La inmunidad parlamentaria incluye el derecho de no ser requisado ni detenido por ninguna autoridad, a menos que el diputado sea capturado delinquiendo en flagrancia. Solo en ese caso, dice la Constitución, el parlamentario debe ser recluido en su residencia y la autoridad que practique la detención debe notificar de inmediato al Tribunal Supremo de Justicia, único juzgado con autoridad para conocer de los presuntos delitos cometidos por los legisladores. La no agresión física es otro componente intrínseco de la inmunidad parlamentaria.
Desde que la oposición ganó la Asamblea Nacional en diciembre de 2015 esa garantía se ha violentado sistemáticamente. No solo hay diputados detenidos, como Gilber Caro, otros que son presos políticos y resultaron electos como suplentes y aun con boletas de excarcelación no han salido de prisión, como Renzo Prieto.
Además, el arrinconamiento judicial ha llevado hasta anular las funciones del Parlamento. Y aunque el Ejecutivo insiste en que la sentencia 155 de la Sala Constitucional, que suprimió la inmunidad parlamentaria de un solo golpe, fue “corregida y revertida” el 31 de marzo, en la práctica ninguno de los diputados de la oposición tiene garantizada esa prerrogativa.
45 agresiones de distinta índole contra 37 diputados de la Mesa de la Unidad Democrática ha registrado El Nacional desde el 28 de marzo de 2017, fecha cuando la Sala Constitucional del TSJ anuló la inmunidad parlamentaria y los representantes del pueblo venezolano se levantaron contra el atropello. Los primeros días los diputados protestaron en solitario, con marchas sorpresivas hacia el TSJ y el CNE; pero a partir del 1° de abril el reclamo contra lo que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, calificó como una grave alteración del orden constitucional, recibió el respaldo ciudadano masivo.
Desde entonces y hasta el viernes 9 de junio se han realizado 37 movilizaciones nacionales convocadas por la Unidad, sin incluir las protestas regionales, municipales y locales que la ciudadanía ha realizado de manera espontánea con acompañamiento o no de políticos.
Si bien la protesta de calle ha sido herramienta de lucha de la oposición desde hace 18 años, uno de los signos distintivos de esta rebelión ciudadana, como la definió Provea, es la presencia en primera fila de los diputados de la Unidad.
Los escuderos del Parlamento. La bancada de la Unidad, mermada por varias sentencias del TSJ que obligaron a la desincorporación de 3 diputados de Amazonas, está conformada por 109 parlamentarios procedentes de todos los estados del país. Desde que inició la protesta el 28 de marzo, todos se han puesto al frente de las manifestaciones, bien en sus regiones junto con sus electores o en Caracas.
En la refriega con los organismos del Estado que impiden cualquier movilización de la oposición hacia los entes públicos, todos han tragado gases lacrimógenos, pero 37 han resultado heridos, lesionados, atacados, detenidos ilegalmente o afectados por la acción de policías, militares o civiles armados identificados con el gobierno. Distrito Capital y Miranda son las entidades con más diputados heridos o afectados, con 7 cada uno; Lara, Monagas y Vargas suman 3 lesionados cada uno; Anzoátegui, Aragua, Mérida, Nueva Esparta, y Táchira, dos cada uno; y Bolívar, Carabobo, Sucre y Zulia con un parlamentario atacado cada uno.
La tolda política con más diputados en la cámara, Primero Justicia, es la que tiene más diputados heridos o afectados hasta el 9 de junio: 17 en total. Seguidos por Voluntad Popular con 10, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo con 3 cada uno; Vente Venezuela con 2, y Alianza Bravo Pueblo con uno, además de una diputada independiente.
Carlos Paparoni (PJ-Mérida) y Juan Requesens (PJ-Táchira) son los que más ataques acumulan con 5 incidentes cada uno. Miguel Pizarro (PJ-Miranda) y José Brito (PJ-Anzoátegui) suman 4 ataques cada uno. Gaby Arellano (VP-Táchira), José Manuel Olivares (PJ-Vargas) y Rafael Guzmán (PJ-Miranda) han sido agredidos en tres ocasiones cada uno de forma directa o contra sus familiares.
Estos siete diputados pertenecen a la denominada generación de 2007, que inició su activismo político en protestas contra el cierre de RCTV y en rechazo a la reforma constitucional propuesta ese año por Hugo Chávez y que fue derrotada. Hay quienes los empiezan a llamar la generación de 2017.
GNB agresora
Los ataques a los diputados se clasifican, de acuerdo con la investigación de El Nacional, en heridas abiertas o fracturas (29%), lesiones y asfixia (42%), persecución y robo (7%), detenciones ilegales (9%) e intimidación (16%). La mayoría de las veces (80%) son atacados de forma individual, aunque también hay registros de ataques a varios al mismo tiempo (20%).
Los perpetradores de las agresiones son en primer lugar la GNB (60%), la PNB (11%), civiles armados progobierno (11%), el Sebin y la Dgcim (4%), el Saime (2%), Nicolás Maduro (2%), tribunales militares (2%) y personas no identificadas (7%).
El primer ataque contra diputados se produjo el 28 de marzo y fue en grupo. Gaby Arellano, Stalin González, Miguel Pizarro, Marcos Bozo, Olivia Lozano, José Brito y Juan Requesens resultaron afectados cuando fueron dispersados a empujones por la GNB mientras esperaban ser atendidos por funcionarios de la Vicepresidencia en las adyacencias de una tarima ubicada en la avenida Universidad.
El 1° de abril, Henry Ramos Allup fue retenido en el peaje de Taborda durante varios minutos por la GNB que le exigía registrar su vehículo y un automóvil tipo taxi, presuntamente del Sebin, lo siguió.
El 1° de mayo José Manuel Olivares fue golpeado en la cabeza con una bomba lacrimógena, lo que ameritó 12 puntos de sutura. Un mes antes, el 3 de abril Juan Requesens fue atacado por civiles armados a las puertas de la Defensoría del Pueblo, lo que le dejó rotura de párpado y fractura de nariz, mientras José Brito terminó con una costilla fracturada.
Otros casos que no solo implican agresión física, pero violan la inmunidad se registraron contra Delsa Solórzano (retención ilegal y revisión de su equipaje en Maiquetía), Yanet Fermín (detenida por varias horas en Nueva Esparta durante una protesta) y Gilber Caro, sometido a un juicio militar con pruebas presuntamente sembradas.
Sin cobrar
Las agresiones físicas e institucionales contra los parlamentarios tienen los más variados matices. Los que protestan consistentemente desde marzo de 2017, no cobran salarios desde agosto de 2016. Han asistido a la AN, a las comisiones, realizado investigaciones, elaborado leyes, aprobado acuerdos, representado al país en el exterior, sin cobrar una sola quincena ni beneficios laborales desde hace 10 meses.
“La intervención de la Asamblea Nacional es administrativa también, pues le fue quitada su competencia para fijar o aumentar los salarios de sus trabajadores, para pagar sus servicios, para cubrir su mantenimiento. Este Palacio, por ejemplo, es Patrimonio Histórico de la Nación y, desde hace más de un año, no hay partida para su mantenimiento. La verdad es que esta Asamblea, como todo el país, está en resistencia”, afirma el secretario del Parlamento, José Ignacio Guédez (Causa R).
Por si fuera poco, los legisladores más visibles de la oposición no son admitidos en las líneas aéreas nacionales, por lo que cada vez son menos los que, viviendo en el interior del país, pueden abordar un vuelo para participar en las sesiones de la AN. “Es una orden gubernamental y cada diputado se va enterando en el aeropuerto si se podrá subir o no al avión. Tenemos diputados sin pasaporte, tenemos diputados secuestrados. Sin embargo, ellos no han querido, ni los partidos, ni la MUD, que este drama que los afecta protagonice nada, porque sabemos que muchos venezolanos viven situaciones mucho peores. Todo el país está en crisis. La dictadura es contra todos. Ellos no escapan a eso”, dijo Guédez.
Almuerzo heroico
Esta situación, aunada a la falta de pago de salarios, ha impedido que durante este año la MUD logre tener en cámara a sus 109 representantes. La mayoría de las sesiones de 2017 se han instalado con el quórum reglamentario (83 diputados) o apenas un poco más.
Preguntado sobre cómo sufragan sus gastos de viajes y trabajo si no tienen sueldos, el secretario respondió: “Cada diputado tiene una realidad distinta. Lo que hacemos aquí es un esfuerzo conjunto coordinado por la MUD para asegurarles el almuerzo a los que vienen cuando hay sesión. Es un esfuerzo casi heroico. Pese a todo esto, la AN sigue sesionando, cumpliendo sus funciones constitucionales y además lidera la rebelión contra la dictadura. Estos diputados son un ejemplo de resistencia para el pueblo”.
Lo cierto es que cada parlamentario paga sus gastos de traslado y estadía en Caracas, muchos se quedan en casas de amigos o familiares. No tienen gastos de representación, ni planes para sus líneas celulares. En 2016 se registraron varios cortes de luz en las instalaciones del Parlamento. En las últimas tres semanas no han tenido Internet, lo que ha dificultado la divulgación de información sobre la AN y el desarrollo de procesos como la convocatoria a la conformación del Comité de Postulaciones Judiciales.
Junto con los diputados, también los trabajadores legislativos resisten la arremetida de un gobierno. Desde enero de este año, los empleados administrativos y obreros, más de 3.000, no tienen cobertura de seguro de HCM porque el gobierno –que le quitó la potestad de pagar su nómina al Legislativo– no cumple con los pagos a la empresa aseguradora. Igualmente, los trabajadores no perciben bonos y beneficios contractuales a los que tienen derecho. Aun así, ellos también van a cumplir con sus funciones diariamente.
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