William Jiménez estuvo presente en la morgue de Bello Monte cuando llegaron los cadáveres de la masacre de El Junquito
Estimados lectores, si ya han seguido mis artículos saben que la mayoría abordan fundamentalmente el tema de las violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen de Maduro. A lo largo de los últimos años he abogado ante los diversos entes y organismos internacionales en favor de investigar los casos en procura de resoluciones que lleven justicia a las víctimas y protección para los testigos, fuentes y todos los que pueden ser afectados de forma directa e indirecta.
Siempre estoy actualizándome, buscando información que ayude a entender lo que ocurre en Venezuela y particularmente me tomo el tiempo de explicarlo porque entiendo que muchos de mis lectores son de otras nacionalidades y países, de ese modo se hace necesario estructurar la materia de una forma pedagógica y cronológica, porque mi deseo es facilitar a las autoridades medios para que puedan actuar en beneficio de una actuación efectiva y que estos artículos terminen siendo una referencia útil a la hora de procesar los casos.
Por lo general, acompaño mis escritos con audios o videos autorizados de conversaciones que tengo con invitados de mis canales sociales, como una forma de respaldar lo que digo con fuentes confiables.
Un tema que tiene gran interés es el destino de las denuncias que se conocen en la Corte Penal Internacional. Sabemos que la Fiscalía está trabajando sobre determinados casos, muchos de ellos conocidos por la opinión pública venezolana; otros han traspasado las fronteras para convertirse en temas de estudio y análisis por parte de los diversos organismos internacionales de derechos humanos.
En esta oportunidad voy a abordar novedades con relación al caso Oscar Pérez. Se trata de que efectivamente tengo en mis manos el reporte o informe que la exfiscal Luis Ortega Díaz le consignó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Este reporte me fue entregado por el abogado William Jiménez Gaviria, quien fuera uno de los funcionarios que se encontraba presente en la morgue de Bello Monte al momento de la llegada de los cadáveres de la masacre de El Junquito. Entonces tenía el cargo de coordinador nacional de Investigaciones de la morgue de Bello Monte.
Un poco de historia acerca de William. Es oriundo de la población de Obispo, Barinas. Desde el año 2012 es miembro del Capítulo de Derechos Humanos de la Federación Interamericana de Abogados, con sede en Washington, y es representante de Derechos Humanos en el Colegio de Abogados de Caracas. Está especializado en Derecho Penal. También es miembro de la masonería venezolana, fue visitador de la misma logia a la que acudía Oscar Pérez, la Logia Santiago Mariño N 208. Cuando huyó de Venezuela buscó protección en Perú, donde hizo sus primeras declaraciones como testigo ante la prensa internacional, denunciando el ajusticiamiento extrajudicial de Oscar y su grupo.
William expuso al régimen de Nicolás Maduro por una cantidad de irregularidades cometidas en el caso, como la desaparición de la ropa de todos los ejecutados, la intención de cremar el cuerpo de Oscar Pérez y la supuesta orden del ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, de alterar los exámenes toxicológicos practicados a los cuerpos para anunciar que habían consumido alcohol y otras sustancias.
He tenido la oportunidad de leer este informe y francamente he quedado estupefacto. Antes había leído solo las notas de prensa vinculadas y por el tipo de información sensible, está claro que los medios le dieron un tono que pudiera superar los filtros de contenidos; sin embargo, créanme que he quedado casi sin habla por lo impresionante de la violencia y saña que tuvieron los funcionarios de Maduro contra Oscar Pérez y sus acompañantes. La crudeza de las imágenes y lo conclusivo del documento no dejan duda alguna sobre la responsabilidad del Estado en manos de Nicolás Maduro. Efectivamente, algunas imágenes ya habían sido divulgadas en los medios de comunicación y recuerdo que en su momento generaron un gran impacto en la sociedad venezolana; pero, insisto, no hay forma de presentar el resto de las imágenes, de hecho en algunos cuerpos las lesiones son tan desgarradoras que superan cualquier descripción que pueda hacerse. Es el caso de José Díaz Pimentel, que probablemente perdió más de la mitad del cráneo y quedó sin el lado izquierdo de su rostro. Imaginen ustedes que este sumario es el tipo de descripción continuada que se repite para el resto de los miembros del grupo y estamos hablando de un informe de 80 páginas.
El reporte refiere que todos los cuerpos que se procesaron en la morgue presentan heridas asociadas a los “efectos explosivos, expansivos y termobáricos que producen los artefactos lanzagranadas RPG7”. Sabemos que los funcionarios de Maduro lo usaron contra el chalet, que en definitiva más que aturdir, probablemente causaron las graves lesiones e inutilizaron a la mayoría de los miembros del grupo; pero lo que dice el informe es aún más revelador: el régimen de Maduro utilizó el tipo de armas que usan los terroristas y “no las empleadas para resolver situaciones estratégicas policiales urbanas”.
El informe ratifica lo que se deduce de los hechos, que los miembros del grupo de Oscar no respondieron al fuego enemigo, hecho que se pudo constatar cuando contabilizaron la elevada proporción de municiones sin disparar encontradas en la escena y que están acordes con las transmisiones que hizo Oscar en vivo de su deseo de rendición.
También el estudio ratifica el ajusticiamiento del que fueron objeto cada uno de los miembros del grupo. En el caso de Oscar Pérez se evidencia una herida con orificio de entrada en la parte posterior del cuello; Abraham Agostini en la región temporal; Lisbeth Ramírez, José Díaz Pimentel y Abraham Noé Lugo recibieron disparos en la región cefálica y también tenían heridas de defensa en sus brazos y manos; Daniel Soto presentó heridas vinculadas con el RPG7, en fin, una masacre.
El informe ratifica el patrón de modificación de la escena del crimen y una amplia cantidad de violaciones procedimentales, así como de manipulaciones que incluso ponen en duda los tiempos de defunción de Oscar y sus compañeros.
El régimen de Maduro se ha negado a encarar sus responsabilidades en estos hechos y ha evadido comprometer a su Fiscalía en una investigación seria con el fin de esclarecer los hechos. No obstante, es público y notorio la sospecha de actores involucrados desde el alto gobierno en irregularidades de todo tipo, que van desde procesales hasta criminales. En la conversación que tuve con William Jiménez pudo identificar a altos funcionarios presentes en la sala de autopsia cuando estaba el cuerpo de Oscar Pérez, personas que pudieran eventualmente ser llamadas por los órganos competentes tanto de la Fiscalía de Maduro como de la Corte Penal Internacional a los fines de responder las inquietudes que existan con respecto a los procedimientos legales, máxime cuando este caso es considerado como un elemento central entre las denuncias por crímenes de lesa humanidad cometidas por el régimen de Maduro.
Esto fue lo que nos dijo William Jiménez acerca de estos personajes referidos en la imagen presente en el informe y que puede ser vista en este link: “Quienes se encuentran en la imagen son: el comisario general Luis Rodríguez, identificado por su camisa caqui y pose con brazos cruzados, quien era el subdirector del servicio nacional forense; detrás está el comisario general José Humberto Ramírez Márquez, viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal, adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que en su tiempo era dirigido por el mayor general Néstor Luis Reverol Torres. Del lado izquierdo se puede observar a la patólogo Scarlet Romero haciendo las anotaciones de quien practicó la autopsia a Abraham Noé Lugo Ramos y de Daniel Enrique Soto Torres; en el centro, se encuentra el doctor Franklin Pérez, fue el que practicó la autopsia de Abraham Agostini y de Abraham Lugo Ramos, y de la femenina Lisbeth Andreína Ramírez; estamos viendo con camisa amarilla y manos cruzadas al doctor Sinuhe Villalobos, jefe de reconocimiento médico legal a nivel nacional, área que dirige a los médicos forenses; él es el hombre que estuvo presente en la escena de El Junquito, donde corresponde conforme a la ley el levantamiento del cadáver, pero lo que llama la atención es que aunque él practicó estos levantamientos, no los suscribió; al contrario, hizo que médicos subordinados suscribieran actos que ni siquiera presenciaron, ellos tendrán que explicar por qué no quiso firmar los certificados de defunción. Detrás del doctor, con camisa lila y pantalón azul, se encuentra el coronel Domingo Argenis García Pérez, director del servicio nacional de medicina y servicio forense, cuentadante al ministro Reverol”.
Oscar Pérez
William presume que la presencia del alto gobierno en la sala de autopsia obedecía al interés de vigilar el trabajo de los médicos y conocer lo que estaban asentando en sus reportes para fundamentalmente cuidar de no comprometer a los funcionarios que recibieron las órdenes de ajusticiar a Oscar Pérez y su grupo de acompañantes.
Le pregunté a William sobre su impresión de ese momento, lo que pudo percibir, y me dijo que sintió “una atmósfera tenebrosa, mucha preocupación, se inhabilitaron todas las cámaras de seguridad, se observó mucha reserva, celo, prácticas irregulares, violaciones de las leyes, reglamentos, violación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, todo un crimen de lesa humanidad porque reúne sus características”.
La masacre de El Junquito es un hecho que ha marcado la historia de Venezuela, se trata de la evidencia más palpable del estado de descomposición total de nuestra sociedad; de la actuación criminal de un régimen que ha tomado por asalto a todo un país, que tiene retenido en contra de su voluntad a millones de ciudadanos obligados a padecer las más inclementes condiciones de miseria y pobreza, pero que además son obligados a tolerar cualquier cantidad de violaciones de sus derechos fundamentales so pena de recibir el mismo trato dispensado a Oscar Pérez. De eso se trata el crimen de Estado, de enviar un mensaje directo a la metaconciencia del pueblo que estaba despertando al ver en Oscar Pérez un héroe a quien seguir, de eso se trata, que Maduro con este acto no solo quiso asesinar a Oscar, sino el mensaje de quien ya venía siendo el mejor reflejo de la sociedad venezolana.
Claro que la masacre de El Junquito evidenció fallas en la dirigencia política opositora que para ese momento no pudo encarar la situación, dando paso al dominio de la barbarie. Sin duda que fuimos testigos del abandono de Oscar Perez. Que fallaran las dependencias del Estado en manos de Maduro es entendible, pero es lamentablemente cuando fallan los pocos que se identifican con el Estado de Derecho, por eso siempre nos preguntamos dónde estaban los diputados electos por la democracia, dónde estaban las ONG defensoras de derechos humanos, dónde estábamos los ciudadanos con el derecho a la defensa y me incluyo. Es simple la respuesta: el miedo se apoderó de todos y consecuentemente el régimen obtuvo su masacre contra gente que se había rendido.
Tenemos un enorme desafío por delante, como es reivindicar el papel de la justicia. Lo que tenemos a nuestro alcance es fortalecer las causas en contra la dictadura de Maduro de modo que el sistema internacional de justicia pueda actuar con determinación y celeridad, que se sigan los pasos procesales para que empiecen a llevar a los tribunales a los presuntos involucrados y finalmente obtengamos las respuestas que conduzcan a los responsables de tales crímenes.
Les envío, queridos compatriotas, un mensaje de valor. Los animo a vencer el miedo, a denunciar las violaciones de derechos humanos, a ponerle nombre a los perpetradores, a luchar por sus convicciones. Que Dios los bendiga, siempre hay esperanza de que habrá justicia. Nos leemos pronto en El Nacional.
@estebanoria