Laidy Gómez, gobernadora electa del Táchira, denunció este miércoles que, luego de su victoria en las elecciones regionales, fueron traspasados varios patrimonios del estado hacia ministerios del gobierno nacional.
Afirmó que los entes están siendo desincorporados porque son inauditables: «Tenemos conocimiento de que se recibieron por parte de estos entes partidas en divisas. Eso es lo que genera un gran temor, frente a una auditoría del nuevo gobierno».
Gómez señaló que también posee evidencias de que el traspaso no fue llevado a cabo el 10 de octubre, como dice el documento, sino el 16, después de que José Gregorio Vielma Mora perdió en los comicios regionales.
Anunció que realizará acciones legales para determinar los responsables civiles, penales y administrativos de las irregularidades. «Nosotros vamos a hacer un llamado público y formal a través de la acción legal en la Contraloría General del Estado, que tiene que responder por la investigación que determine la ilegalidad con la que traspasan bienes que son patrimonio del estado, porque nosotros estamos apegados a la ley».
Aseguró que Corpotáchira es utilizado con la finalidad de ofrecer «servicios paralelos» para «cautivar y capitalizar» al electorado en San Cristóbal y que vote por el chavismo.
«El pueblo está cansado de confrontar»
Ayer el presidente Nicolás Maduro amenazó con cárcel a Laidy Gómez y la vinculó con el paramilitarismo colombiano. La gobernadora exigió respeto al mandatario y le pidió reconocer los votos del pueblo.
«El pueblo está cansado de confrontar, de la violencia. A ustedes no les hacen bien más presos políticos. Yo no quiero seguir en confrontación», indicó.
Afirmó que su foco está puesto en trabajar en un gobierno de calle que permita brindarle soluciones a los tachirenses. «Si usted quiere pelear, pelee usted solo. Yo estoy dedicada a conformar un equipo para hacer un gobierno de calle, pero usted también debe respetar».
Por último criticó las especulaciones sobre su supuesta juramentación ante la asamblea nacional constituyente y afirmó que seguirá apegada a los principios constitucionales.