Esta semana se han producido una serie de noticias alarmantes en la esfera internacional que podrían apuntar a una confrontación militar entre Estados Unidos y los gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela y los Estados Unidos Mexicanos debido a la intención de militarizar por completo la lucha contra los carteles del narcotráfico a nivel global, añadido a las diferencias ideológicas y abierta hostilidad política de ambos gobiernos hacia las políticas de la administración de Donald Trump.
Recordemos que la guerra contra las drogas (Wars on Drugs) es producto de una directiva política del gobierno del presidente estadounidense Richard Nixon del 18 de junio de 1971, que ha marcado buena parte de la historia de América Latina desde entonces, siendo un punto central de la invasión militar de Panamá en 1989 (Operación Causa Justa ) al enfocar al presidente panameño Manuel Antonio Noriega como un gran narcotraficante internacional, lo que es un delito intolerable para la Seguridad Nacional de los Estados Unidos cuando se enfoca desde un gobierno extranjero.
Esta argumentación política es tan grave, que el gobierno de la República Socialista de Cuba para evitar correr la misma suerte que Panamá no le quedó otra opción que juzgar y condenar ese mismo año a un distinguido grupo de funcionarios militares, que incluía héroes revolucionarios que habían destacado en las guerras de liberación de África y así, el 13 de julio de 1989 el General Arnaldo Ochoa, quien combatió con Camilo Cienfuegos en la Sierra Maestra, con Lubén Petkoff en los Estados Falcón y Yaracuy en las guerrillas cubano-venezolanas contra el gobierno de Raúl Leoni y fue el gran protagonista de la guerra de Ogaden, donde comandó un ejército multinacional de soldados cubanos, asesores soviéticos, etíopes y yemeníes que combatieron contra las fuerzas somalíes fue fusilado en La Habana por decisión de un tribunal militar, junto al coronel Antonio de la Guardia, el capitán Jorge Martínez Valdés y el mayor Amado Padrón.
Es entonces cuando recordamos los salvajes días de la guerra en la vecina República de Colombia cuando Pablo Escobar llevo un enfrentamiento a gran escala con la institucionalidad vigente que llevo a todo tipo de situaciones delicadas, incluyendo una supuesta alianza de agencias estadounidenses con paramilitares colombianos para conformar el grupo de perseguidos por Pablo Escobar (PEPES) que dirigidos por los hermanos Castaños, llevó esta guerra irregular hasta sus últimas consecuencias.
Ya he descrito en artículos anteriores las diferencias aparentemente irresolubles entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela, que sin duda van aumentar a corto plazo por las graves denuncias que realizan funcionarios venezolanos como Carlos Vecchio, Iván Simonovis y Julio Borges sobre el papel del gobierno de Nicolás Maduro en las rebeliones populares de Chile, Ecuador, Colombia y Perú.
En este particular, paso a citar de forma explícita lo señalado en la prensa internacional:
«El comisionado de Seguridad e Inteligencia del gobierno interino de Juan Guaidó en Venezuela ha denunciando que este mes el régimen de Nicolás Maduro reunió en la base militar de Fuerte Tiuna en Caracas a diversos líderes de grupos paramilitares y políticos de América Latina para coordinar planes para la desestabilización del continente promoviendo una «guerra política» por parte de una serie de movimientos de izquierda, en un contexto de protestas generalizadas en países democráticos como Chile y Colombia. Según explica a ABC, Iván Simonovis, esta reunión se produjo después de las protestas en Ecuador y Chile pero antes de las de Colombia. ‘El objetivo era potenciar algunas de las protestas que ya existían, y cambiar el foco de interés en el continente para que la atención deje de estar puesta en Venezuela’, dice el comisionado. ‘Esto demuestra de nuevo el carácter criminal del régimen de Nicolás Maduro. Estos grupos están totalmente decididos a desestabilizar toda América Latina’, añade Simonovis. El diario El Nuevo Herald fue el primero en informar de esta reunión. Según Simonovis, invitaron a líderes insurgentes latinoamericanos el número dos del régimen chavista, Diosdado Cabello; la vicepresidenta Delcy Rodríguez; su hermano, Jorge Rodríguez, y el jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Iván Hernández Dala. Entre los asistentes estaban el venezolano Valentín Santana, líder de la agrupación venezolana Colectivo La Piedrita; el chileno Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco, y el colombiano Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias ‘El Paisa Montero’, líder del grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Simonovis ha explicado a ABC que hubo más asistentes de otros países pero prefiere no dar los nombres de momento. La seguridad de los asistentes al encuentro, mantenido a puerta cerrada, corrió a cargo de la Casa Militar, encargada de proteger a Maduro. Fuerte Tiuna es sede, entre otros, del Ministerio para la Defensa, la Comandancia General del Ejército, el Círculo Militar de Caracas, el Batallón Bolívar, la residencia oficial de la vicepresidenta, además de algunas dependencias de la academia militar de Venezuela».
Estos antecedentes políticos, se vuelven peligrosos con las denuncias desde hace varios años contra altísimos funcionarios públicos a nivel ministerial que pueden en un momento dado convertirse en una argumentación definitiva para justificar medidas contundentes de tipo militar y policial a partir de la próxima reunión del TIAR del 3 de diciembre, donde los gobiernos de derecha de América Latina tienen al Gobierno de Venezuela en su mira política, especialmente Colombia, Chile y Brasil que podrían hacer fuerza para buscar una acción estadounidense sin retorno, apoyados por la caída de la izquierda en los gobiernos de Bolivia y Uruguay después de muchos años de control político y a la antesala del gobierno izquierdista de Argentina que amenaza con hacer causa común con Venezuela, Cuba, Nicaragua y México.
Es aquí, donde adquiere enorme relevancia la posible incorporación de los carteles mexicanos dedicados al narcotráfico dentro de la categoría de grupos terroristas, lo que llevaría a operaciones militares de aniquilación o secuestro de sus cabecillas o grupos como sucede a nivel global con todas las organizaciones terroristas con muy contadas excepciones.
No pasa sin duda inadvertido el enorme apoyo mexicano a Evo Morales que hizo posible su rescate humanitario y político, así como su activismo político desde aquel país contra el nuevo gobierno y con ello contra todos los gobiernos de derecha de América Latina, sumándose la tragedia de la familia mormona Le Baron, siendo pertinente aclarar que existen 1,5 millones de estadounidenses en México y su seguridad personal seria la excusa para una nueva intervención militar estadounidense en la historia de México.
Para el presidente López Obrador, un enfrentamiento político y económico con los Estados Unidos seria destructivo para su economía en grado superlativo y en caso de pasar a otro nivel con un Presidente estadounidense como Trump, sería difícil de imaginar el aprovechamiento político que le daría a una situación de este tipo.
Por tales razones, es menester para México encontrar una salida jurídica y política al problema del narcotráfico antes de que Trump lleve esta situación a un nivel inmanejable para la institucionalidad de dicho país, mientras que en el caso venezolano es indispensable que se consideren todas las opciones políticas de negociación y dialogo, antes de que se buaque una solucion militar a las revueltas sociales suramericanas, supuestamente organizadas y financiadas desde Venezuela, según denuncias ya tratadas en este articulo.
Todo parece indicar que la Brisa Bolivariana anunciada por Diosdado Cabello, puede terminar en un huracán político en cualquier momento…
Aún hay tiempo para el diálogo.