Alfredo Ramos, alcalde del municipio Iribarren en el estado Lara, denunció este miércoles que las demandas introducidas en su contra por funcionarios del gobierno tienen como objetivo lograr su destitución y encarcelamiento.
Los procesos judiciales, solicitados por dirigentes del PSUV y por concejales de la Cámara Municipal del estado, se basan en una averiguación penal donde se le acusa de financiar protestas violentas y lo califican de terrorista. Ramos comparó su caso con la privativa de libertad a los ex alcaldes Daniel Ceballos y Antonio Ledezma, en 2014.
El dirigente opositor aseguró que ha recibido instrucciones de Rafael Torrealba, general de división de la Zona Operativa de Defensa Integral, para que la policía municipal reprima a los manifestantes.
“Eso no es competencia de la policía municipal porque ellos no se deben al orden público, sino al acompañamiento en las manifestaciones», expresó el alcalde.
Sostuvo que las protestas son consecuencia de una reacción popular de todos los sectores frente a la crisis que vive el país. Recalcó que las manifestaciones son pacíficas hasta que se infiltran personas adeptas al gobierno y colectivos arremeten en contra de manifestantes.
Considera que el trasfondo de la crisis actual radica en un “plan” de golpe de Estado que inició en el año 2015, cuando la oposición ganó la mayoría en la Asamblea Nacional y el gobierno se dispuso a destituir a los tres diputados de Amazonas y declaró al Parlamento en desacato. Después continuó con las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, en las que se atribuye las competencias de la AN.
Con respecto a las inhabilitaciones de los gobernadores de los estados Miranda y Amazonas, Henrique Capriles y Liborio Guarulla, dijo que es una demostración del gobierno de Nicolás Maduro para “acorralar e intimidar a los actores democráticos”, que luchan contra un gobierno que intenta «perpetuarse en el poder».
Rechazó la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que a su juicio sería una «legalización de la dictadura, la disolución de la Asamblea y el establecimiento de un estado comunal como el que existe en Cuba».