Por MANUEL ALBERTO DONÍS RÍOS
Hace 55 años, el 17 de febrero de 1966, se firmó en Ginebra el Acuerdo para resolver la controversia entre Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la frontera entre Venezuela y la Guayana Británica.
En su artículo primero, el Acuerdo estableció que se creaba una Comisión Mixta, con el objetivo de “buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido surgida como consecuencia de la contención venezolana de que el Laudo Arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica es nulo e írrito”.
Para Venezuela, el Acuerdo de Ginebra significó la aceptación por Gran Bretaña de nuestra reclamación del Territorio Esequibo, 159.500 km2 que nos fueron arrebatados por el Laudo Arbitral dictado en París el 3 de octubre de 1899. Un triunfo de la diplomacia venezolana, sin duda, al lograr reabrir un caso que había sido cancelado por los británicos.
El Acuerdo de Ginebra fue un reconocimiento a los esfuerzos de Venezuela por rescatar, apenas conocida la forma irregular de cómo se había producido la sentencia arbitral, el territorio situado al occidente del río Esequibo, que históricamente le pertenecía por legítimos títulos que datan de la capitulación de Gonzalo Jiménez de Quesada de 1569, génesis de la Provincia de Guayana, entidad que formó parte de la Capitanía General de Venezuela de 1777 y de la República de Venezuela a partir de 1811.
Y no se piense, como alega la República Cooperativa de Guyana, que Venezuela entre 1899-1962 nunca expresó de forma consistente y repetidamente su aceptación incondicional al Laudo de 1899. La documentación existente demuestra lo contrario.
Apenas el gobierno venezolano tuvo conocimiento de algunas de las irregularidades cometidas en el Tribunal de Arbitraje y durante el Laudo, decidió desconocerlo. Así lo declaró a la prensa el presidente Ignacio Andrade (1898-1899). Venezuela tenía el derecho de hacerlo, pero de ser así se enfrentaría sola, sin el apoyo de EE UU, a la Gran Bretaña, la primera potencia mundial del momento. Pero además, estaba convencida de que se había producido no solo un entendimiento entre Estados Unidos e Inglaterra en la decisión arbitral, sino entre ambas naciones para tomar acciones en Cuba, Filipinas y Sudáfrica.
La iniquidad del Laudo de 1899 no “durmió el sueño de los justos”. Se mantuvo en la prensa nacional y en las aulas de clase. Los gobiernos venezolanos decidieron velar por el mantenimiento estricto de la frontera con la Guayana Británica y, al mismo tiempo, no favorecer aún más las aspiraciones británicas que en diversas oportunidades intentaron modificar a su conveniencia la línea del Laudo. Para poner solo un ejemplo: en 1930, el gobierno nacional actuó con firmeza cuando conoció la presencia de extranjeros provenientes de la Guayana Británica en la región de la Gran Sabana, los cuales llegaron a establecerse en Akurimá, Kamuarán y Luepá. El Ejecutivo reclamó la intromisión y giró instrucciones para que salieran del territorio, lo cual se ejecutó.
La revisión del Laudo de 1899 comenzó a exigirse en diversos escenarios internacionales a partir de la presidencia de Isaías Medina Angarita en 1944. Al año siguiente, se promulgó la Carta de las Naciones Unidas y, con este espíritu de equidad internacional, se abrió un abanico de posibilidades para Venezuela. Al conocerse en 1949 el Memorándum de Severo Mallet-Prevost, que reveló las intimidades del Laudo, el gobierno venezolano decidió iniciar la búsqueda de los documentos probatorios de esta farsa. Para 1962 Venezuela estaba en posesión de una copiosa documentación que substanciaba la nulidad de la sentencia arbitral —y arbitraria— de 1899.
La reclamación del Territorio Esequibo se formalizó en 1962 bajo la presidencia de Rómulo Betancourt. A consecuencia de las conversaciones sostenidas con representantes de los gobiernos de Venezuela y Gran Bretaña, se procedió a la revisión por los expertos de ambas naciones a la documentación relativa al Laudo. Luego de numerosas reuniones sostenidas entre 1964 y 1965, las partes —Venezuela, Gran Bretaña y Guayana Británica (República Cooperativa de Guyana a partir de 1966)— decidieron firmar el Acuerdo de Ginebra.
Desde 1966 y hasta la fecha no ha sido posible llegar a un entendimiento entre las partes. Desde el primer momento Guyana ha sostenido que el objetivo del Acuerdo no es otro que el de establecer la contención venezolana de que el Laudo es nulo e írrito, mientras que Venezuela insiste en que su objetivo es llegar a un arreglo práctico de la controversia, satisfactorio y aceptable para las partes. Dos posiciones antagónicas.
A partir de 2014 Guyana dirigió sus esfuerzos diplomáticos para dirimir el reclamo venezolano ante la Corte Internacional de Justicia, dejando de lado el Acuerdo de Ginebra. Fue más allá en su rechazo al Acuerdo al autorizar a compañías petroleras para que iniciaran actividades de exploración petrolera en las costas de la Zona en Reclamación.
La inalterable política de Guyana con respecto a la reclamación venezolana se radicalizó a partir de 2015 al hallarse petróleo en cantidades significativas que pudieran convertirlo en un país rico. Por primera vez en 55 años a Guyana no le interesa mantener la figura de los buenos oficios y ha decidido acudir a la Corte Internacional de Justicia para resolver de una vez la controversia territorial que sostiene con Venezuela desde 1966.
Tres hechos recientes destacan en esta historia de 55 años: 1) la decisión del secretario general de la ONU, António Guterres, de fecha 30 de enero de 2018, 2) la Solicitud de procedimientos institucionales en el Tribunal Internacional de Justicia, República Cooperativa de Guyana vs. República Bolivariana de Venezuela de 29 de marzo de 2018, 3) el fallo de la Corte Internacional de Justicia del 18 de diciembre de 2020, en el que declara que tiene competencia ante la demanda introducida por Guyana ante Venezuela.
Este es el reto al que debe responder y resolver de forma satisfactoria para los intereses nacionales la actual diplomacia venezolana. Esta debe hacer su mejor y mayor esfuerzo en la búsqueda de soluciones satisfactorias para las partes, a pesar de las dificultades actuales y aquellas que pudieran presentarse, teniendo presente que la reclamación del Territorio Esequibo se ha convertido en un asunto más complejo debido a la existencia de un número significativo de compañías petroleras a las que Guyana otorgó concesiones que afectaron los derechos legales y soberanos de Venezuela en su salida libre al océano Atlántico.
La situación actual de la fachada atlántica venezolana se encuentra amenazada no solo por la complejidad del espacio geoestratégico de la que forma parte, sino por representar una zona en la que los Estados vecinos reclaman sus derechos y en los que se han encontrado cuantiosas reservas de hidrocarburos.
Se hace imperativo conocer a profundidad, con la rigurosa evidencia documental, los acontecimientos geopolíticos a nivel mundial y del Estado venezolano en las últimas décadas para poder entender la compleja realidad de la reclamación del Territorio Esequibo. Todo cuanto se haga o se deje de hacer desde el punto de vista político, económico y diplomático fortalecerá o debilitará el justo y legítimo reclamo venezolano iniciado en 1966.
La defensa del Territorio Esequibo corresponde a todos los venezolanos sin distinciones de ningún tipo. Sí, la unidad nacional es decisiva para lograr que se entienda con claridad que, dentro del respeto que tenemos por Guyana, consecuente con el carácter y naturaleza pacífica y respetuosa de la paz y de la negociación que siempre ha demostrado Venezuela en su política exterior, poseemos también la firme determinación de hacer respetar nuestros derechos sobre un territorio legítimamente venezolano y que nos fue arrebatado por el “Laudo Arbitral” de 1899.
Dentro de esta perspectiva, más allá de las palabras o de los oportunismos, Claudio Alberto Briceño Monzón (ULA), José Alberto Olivar (USB), Pablo Cohén Celis (CN.r) y quien escribe ofrecemos a los lectores esta obra que tuve el honor de coordinar.