“En todas casas cuecen habas; y en la mía, a calderadas» (Frase proverbial en El Quijote).
Que un juez de la Audiencia Nacional en España haya rechazado una querella contra el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero (RZ), despachándola con inimaginable manera de administrar justicia en un país que se presume institucionalmente blindado, deja perplejos a los venezolanos que ingenuamente pensamos que la secular justicia española era administrada con una puridad propia de quienes han sido ejemplos universales de la juridicidad e integran una emblemática Unión Europea, incluso en su zona Schengen.
Casi parece un traje a la medida la decisión que libró al subjudice con sospechada celeridad de los cargos por delitos de lesa humanidad y contra la integridad moral por su supuesta vinculación y participación activa en favor de la permanencia en el poder de sus socios en Venezuela, pues, a criterio de la fiscalía y del juez se basa la pretensión “única y exclusivamente” en informaciones periodísticas y en redes sociales. Nada de seguir la investigación de oficio que impone el grave tipo delictivo de lesa humanidad. Nada de autos para mejor proveer. Nada de hechos públicos y notorios que en el caso serían de acción pública. Nada del valor probatorio o del cúmulo indiciario resultante de las muchas investigaciones recogidas en los distintos medios de difusión.
Para abordar el asunto, es necesario recordar que en marzo del año 2005 vino a Venezuela el entonces presidente del gobierno español a tratar directamente con Chávez la venta de equipos militares y armamento para patrullaje y otros. Siendo RZ un conspicuo representante del socialdemócrata PSOE, miembro de la Internacional Socialista (IS), ignoró deliberadamente en esa visita a AD, hermana del partido español, con el que había tenido lazos históricos desde los gobiernos de CAP y luego de Felipe González. No quiso saber de primera mano las observaciones que se le formulaban a la negociación y que se fundamentaban en que tales armas tendrían otros objetivos. No quería que lo perturbaran en el “negocio”. Para perfeccionar la contrata se valió de su embajador Raúl Morodo. Favorito y fan de Chávez, este cultísimo y prestigioso embajador de entonces jugó cuadro cerrado con el comandante eterno. Jamás quiso aceptar una invitación de AD para compartir visiones, tal como se acostumbró hacer para entonces con las demás legaciones.
En lo crematístico, resultó un business finamente hilvanado por el padre de esa criatura de nombre Alejo Morodo. El ABC español informó en 2012 del pago de 42 millones de euros que se le hizo a gente de confianza de RZ y Chávez por concepto del 3,5 % de una comisión indebida e ilícita en una venta de armas que se hizo de gobierno a gobierno.
El asunto también me retrotrajo a un hecho importante que se registró el 13 de noviembre de 2017, cuando la Unión Europea aprobó el embargo de armas hacia Venezuela. Con esa medida se reivindicaba la posición que en su momento asumió una AD distinta, cuando en el año 2005 se opuso firmemente a la venta de armas que se le realizaban al país, especialmente a la que contrataron con España. Todo esto marcó un hito en el país que se había enrumbado hacia un desenfrenado armamentismo y su connotación crematística. En segundo lugar, representaba el innoble propósito de demostrarnos a la oposición el poderío militar presto a sofocar sin contemplaciones las jornadas de protesta.
En un reportaje del diario El País de España se señala que en los gobiernos de RZ ese país vendió armas por valor de 2.431,21 millones de euros en 2011. Pero lo más importante es que se indica que ese año el principal cliente de la industria militar española volvió a ser Venezuela con 567,3 millones.
Ya es incontrovertible que Raúl Morodo es un refinado delincuente vista su confesión. Finalmente, a 10 años de los hechos, tuvo que admitir el ocultamiento de por lo menos 4,5 millones de euros de ganancias de Pdvsa. Con tamaño guiso perpetrado entre el 2013 y 2014, por unos “servicios prestados” que abarcaron no solo los ocurridos en ese lapso sino aquellos que tuvieron lugar desde su estreno en el cargo diplomático en el año 2005.
De manera que a tales tropelías han de sumárseles 10 años, en las que el exembajador compartió experiencias con otros “asesores» del mismo pelaje: Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y Alfredo Serrano Mancilla, quienes además participaron en la campaña electoral europea de 2014 “con los bolsillos dopados de dinero de Venezuela e Irán”, como tal lo refirió la periodista Elizabeth Fuentes en un reportaje. Muchas de estas fechorías, por el paso del tiempo, quedaron prescritas. Fue un “blanqueo” continuado desde el año 2005. Tiempo que pasa, la verdad que huye, reza el dicho.
A riesgo de cometer otra ingenuidad, cabe preguntarse ante todo esto si no era imperioso que los órganos de justicia en Venezuela investigaran estos hechos en los que el patrimonio de la nación habría sido birlado por estos deshonestos españoles.
X:@vabolivar