Analizar el devenir y contemporaneidad de Venezuela, implica necesariamente decantar los elementos, variables y rasgos presentes y relevantes que motivan la llegada en 1998 del fenómeno Chávez y, posteriormente la aprobación el 15 de diciembre de 1999 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, y la no correspondencia o distancia entre el sentir, promesas, ideales y espíritu de cambio por parte de los actores políticos y la Constitución con la realidad nacional y los retrocesos registrados a los largo de estos años de la llamada revolución bolivariana de Venezuela.
Más allá de la postura o posición político – ideológica que cada quien tenga y profese, se hace necesario comprender el deterioro en términos institucionales que ha sufrido la democracia en sus contenidos, procedimientos y valores, la propia constitucionalidad y legalidad, el Estado de derecho, el sistema de partidos, gremios y demás en las dos últimas décadas y media, lapso en el que se aprecia el socavamiento y deterioro exponencial de los elementos definitorios del entramando democrático, el régimen de libertades y el Estado de derecho estipulado en nuestra carta magna.
La democracia venezolana no registraba su mejor momento al finalizar la década de los años 90 y de allí que en ese contexto de cierta precariedad o debilidad se dio la emergencia de un nuevo liderazgo y posteriormente las condiciones para la promoción, desarrollo y aprobación de una nueva constitución que respondiese al momento o etapa actual de Venezuela.
Es decir, analizar la realidad actual venezolana compromete el estudio de las formas de gobierno, tanto de los elementos que caracterizan las formas democráticas como las no democráticas. Creemos que estamos en presencia de una degeneración y deformación del modelo democrático, en su dimensión real y procedimental hacia un híbrido que cada día exhibe menos elementos democráticos, y cada vez más registramos la incorporación peligrosa y sostenida de pautas y elementos no democráticos, y con un alejamiento o distanciamiento de la letra y espíritu de la Constitución Bolivariana de Venezuela.
El ejercicio del poder por parte de Hugo Chávez Frías implicó, desde 1998 hasta su fallecimiento en 2013, el desconocimiento, irrespeto y violación de procedimientos, valores, derechos, garantías democráticas y ciudadanas. De tal manera que la titularidad y el ejercicio del poder político en Venezuela, bajo la presidencia de Chávez Frías, constituye un proceso, etapa y fenómeno regresivo de personalización del poder y de la política, desinstitucionalización creciente de los partidos, clase política e instancias de representación. Nunca perdamos de vista que el triunfo de Chávez fue producto, no solamente de la antipolítica, sino además del desencanto democrático y la frustración de las expectativas de los venezolanos. Su llegada, permanencia y continuidad en la figura de Nicolás Maduro, son la expresión más auténtica de la precariedad institucional y del deterioro democrático nacional.
Estamos de acuerdo con la caracterización que se hace del funcionamiento del régimen venezolano en estado de franco deterioro, en el sentido de que en lo que respecta al Estado de derecho, la confiscación que el chavismo ha llevado a cabo de los poderes públicos, afecta el funcionamiento independiente de cada uno de estos en menoscabo de la institucionalidad democrática, registrándose una intervención y afectación total de la vida política cuando se suspenden elecciones, se afectan mandatos populares y destituyen gobernadores y alcaldes, se imputan delitos y apresan diputados, dirigentes, estudiantes y otros, violando el debido proceso y las propias garantías constitucionales en materia de derechos humanos.
El fortalecimiento del Poder Ejecutivo, en el modelo delegativo venezolano, puede interpretarse como una recentralización del poder del Estado, y como una continuación y reprofundización de la tradición centralista tanto criticada a etapas anteriores.
De tal manera que la concentración de poder por vía del modelo de democracia Delegativa, leyes habilitantes y demás, se presentan lógicamente como los mayores obstáculos frente a descentralización eficiente y efectiva que Venezuela venía desarrollando, e igualmente constituyen un retroceso en términos de profundización del modelo democrático, y de los propios liderazgos locales o regionales que junto a la cultura política democrática el país acrisoló en las últimas décadas. En su lugar se registra un proceso sostenido de concentración de poder y recursos, militarización de la política y desconocimiento reiterado de la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999, impulsada por el propio Chávez.
En el laboratorio en que se ha convertido Venezuela, múltiples fenómenos hemos venido observando y registrando. Uno de esos tiene que ver con la transformación y alteración de su democracia, del Estado, de las lógicas, modos y formas de gobernar. Es por ello que hablamos de una transfiguración de la democracia en un modelo híbrido, que agrupa o alberga elementos democráticos, autoritarios y totalitarios, y que hacen de Venezuela un modelo un tanto sui generis o, hasta cierto punto de vista, incatalogable en función de las tipologías clásicas.
El ejercicio del poder por parte del presidente Chávez y posteriormente Maduro ha supuesto no solo una vocación desmedida de poder, una carrera sostenida de concentración de poder a lo largo de estos años, con mayor cantidad de funciones y atribuciones reunidas en el Poder Ejecutivo, incluyendo ley habilitante para legislar y dictar decretos con fuerza de ley en una larga lista de materias y áreas además extensas en el tiempo que tuvieron ambos para legislar.
Valga señalar que a la ciencia política le corresponde el abordaje y tratamiento de las formas de Estado y formas de gobierno, cuestión que compete el análisis y comparación de las formas no democráticas y formas democráticas. En lo que respecta a la democracia, nos corresponde recurrir y apoyarnos en unas de las más amplias y completas tipologías.
El militarismo criollo se ha transformado no solo en una doctrina política, sino además, en una forma de gobierno, con natural predominio del elemento militar sobre el elemento civil dentro de un Estado desdibujado (calificado, según nuestra Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999, como Estado democrático y social de derecho y de justicia) en el que sobresale abiertamente la tendencia a concentrar poder, decisiones y someter a la sociedad civil venezolana a las ejecutorias del poder y régimen militar, con la notoria y masiva participación de militares, sean estos activos o jubilados en cargos claves en el ejercicio de la función pública, y el desconocimiento de derechos y la propia Constitución y, por ende, la violación de derechos humanos como constante de los regímenes autoritarios.
La democracia se basa indiscutiblemente en procedimientos, lapsos, instituciones y, por supuesto, en limitaciones en el ejercicio del poder. Asumiríamos casi una regla de oro según la cual en aquellos países donde las instituciones son sólidas, en esa misma medida, la democracia es sólida y queda prácticamente poco espacio y oportunidades para personalismos, populismos, mesías y liderazgos autoritarios de distinto cuño y procedencia. La emergencia de populismos autoritarios y de mesías ocurre justamente en países con precariedad institucional. Siendo Venezuela una de las mayores expresiones de tal anomia y fenómeno.
La experiencia de Chávez en el poder (1998-2012) y su continuación en el gobierno de Nicolás Maduro (2013-2024), supone una tendencia cada vez mayor de concentración de poder y competencias alrededor del poder ejecutivo, asimismo una influencia desmedida de este último frente al resto de los poderes, instancias y órganos diversos, dejando prácticamente sin efecto la normal y vital división y autonomía real de los poderes públicos, y la limitación de todas las actuaciones a la Constitución Bolivariana de Venezuela, hoy inobservada y por ende violentada en sus preceptos, principios y articulados.
Reiteramos que analizar la historia contemporánea y constitucional del Estado en Venezuela, reviste asumir las ondulaciones y etapas que el Estado venezolano ha asumido en el siglo XX y XXI. Pudiésemos decir que hemos pasado por un proceso ondulatorio de avances y retrocesos. Es decir, el Estado ha sido centralista (hasta 1989), descentralizado (a partir de 1989) y finalmente recentralizado (a partir de 1999 hasta el presente). Sin embargo, no perdamos de vista que la tesis y fundamento de la descentralización político administrativa está en acercar el poder al ciudadano, aunado a la transferencia de competencias. Indiscutiblemente el proceso de descentralización fue lento, más todavía, si asumimos la cultura centralista que definió la concepción y el desempeño del Estado venezolano durante buena parte del siglo XX.
Venezuela registrará cambios apreciables a partir de 1999, como consecuencia de la aprobación de la nueva Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, que incorpora nuevas instituciones, poderes, lógicas e instancias de poder, afectando a la descentralización como proceso, avanzando en algunos aspectos y retrocediendo, en otros.
En Venezuela el Estado mostró, en décadas anteriores, ciertas distorsiones que en parte serán los mayores argumentos para plantear su transformación en aras de más eficiencia, transparencia y logros. Antes, y ahora más, registramos un Estado con características hegemónicas y altamente centralizado e ineficiente, en la actualidad es un Estado que concentra y agrupa un andamiaje de instituciones profundamente débiles y cargadas de ineptitudes, burocracia, incapacidades, limitaciones y barreras para su propio desarrollo como la corrupción, el ventajismo, la ineficiencia, la poca transparencia e ineficacia, que impiden procesar los problemas de distinto orden y alcance acumulados en décadas e, inclusive, desarrollar la gestión soberana de rectoría, planificación, evaluación y seguidor de las políticas públicas como señala la propia Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999.
Centralización, descentralización y recentralización han sido un continuum registrado en Venezuela a lo largo del siglo XX y XXI. Lo cierto del caso es que después de iniciar un proceso sostenido de transferencias y descentralización político administrativa en 1989, dos décadas después asistimos a una experiencia regresiva y distorsionadora de lo local, de la descentralización, de las regiones. Lo visto en la Venezuela contemporánea es un asalto, un golpe de Estado a las regiones, a las experiencias exitosas, a la soberanía de los estados y municipios.
Los venezolanos estamos conmemorando estos días los XXV años de la aprobación de la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999, justo un 15 de diciembre de 1999, fecha emblemática por la tragedia de Vargas. Si algo requiere Venezuela y los venezolanos es que “todos” volvamos a la Constitución y vuelva a ser la norma suprema sobre la cual no pueda existir nadie. Aprovechemos estos días de tiempo de adviento y nacimiento del hijo de Dios para pensar y repensar lo acontecido en estos XXV años de gobierno y Constitución Bolivariana de Venezuela.
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