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La figura de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido objeto de crecientes críticas por su papel en las negociaciones con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Recientemente, Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela y actualmente exiliado en España, reveló que Zapatero fue el «artífice» de su encuentro con el chavismo. Esta afirmación plantea serias dudas sobre si su intervención fue la de un mediador imparcial o, por el contrario, la de un facilitador del régimen, sugiriendo una preocupante complicidad con un gobierno que sistemáticamente viola los derechos humanos.
González denunció haber enfrentado «amenazas extremas» y presiones insoportables durante las negociaciones en la embajada española, donde fue recibido por el embajador Ramón Santos. Bajo coacción, se vio obligado a firmar un documento que legitimaba el fraude electoral orquestado por el Tribunal Supremo de Justicia chavista. En este contexto, enfatizó que «todo documento firmado bajo coacción es nulo por un vicio grave en el consentimiento».
Las implicaciones de este régimen son evidentes. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de Delcy Rodríguez, presentó imágenes de la residencia del embajador, tomadas sin el conocimiento de González, como prueba de las negociaciones. Aunque no estuvo presente en la residencia, la facilitación de estas conversaciones por parte de Zapatero y su sugerencia de que González se exiliara en España han llevado a acusaciones de complicidad en el proceso de legitimación del régimen.
Un elemento especialmente controvertido es la declaración de Hugo «el Pollo» Carvajal, exjefe de la Inteligencia Militar del chavismo, quien afirmó tener pruebas de la implicación de Zapatero en operaciones de corrupción en Venezuela, incluso señalando su vinculación con una «mina de oro». Estas afirmaciones reavivan las preocupaciones sobre la naturaleza de las acciones de Zapatero y su relación con el régimen venezolano.
La situación se complica aún más con las insinuaciones de la líder opositora María Corina Machado, quien sugiere que ciertos actores que se presentan como oposición operan en realidad para el régimen. Esto plantea interrogantes sobre la verdadera intención de la mediación de Zapatero, sugiriendo que no fue un acto inocente.
A pesar de que el Gobierno de Madrid garantizó asilo político para González, las negociaciones continuaron, con los hermanos Rodríguez visitando la embajada en dos ocasiones tras una llamada de Zapatero, intensificando la presión sobre González. El Partido Popular ha exigido la dimisión del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, acusando que la salida de González fue «pactada» en la embajada.
González confirmó que firmó un documento reconociendo la victoria de Maduro en las elecciones del 28 de julio, pero lo hizo bajo amenazas. El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha demandado explicaciones a Zapatero, afirmando que «en el escándalo de Venezuela hay tres Rodríguez». Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores defendió el papel del embajador, insistiendo en que González actuó con plena libertad, a lo que González replicó que su firma fue producto de una «coacción» inaceptable.
En un contexto de creciente indignación, el sindicato Manos Limpias ha presentado una denuncia contra Zapatero ante la Corte Penal Internacional por su «colaboración con el régimen criminal de Nicolás Maduro». La denuncia, respaldada por informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sostiene que Zapatero ha contribuido a la represión sistemática y a las violaciones de derechos humanos en Venezuela.
Además, un grupo de venezolanos residentes en España ha presentado una querella ante la Audiencia Nacional contra Zapatero por delitos de lesa humanidad, tortura y contra la integridad moral, conforme a los artículos 607 bis y 174 a 177 del Código Penal. La denuncia ha sido asignada al magistrado Ismael Moreno, del Juzgado Central de Instrucción Número 2, quien está evaluando su admisión.
El abogado de los querellantes, Ricardo E. Miracle, destacó que esta acción judicial es la primera que realizan «personas físicas» sin intermediarios. Los denunciantes, que han sufrido amenazas y torturas a manos del régimen de Maduro, acusan a Zapatero de haber «blanqueado» al régimen bolivariano y de haber actuado como un lobista en favor del régimen en el ámbito internacional.
El documento presentado ante el tribunal subraya que, aunque Zapatero se presentó en 2014 como mediador entre el gobierno venezolano y la oposición, su rol fue más el de un defensor del régimen de Maduro. Esta afirmación se respalda con declaraciones recientes tanto del actual gobierno español como del expresidente Felipe González, quienes han insinuado la cercanía de Zapatero con el régimen.
Desde un punto de vista procesal, la Audiencia Nacional tiene la jurisdicción necesaria para juzgar a Rodríguez Zapatero por sus acciones en Venezuela, basándose en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que permite investigar delitos cometidos fuera del país cuando los responsables son ciudadanos españoles.
Pedro Adolfo Morales Vera es economista, jurista, criminólogo y politólogo.