de esa misma ley, pero faltando a la ley. Es una aporía pues los homicianos actúan a nombre de un Estado y una ley que formalmente les impone unas restricciones para el uso de la fuerza, pero al mismo tiempo, y de manera práctica, los envía a desobedecerla ley. Por eso son homicianos y no homicidas, pues asesinan sin ley aunque a nombre de la ley.

—¿Qué es la tanatopolítica? ¿Su instrumento es el sicariato de Estado?

—La tanatopolítica es una política de la muerte que sustituye al ejercicio del poder como una política de la vida, la cual ha sido la forma generalizada de ejercicio de la soberanía en las democracias y el Estado de bienestar moderno. La modernidad trajo cambios importantes en el uso del poder y la función del Estado, y es eso lo que Michel Foucault se dedica a revisar en sus cursos en College de France. En el absolutismo la soberanía del poder radicaba en su capacidad de dar la muerte, era el ejercicio directo del droit de glaive. En el Estado moderno el poder busca dar la vida, no la muerte, por eso se dedica a la educación, a la salud, se quiere proteger la vida, y en cualquier caso se deja morir, pero no se mata, es la biopolítica.

En la tanatopolítica el gobierno se enfoca hacia la muerte, pues perdió la capacidad de dar la vida por la destrucción que hizo de la economía petrolera y de la actividad privada, y esto un gran retroceso histórico. Por eso en Venezuela ha sido posible observar que en los hospitales no hay medicinas y las ambulancias están dañadas; que los ambulatorios de Barrio adentro están cerrados, que las paredes de las escuelas se están cayendo y no tienen tiza para escribir en los pizarrones ni detergente para limpiar los baños, pero los cuerpos represivos del Estado tienen uniformes y armas nuevas, y un sofisticado equipamiento anti motines. No hay policías para evitar los robos en las casas y el transporte público, pero sobran guardias para ir a reprimir las protestas de los jubilados o las enfermeras.

La política de seguridad de un país debe orientarse a proteger a la población y hacer cumplir la ley. La tanatopolítica subvierte esos principios, pues no busca proteger a los ciudadanos, sino a los funcionarios; ni tampoco pretende hacer cumplir la ley, sino a causar la muerte incumpliendo la ley. En la tanatopolítica no se mata por el placer privado de dar la muerte, sino por el propósito público de someter la vida; la muerte está al servicio del poder. Es una situación en la cual el Estado de derecho se convierte en un estado de individuos sin derechos.

Weber escribió que la violencia no es el único medio que tiene un Estado, pero sí es su medio específico de actuar.  Pero esa violencia, Gewalt, siempre estaba atada a unas normas y se ejercía con legitimidad cuando estaba circunscrita a lo establecido en el Estado de derecho. Y eso está implícito, como apunta Jacques Derrida, en la doble significación de la palabra Gewalt en alemán: tanto violencia como poder legítimo, autoridad justificada. Es el Estado de derecho, el Rechtsstaat, quien determinaba el sometimiento de los funcionarios a una ley que les autorizaba a usar la fuerza y las armas, y al mismo tiempo se los regulaba, les imponía límites. No era un ejercicio arbitrario de la violencia, la expresión de un deseo individual y sin control, sino de una acción constreñida por las disposiciones de la ley.

En la tanatopolítica, ese uso de la fuerza y las armas por los funcionarios se aparta de las normas y se transforma en el uso desnudo de la violencia, sin el ropaje de la legalidad ni la legitimidad. Y eso ocurre no por una decisión individual, sino por los propósitos del Estado. El funcionario puede ser quien empuñe y percuta el arma, pero el mandante es otro; el funcionario trasmite un mensaje, pero no es él o ella quienes originan el mensaje, ellos son apenas seres hablados por el poder del Estado.

El propósito de la tanatopolítica es someter a la población al fragilizarla ante las amenazas letales. Las acciones de las OLP y luego la FAES se convierten en una tanatopolítica porque no responden a los abusos individuales o corporativos de los cuerpos policiales, sino a la acción del Estado. La tanatopolítica es el uso de la capacidad de dar muerte para obtener fines políticos, aunque usen a los delincuentes como excusa, el propósito es controlar la sociedad con la manipulación de la vida.

—Aunque el estudio se enfoca en las víctimas y no en los victimarios, me atrevo a preguntarle por la cultura laboral y las lógicas que están presentes entre los funcionarios que realizan estas ejecuciones. ¿Quiénes son? ¿Qué los estimula a matar? ¿Se premia a los funcionarios más violentos o que acumulan una mayor cantidad de víctimas? ¿Podría haber ocurrido que la exterminación ocurra para cumplir con cuotas?

—En nuestro estudio entrevistamos a las víctimas para conocer su dolor, pero también como un medio para conocer los victimarios por sus prácticas, por su actuación, no por lo que dicen los documentos oficiales.

Ciertamente hay culturas laborales distintas que dependen de varios factores, por ejemplo, los estudios muestran que el modelo organizativo que establece que los policías pernocten en los cuarteles, tiende a favorecer más la complicidad y la creación de grupos criminales que el modelo de organización que los envía a dormir en sus casas después del trabajo. Ahora bien, lo que ha sucedido en Venezuela es algo diferente y paradójico, pues después que por años el gobierno había vociferado un nuevo modelo de policía socialista, de izquierda y no represiva, después que crearon comisiones para la reforma policial, una universidad de la seguridad y la nueva policía nacional, terminaron en la tanatopolítica.

Hay una cultura policial dedicada a la muerte, no en vano el símbolo que han usado en su vestimenta y vehículos ha sido una calavera. Para los funcionarios como personas la muerte es una rutina, actúan sin pensar, cumplen órdenes y la muerte se convierte en un acto trivial, es la banalidad del mal. En un caso que estudiamos, los policías llegaron en la madrugada a una vivienda humilde, sacaron a los familiares y los trasladaron a una casa vecina mientras buscaban a un joven que dormía en su cuarto. Los familiares oyeron los disparos, luego lo sacaron de la casa y horas más tarde lo reportaron muerto en la morgue de un hospital. Mientras tanto, los demás funcionarios se quedaron en la casa, limpiando las evidencias y cocinándose unas arepas. En el vecindario escuchaban como los que cocinaban llamaban a los que estaban de guardia en la calle para que fueran a desayunar…

Es la violencia desnuda, administrativa, ejecutada por funcionarios que son gente común, que matan y luego se preparan desayuno con la comida de la víctima, y además le roban la comida sobrante, y alguna ropa o unas sabanas, para llevárselas de regalo a su novia o a sus hijos…Es la banalidad del mal en el sentido de Hannah Arendt, no son monstruos, son funcionarios que cumplen su tarea. El monstruo es el sistema autoritario que les ordena su actuación y los convierte en sicarios del Estado.

—La investigación incluye los testimonios de familiares de las víctimas en ocho regiones del país. ¿Hay miedo en esas personas? ¿Qué sentimiento tienen ante las instituciones? ¿Entienden la responsabilidad del Estado venezolano?

—Los familiares, los sobrevivientes, los vecinos tienen miedo. Por eso se callan, no denuncian, no acompañan a las víctimas. Prefieren el silencio, mudarse de la zona donde viven, de la ciudad, intentar ocultarse y, en algunos casos, hasta irse del país. El gobierno ha sido exitoso al silenciarlos.

Adicionalmente hay en la población un sentimiento ambiguo, pues como ha estado sometida por años al delito, resultado de la inacción y las políticas equivocadas, recibe con alegría que el gobierno esté actuando contra los bandidos, y si además le dan el mensaje que están matando a los delincuentes que podían amenazarlos, entonces la gente siente una cierta satisfacción. Pero luego ven los abusos y las muertes cercanas, y las repudian. Fue sorprendente el sentido de la ley que encontramos en las personas, quienes nos decían: si es verdad que son delincuentes, pues póngalos presos, pero no tienen derecho a matarlos, pues esa pena no existe en la ley. Pero les cuesta entender la responsabilidad del Estado por esa ambigüedad de sentimientos.

—¿Por qué, si es algo conocido, denunciado y cuestionado, incluso fuera de Venezuela, continúan los crímenes de Estado? ¿Qué beneficios produce al poder?

—El gran beneficio es que la tanatopolítica permite la consolidación del Estado autoritario. Por eso no les importan las críticas y la desafían. Esa es la explicación de por qué a las pocas semanas de que la señora M. Bachelet, como alta comisionada para Derechos Humanos de la ONU, solicitara la eliminación del cuerpo policial acusado de las ejecuciones extrajudiciales, la respuesta que obtuvo del gobierno fue el grito de ¡Viva la FAES!

La tanatopolítica permite la manipulación de la vida a través de la administración del hambre con las bolsas CLAP y de la administración de la muerte con las distintas formas de las OLP. Ellas representan la diferencia entre la vida y la muerte. Como una parte importante de la población sólo puede alimentarse con lo poco o mucho que contienen las bolsas CLAP, recibirla o no recibirla es un asunto de vida o muerte. Por eso se convierten en una forma de dominación, las persona no se someten por recibir las bolsas CLAP, se someten por el miedo a perderlas y acercarse a la muerte por hambre. Los operativos policiales son la otra cara de la misma moneda, muestran el delgado umbral entre la vida y la muerte.

El propósito político ha sido infantilizar a la población adulta, transformarlas en seres dependientes y frágiles, forzarlas a la condición precaria de un niño que necesita de los demás para continuar viviendo. Es esa forma de dominación sofisticada que Martha Nussbaum ha llamado la monarquía del miedo. Es el mismo terror que se establecía en el campo de concentración cuando los guardias apilaban, por separado, las fichas con los nombres de quienes continuaban en la vida y quienes iban a la muerte.

—¿La percepción de que existe una política de exterminio de supuestos delincuentes goza de la aprobación de una mayoría de la sociedad venezolana? ¿Además de impunidad legal, hay también un estatuto de aprobación social de estos crímenes?

—Aunque en la encuesta nacional que hicimos la mayoría de la población, un 68% desaprueba esa política de exterminio, hay un 32% que la aprueba o la justifica. No es una cifra pequeña. Y el gobierno lo sabe y por eso continua con sus actuaciones. Entre quienes aprueban las matanzas hay partidarios fanáticos del gobierno y hay ciudadanos temerosos y con deseos de seguridad. Es la trampa del gobierno, que por años dejó a la población expuesta al crimen y luego salió con su mano dura a protegerla.

La tanatopolítica es una política conservadora, solo comparable a la aplicada por las dictaduras militares. Walter Benjamin diferenciaba en sus escritos entre la violencia transformadora, que pretende instaurar un orden nuevo, y la violencia conservadora que busca mantener el poder dominante. La tanatopolítica es una violencia conservadora, aunque se disfrace de izquierda y de amor, es la expresión de la estafa que ha sido la revolución bolivariana, es una política travesti por medio de la cual la violencia más conservadora se ha disfrazado de revolución.

*Alberto Camardiel, Gloria Perdomo, Anna María Rondón Trejo, Dioseli González, Carmenofelia Machado C., María Virginia Alarcón, Olga Beatriz Ávila Fuenmayor, Carlos Trapani Blanco, Eumelis Moya Goitre, Carmen Julia III Amundarain Ortiz, Jesús José Subero Marín, Mayber Márquez Zambrano, Carlos Alberto Nieto Palma, Iris Terán-López, María Chacón-Herrera, Maily Tang-Pérez, Raima Rujano, Solange Chacón de Garcés, Johel Salas, Gustavo A. Páez S., Karina Rondón V., Nilsa Gulfo, Yhimaina J. Trejo U., Iris Amelia Rosas, Pedro Rengifo, Carlos A. Meléndez, Yelena Salazar, Rina Mazuera-Arias y Jessy Daniela Aleta Andrade.

**Tanatopolítica en Venezuela. Sicariato y Estado de Derecho. Roberto Briceño-León. Editorial Alfa, Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO) y Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV). Cofinanciado por la Unión Europea. Venezuela, España, 2022.

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• Roberto Briceño León