A efectos de este artículo, me circunscribiré a lo que sucede en México, que es el lugar donde resido desde hace muchos años, siendo un país que además pasa por un momento que me atrevería a decir que es un verdadero parteaguas, en lo que a ejercicio político se refiere y por ende, al ejercicio ciudadano, luego de que se dieran los cambios propios de los traspasos de poder en todos los niveles, en cargos de elección popular, a finales de septiembre del presente año.
Los cambios siempre deben ser entendidos como oportunidades. Si iniciamos por las definiciones de rigor, los cambios indican alteración, variación, modificación, hacer o volverse diferente; cambiar implica hacer una diferencia esencial que a menudo equivale a una pérdida de la identidad original o a una sustitución de una cosa por otra.
Visto esto, entonces partimos de la premisa de que el simple hecho de haber cambiado de gobernante, a nivel municipio, estado o país, implica per sé una transformación de lo que había. Ahora bien, pudiera haber una disyuntiva de si lo que pasa luego de ese cambio es peor o mejor, o simplemente el cambio no altera las condiciones y permanece tal como era, sencillamente con una nueva identidad a la cabeza (aplica solo para aquellos lugares donde no hubo reelegidos, aunque también con reelegidos puede haber cambios en gabinete y equipos responsables en general).
Solo con el hecho de que se anunció previo al término del período presidencial anterior, que se eliminaba el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), trastoca en general el cómo será abordada esta materia de ahora en adelante.
En ese sentido, refería Carlos Matute, del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, en un artículo publicado en 2019, que “la transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas son los ejes fundamentales para el desarrollo democrático en un Estado constitucional de derecho, ya que fortalecen el diálogo y la interacción entre el gobierno y los ciudadanos, en un espacio de libertad y respeto a los derechos humanos. Las herramientas de transparencia sumadas a la participación ciudadana, las tecnologías de la información y el buen gobierno son el germen del gobierno abierto, pero ¿qué es el gobierno abierto? Una estrategia de modificación profunda de las relaciones” del Estado, “la sociedad civil y las personas dentro de un orden” nacional “en un concierto mundial en el que los gobiernos pierden fuerza normativa con respecto a las empresas trasnacionales y los agentes internacionales … el Estado mexicano en los últimos sexenios ha realizado esfuerzos por alcanzar este gobierno abierto que disminuya las barreras que existían entre la ciudadanía y los integrantes del Estado mediante herramientas de rendición de cuentas a través del uso de tecnologías de la información. Por mencionar algunos de estos esfuerzos, se encuentran las reformas constitucionales en materia de transparencia y acceso a la información pública, de telecomunicaciones, responsabilidades administrativas y de anticorrupción, creando los Sistemas Nacionales de Transparencia y el de Anticorrupción. Otra parte importante es la creación de un órgano constitucional autónomo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, especializado en materia de transparencia, cuya autonomía lo hace estar fuera de la Administración Pública Federal y de la división de poderes tradicional, con el propósito de desvincular de las políticas gubernamentales las decisiones en las atribuciones que se les otorgaron, creando un contrapeso a la actuación gubernamental, de tal manera que se garantiza que los derechos públicos subjetivos de los gobernados sean respetados por las instancias gubernamentales … La eliminación, disminución o supresión de las autonomías constitucionales o la reducción de la fuerza de los poderes Legislativo y Judicial pueden resultar atractivas para la renovación de un proyecto nacional fundado en el renacimiento del modelo de Estado nacional, pero en el largo plazo puede erosionar la legitimidad del proyecto”.
De lo leído, se puede reflexionar sobre la importancia de los datos y sobre todo, de hacer de los gobiernos, escenarios más participativos catapulta la transparencia. También, llaman la atención algunas cosas, pero quizás las más resaltantes son estas dos que menciono, por lo vigente que están los temas en este instante: el “Instituto Nacional de Transparencia” y “Poderes Legislativo y Judicial”. Del primero, ya sabemos que hay un proceso de desarticulación, aunque la nueva mandataria nacional anunció recientemente la creación de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, que absorberá las funciones del INAI como lo son la transparencia, la vigilancia y el acceso a la información pública, pero desde una perspectiva centralizada.
Del segundo aspecto que entrecomillé, pudiera decirse que es más polémico aún, puesto que en lo que corresponde al poder legislativo vimos que después de la elección de 2024, las cámaras del Congreso cuentan con mayoría del partido en el poder ejecutivo, pero no cualquier mayoría, sino absoluta, es decir, pueden ejercer modificaciones constitucionales, y esto se lo han tomado en serio, y se reafirma aún más con el proyecto de ley de reforma de los artículos 105 y 107 de la Constitución nacional, recientemente aprobado por la Cámara de Diputados (en ejercicio de funciones para el período 2024-2030); algo así como la reforma para la reforma, que cuesta entender a la primera que se lee, asunto a lo que el prestigioso y tradicional medio informativo New York Times ha dicho: “México aprueba una propuesta que impide impugnar cambios a la Constitución. La medida ha suscitado críticas de juristas que afirman que anularía cualquier control judicial de los asuntos constitucionales”, es decir se otorga un poder aparentemente ilimitado para aprobar cambios profundos en las leyes que rigen el país. Se espera que la mayoría de las legislaturas estatales aprueben la medida en los próximos días, siendo que México es un país federalista, allanando el camino para que la presidenta la convierta en ley, dejando servida la mesa para que las reformas constitucionales se hagan con la venia del partido de turno, que por lo que dure el período actual, se trata de Morena y su coalición.
A esto, que no es menor cambio, se le suma lo que está acaeciendo de manera progresiva, con la llamada coloquialmente “reforma del poder judicial”, que según la versión oficial implica una renovación estructural para generar “una justicia más ágil y eficiente, alineándose con los cambios sociales y culturales generados en los últimos años, y para cumplir con los llamados de la sociedad, mexicana de una justicia expedita”. Sin embargo, a todas luces se ve como una forma de mayor control de parte del ejecutivo nacional, toda vez que se constituyeron como la primera fuerza política en el país, después de las elecciones pasadas y, seguramente muchos de esos candidatos a integrar el poder judicial serán favorecidos por la diatriba política en la que sin duda, el oficialismo lleva delantera, y esto pudiera desencadenar la “politización de la justicia” en el corto plazo.
Todo lo anteriormente descrito, aunque es apenas una parte de los cambios que se están percibiendo como de mayor alcance, son sumamente importantes porque modifican la estructura de funcionamiento del país, desde el punto de vista de la toma de decisiones e impone las nuevas reglas del juego democrático. Y desmonta lo que se decía apenas hace 5 años, considerando lo citado del paper de Matute, sobre la puesta en escena de lo que era un gobierno en México, en las condiciones explicadas en este artículo.
Si a esto se le suma que se ha anunciado la intención de que no haya reelección en el país en los niveles de gobierno estatal y municipal, siendo que además tenía poco que se había habilitado la posibilidad de reelección consecutiva. Y es que la presidenta ha dicho que presentará en 2025 una reforma sobre este aspecto y también sobre el “nepotismo” en cargos populares, abarcando a los legisladores locales y federales, apeando a la máxima republicana que en años pasados distinguía a México: sufragio efectivo, no reelección; lo cual cambia a partir de la reforma que se introdujo en 2014, cuando se promulga por el presidente en turno, soportado ello en el contexto del llamado “Pacto por México”, aunque se tiene conocimiento de que los intentos de hacerlo venían desde 2004, que por desacuerdos políticos no se había logrado.
Lo que refiere al llamado “nepotismo”, es sin duda algo que alterará el escenario político actual, y es que ahora es muy común ver casos en donde alcaldes en funciones postularon a familiares directos (hijos, cónyuges, hermanos, etc.) como candidatos al cargo que ejercen para que los sucedan, algunos resultando favorecidos por esta “unción”. Por lo que muy posiblemente en las elecciones municipales de 2027 (en México los presidentes municipales tienen un período de 3 años) tendremos un esquema diferente para la selección de los candidatos a alcaldes.
En fin… esto es al menos un extracto que he podido escribir en pocas líneas de lo que yo entiendo del contexto país que se tiene en este momento y representa un desafío no vivido por quienes habitamos en esta bella nación mexicana, en el que el tablero del juego democrático será bastante diferente al acostumbrado. Y cabe entonces la expresión muy regiomontana: ¿Y qué sigue? Aún no se sabe, pero indudablemente dependerá de las intenciones develadas y las no develadas de los actores que detentan el poder, y sin duda será también una oportunidad para involucrarse más en el hacer, como ciudadanos.
Cómo afecta esto a las ciudades -objetivo común de mi columna- está por verse. Y la pregunta que casi nadie se hace: y, ¿los ciudadanos cómo se afectan? Es difícil contestar a estas dos preguntas. Pero voy a comenzar por la primera, intentando mantener la objetividad ante lo abrumador que puede ser para mí el tema, siendo venezolano de origen y habiendo vivido una pesadilla que se materializa en la pérdida de la democracia, aunque haya elecciones, pero mi ánimo nunca estará en comparar formatos, porque definitivamente ninguno podrá ser igual que el otro, aunque guarden cierta línea coincidente en los ideales.
En ese sentido y bajo esas premisas, partiendo de lo que se refiere a la reforma judicial, si se le dice a alguien que te encuentras en la calle, que no participa de la política como ejercicio profesional, que es la mayoría en el país, pero que además no se interesa por el acontecer nacional, que suele ser muy común en México; que va a poder elegir de forma directa (como elección de primer grado) a sus representantes al poder judicial, que siempre ha sido un poder que la gente tiende a asociar con cierto grado de decadencia y malos manejos de la justicia, seguramente una buena proporción de la gente económicamente activa responderá que está de acuerdo, por el hartazgo de no poder acceder realmente a esta justicia de forma fácil y transparente. Pero detrás de este proceso de elección, puede encubrirse el interés genuino como lo puede llegar a ser el control total de los poderes por parte del ejecutivo -siendo que en marco jurídico y constitucional mexicano, se reconocen tres poderes-, o al menos el tenerlos más cercanos y a favor. Yo no tengo necesariamente una postura definitiva ante ello, pero es un proceso que me recuerda mucho a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, que se hizo a través de prácticas democráticas (aunque esto está en entredicho, porque lo que conllevó a que se plantearan esas elecciones fue algo bastante atípico hasta entonces en ese país) a pesar de que el objeto de cambio no es el mismo; sin embargo, pareciera que el objetivo final si pudieran llegar a ser lo mismo, siendo entonces momentos comparables, por la relevancia que esto tiene en el “después” del país.
Si a esto le sumamos que se están iniciando las gestiones municipales del período 2024-2027, aunque en municipios en estados como el de Coahuila, dan inicio en enero de 2025 a sus trienios de gestión local; tenemos un lienzo en blanco, que podrá configurar una nueva puesta en escena del futuro de las ciudades mexicanas, que se enfrenta también a una crisis de seguridad ciudadana evidente, y a factores globales que tienen incidencia como la pospandemia y el nearshoring o más locales, como el desarrollo ferroviario o la contaminación atmosférica cada vez más evidente en las zonas metropolitanas de Monterrey o Guadalajara. Todo esto puede llegar a afectar el transcurrir de los próximos años, en los que sin duda viviremos un antes y un después del sistema al que habíamos estado acostumbrados, al que algunos críticos advirtieron de que el esfuerzo podría resultar costoso para la joven democracia del país.
Se reconfigura el panorama político y también el panorama ciudadano. ¿Será bueno o malo? No lo sé, porque esta historia apenas se comienza a escribir, siendo que es inédito el momento que se vive. Ojalá y la transformación que resulte de este experimento sea la del desarrollo pleno, el de las ciudades más humanas y el de la mayor participación ciudadana en las decisiones que se tomen; a eso apostamos desde esta plataforma digital, cuya esencia nunca será el estar sesgada ni ser predecible.
Espero haberles contribuido, ¡hasta la próxima entrega!
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