Dentro de todas las opciones que supuestamente estaban sobre la mesa no me queda duda de que la prioridad de la dirección política de la oposición democrática y sensata siempre estuvo siempre inclinada a la salida electoral, no otra cosa explica la perseverancia en una negociación que permitiera la celebración de unos comicios legítimos y competitivos que fueron el centro de las rondas de discusión tanto en Santo Domingo como en Oslo y Barbados. Ellas naufragaron por la indisposición a medirse que llevó la representación de Maduro a patear la mesa y a crear una mesita que fungiera como una oposición a su imagen y semejanza, y que obviara la exigencia de que cualquier acuerdo debería basarse en la realización de elecciones limpias, transparentes, con garantías y observación internacional.
Es conocido también que estos esfuerzos fueron fieramente atacados por parte de una oposición fantasiosa que todavía y aún después de que los propios voceros del gobierno de Trump aclararon, luego de erráticas y fanfarronas declaraciones, que no estaba previsto ningún tipo de intervención armada. También se disiparon las esperanzas de una rebelión militar, evidenciada en el fracaso del paso “sí o sí” de la ayuda humanitaria el 23F y la fallida intentona del 30 de abril.
Es más que evidente que el régimen de Maduro optó por saltarse todas las reglas internacionales relacionadas con la democracia, incluida la más básica como es la legitimidad de origen, cuando negado a medirse en unos comicios libres que indefectiblemente perdería, decidió realizar las elecciones ilegítimas del 20 de mayo desconocidas por más de 50 países democráticos del planeta. Farsa ha podido sobrevivir gracias a una cúpula militar cómplice de la corrupción y la destrucción del país, apoyado por la inteligencia cubana, y en distinta medida por países como Rusia, China, Irán, Turquía, entre otros menores.
Parte de la estrategia ha consistido en el desgaste de la figura de Guaidó y de la Asamblea Nacional, de manos atadas, que a pesar de su valentía y abnegación apenas pueden pasar de lo declarativo por encontrarse bloqueadas sus decisiones, restringidas a la preservación de parte importante del patrimonio nacional del exterior, importante logro poco tangible para el venezolano que sufre el hambre cotidiana.
Decididos a renovar el Poder Legislativo fueron dando pasos que se iniciaron con la incorporación de los diputados del PSUV a la AN, la posterior compra de diputados opositores para crear otra AN espuria y finalmente con el cumplimiento del propósito del ilegítimo nombramiento del CNE por parte del TSJ.
No hay que ser muy buen observador para concluir que esta decisión del gobierno de Maduro está destinada a cerrar el camino electoral, que no es lo mismo que el acto de votar, con una desfachatez tal que sin que les temblara el pulso decidieron la entrega de los partidos AD y PJ incluidos sus símbolos a una dirigencia nombrada arbitrariamente. En estas circunstancias la única garantía en una participación electoral son las intenciones pospuestas para un incierto futuro por parte de Rafael Simón Jiménez, el nuevo vicepresidente del CNE, ya que a pesar de sus declaraciones principistas ha dejado pasar todas las transgresiones del gobierno, que no han sido pocas, después de su designación.
Difícil disyuntiva para quienes creemos en el voto como un logro, conscientes de lo inconveniente de hacer de la abstención una política. Difícil entender qué se aspira a alcanzar con estas torvas condiciones en una eventual participación en las elecciones parlamentarias, si tenemos en cuenta que la AN electa por abrumadora mayoría en 2015 fue desconocida y atada de manos, buena parte de sus diputados han sido perseguidos, encarcelados y están exiliados, otros han sido comprados.
Concuerdo en que la difícil urgencia de elaborar una estrategia ante esta compleja circunstancia, señalada por muchos actores y opinadores entre los cuales destaca Henrique Capriles, que deberían aportar su experiencia y no solo exigir salidas como observadores externos. Está en juego la continuación de la opción política mayor tanto para los venezolanos como para los actores internacionales que apoyan una salida democrática en nuestro país.