Foto La Nación
En Venezuela, los derechos humanos son violados de manera sistemática a diario por un régimen opresor, empujando a millones de personas a abandonar el país. La situación es angustiante y compleja, y resulta difícil llegar a conclusiones definitivas sin una comprensión profunda de lo que realmente está ocurriendo.
Mi profunda preocupación se enfoca en las políticas de inmigración implementadas por algunos países, donde asumen que en Venezuela no está sucediendo nada, o incluso que nunca ha ocurrido nada. Esto ha llevado a la repatriación de venezolanos, devolviéndolos a una situación que, como bien señala la reconocida obra de la periodista Nuria Ramos en su libro Viaje al corazón del infierno, puede compararse con el infierno. Es esencial comprender que esta problemática va más allá de un simple conflicto político; en Venezuela, se han perpetrado crímenes atroces por parte de funcionarios del régimen, forzando a la gente común a huir de esta dolorosa realidad. Desestimar estos hechos como un mero invento de la oposición venezolana es un grave error, ya que esta situación afecta directamente a la población común, que sufre persecución a manos del régimen.
En mi esfuerzo por concientizar al mundo sobre la situación en Venezuela, he optado por compartir las historias de las víctimas. La historia que compartiré hoy es particularmente desgarradora y tiene como protagonista a Jonatan Palacios, un ecologista que denunció un crimen atroz contra su hija. Acusó al gobernador del Táchira, Freddy Bernal, de estar involucrado en el incidente, donde camiones cargados de combustible de su propiedad impactaron el auto en el que iba su hija, causándole la muerte.
Este valiente denunciante intentó llamar la atención del fiscal general de Maduro, Tarek William Saab, replicando un mensaje de Instagram en el que el fiscal aparecía sonriendo al lado de un mono amarrado. Sin embargo, en lugar de recibir apoyo, fue acusado y encarcelado. Según la víctima, el fiscal ordenó golpearlo brutalmente y someterlo a torturas.
La historia de Jonatan Palacios revela cómo incluso en niveles elevados, Maduro no cuida su imagen, permitiendo que individuos con temperamentos violentos lideren instituciones clave como la Fiscalía. Es impactante cómo alguien con este comportamiento puede estar al frente de la Fiscalía y abusar de ciudadanos inocentes, teniendo el descaro incluso de presentarse en la Corte Penal Internacional en representación de las víctimas. Para conocer mejor a este personaje de la Fiscalía venezolana, Tarek William, es necesario escuchar directamente de la víctima lo que vivió.
A continuación compartiré extractos significativos de la conversación que sostuve con Jonatan Palacios. Como es costumbre, también proporcionaré el video completo de nuestro intercambio. Agradezco sus comentarios y reflexiones.
– Jonatan, si es posible, podrías contarnos cómo llegamos a la situación en la que te encontraste en un momento dentro de una cárcel venezolana, o como sea que se les denomine a esos lugares donde colocan a las personas que han sido arrestadas, dentro del sistema penal que impera en Venezuela.
– Así es, soy un activista colombiano, defensor de la vida animal y ambiental. Durante muchísimos años realicé actividades a favor del ambiente de los animales. Representé a Venezuela en actividades ambientales en Brasil, apagando incendios, atendiendo a animales víctimas de situación de incendios forestales fuertes que hubo en la Amazonía. Participé de la creación de la Misión Nevado a nivel nacional y soy representante de instancias muy importantes de protección animal en la frontera, además parte de los creadores de la única autoridad de protección animal que alguna vez existió en Venezuela en la época de Vielma Mora, en el estado Táchira.
Lamentablemente, siempre me alejé de todas las circunstancias políticas porque entendí el nivel de corrupción que había y decidí fundar mi propia organización llamada FundaBolívar, una ONG que rescataba animales en condición de calle y con la cual elaboramos proyectos muy grandes de sensibilidad, de concientización sobre el tema animal, en escuelas, en instituciones educativas. Hacíamos talleres, charlas en comunidades, teníamos muchos proyectos. Uno de los más importantes era la creación de una ambulancia, que era un vehículo de Pdvsa que habíamos recuperado en condiciones extremas. Ese vehículo lo convertimos en la primera ambulancia para animales de la calle en Venezuela. En ese vehículo hacíamos rescates, teníamos un equipo de gente y animales en el refugio de protección animal más grande que existía en Venezuela.
El 14 de enero de 2021, se dirigía la ambulancia desde el municipio Bolívar, exactamente en frontera con Colombia, San Antonio del Táchira, hacia el municipio Junín en Rubio, donde vivíamos. Iban seis pasajeros, entre ellos mi hija adoptiva de cuatro años. Dos gandolas con las siglas de Pdvsa pero que pertenecían a Freddy Bernal, en ese momento candidato a la Gobernación del Táchira, se trasladaban custodiadas por la Guardia Nacional cuando chocaron con la ambulancia y la lanzaron por un precipicio. Asesinaron a mi hija y a otras dos personas; las otras tres quedaron gravemente heridas. Los vehículos de carga pesada nunca se detuvieron, continuaron su camino y llegaron a la finca La Ponderosa, que le pertenece al ELN. Una finca por donde pasa todo el tráfico ilegal, el comercio ilegal y todo lo ilegal que se mueve en la frontera.
Esta circunstancia, obviamente, para mí fue la catástrofe, estaba con un dolor muy profundo. Tuve que llegar al lugar del accidente y fui yo quien coordinó el rescate de los sobrevivientes y de los cadáveres, porque las instancias del gobierno, léase los bomberos y demás cuerpos de seguridad, en ese momento no querían actuar. Había personas que estaban atrapadas y el único objetivo de su falta de atención era que murieran.
Esa situación la denuncié inmediatamente. Al día siguiente empecé a ser víctima de amenazas por parte del grupo guerrillero ELN junto con el Cicpc y otras instancias, como el Ministerio Público de la frontera, el fiscal Clodovaldo de la Cruz. Empezaron a callar a las víctimas, a los sobrevivientes, a los familiares, para que se quedaran en silencio y no dijeran nada de lo sucedido. No le convenía a la dictadura, en ese momento que Freddy Bernal estaba de candidato para la gobernación. Así evitaban que se hablara de ese tráfico y comercio ilegal de combustible, una realidad en la zona de frontera que involucra a altos funcionarios de la dictadura. Entonces, a partir de ese momento comenzaron las amenazas y eso concluye con mi secuestro, unos días después.
– ¿Quiénes llevan a cabo ese operativo? ¿Quiénes son los responsables de tu secuestro, Jonatan?
– Durante un mes aproximadamente buscamos llamar la atención del fiscal general de República de Venezuela. En ese momento todavía creíamos que existía una intención de hacer lo justo, lo legal y que el Ministerio Público investigaría. Fue un llamamiento constante, hicimos diariamente videos en los que pedíamos apoyo al Ministerio Público a nivel nacional, al fiscal Tarek William Saab para que nos ayudara en la investigación del asesinato de nuestros familiares, pues el Ministerio Público de la frontera negaba la existencia del vehículo de carga pesada, porque no querían que eso saliera a la luz pública.
Contábamos con FundaBolívar, la organización más seguida en redes sociales. En ese momento, el fiscal general de Venezuela compartió en su cuenta de Instagram una foto en la que aparece sonriendo junto a un mono amarrado. A pesar de que esperábamos una declaración del fiscal sobre nuestro caso, nunca dijo nada. Guardó silencio ante la tragedia de tres activistas por los derechos de los animales, a pesar de autodenominarse animalista. Este trágico evento debería haber sido motivo suficiente para iniciar una investigación, pero en cambio, en ese mismo día de febrero, optó por publicar la imagen junto al mono amarrado. Los seguidores animalistas de la fundación quedaron consternados al ver que fue el propio fiscal quien compartió esa imagen. En ese momento de dolor y con el deseo de atraer la atención del fiscal, decidí republicar ese contenido, aprovechando la funcionalidad que permiten las redes sociales.
Así que yo republiqué en mi cuenta la imagen del fiscal preguntando a la sociedad qué opinaban. Ese mismo día en la noche, llega una comisión del Cicpc de San Antonio del Táchira a la sede del refugio de los animales y me citan supuestamente para que vaya a declarar sobre el accidente donde murió mi familia. Entonces, sin pensar que había cometido un delito me dirijo hacia la sede del Cicpc, donde me reciben y me llevan a una oficina y al entrar me someten a golpes. Me tiran al suelo y luego me meten en un calabozo para aislarme por completo de todas las personas.
No tuve comunicación con el exterior, fui sometido a torturas, daño físico, psicológico, tenía que hacer necesidades en mi propia ropa, me decían que estaba por terrorista. A los cuatro días me presentan ante un tribunal, me señalaron por terrorismo, daño a la nación e incitación al odio contra el fiscal general de Venezuela.
– Esto es realmente demoledor Jonatan, sucede que republicaste algo creado previamente por el mismo fiscal. Y por esa razón, tus derechos fundamentales fueron conculcados, violados por completo, semejante arbitrariedad solo puede ser posible en una total ausencia de control y respeto por los derechos humanos.
– Ellos venían amenazándome para que me callara y yo no hice silencio; estoy hablando de mi familia, la gente que amaba, me dolió su asesinato y buscaba justicia. Entonces, pensando que existía justicia, creí equivocadamente en lo que resultó ser un gran dictador, asesino y torturador; ese ciudadano que se autodenomina fiscal general de Venezuela. Yo fui víctima de todo su odio. Ellos se autodenominan feministas, protectores de los animales, tratan de utilizar todas esas ideologías que hoy suenan a modernidad, que están en la actualidad para disimular quiénes son verdaderamente.
– Definitivamente un acto bárbaro. ¿Cómo supiste que fue el fiscal Saab quien estuvo detrás de todo este atropello? ¿Cómo llegaste a esa conclusión?
– No es una conclusión. Eso está relatado en el expediente, ese juicio que montaron sin ninguna prueba ni evidencia. Cuando el juez pregunta por qué habían hecho eso, el fiscal Claudio Baldo dice que eran órdenes del fiscal Tarek William Saab. Hay un detalle muy importante: hacían un señalamiento sobre una supuesta propiedad que la fundación estaba rifando, que le pertenecía al director de la Misión Negra Hipólita en Táchira, que se llama Ender Guerra. El fiscal general de Venezuela publica en redes sociales, cuando arremete contra nosotros, que llevamos una causa que no existía. Todo un sistema operativo para mentir. Resulta que Ender Guerra era una persona que consideraba mi amigo y tuve la posibilidad de preguntarle, me contó que le pusieron un audio en el que el fiscal general le decía que si no firmaba el acta estaba destituido y hasta preso. Todo señala directamente al fiscal general de Venezuela, a quien utilizaron para que nadie accionara. Me dejaron en una situación de absoluta indefensión. No tenía cómo defenderme y el objetivo del fiscal general, el Cicpc y Freddy Bernal, era que yo muriera estando secuestrado.
Tarek William Saab junto a Karim Khan, fiscal de la CPI
– Jonatan, ¿cuánto tiempo estuviste en ese calabozo, en ese sistema carcelario?
– Primero fue un calabozo dentro del Cicpc en San Antonio del Táchira, en ese lugar duré casi 9 meses. Se supone que son 45 días de investigación, pero yo estuve 9 meses en la etapa preliminar. Mi caso era diferido mientras me torturaban. Ellos querían que yo me suicidara, ofrecían beneficios a los privados de libertad que estaban en el calabozo para que me mataran. Tuve que ser muy inteligente para salirme de todas esas situaciones que intentaron hacer en mi contra. Duré 9 meses torturado, sometido, golpeado, hasta que no aguanté más y decidí no vivir más. No quise vivir más. Empecé una huelga de hambre y decidí cortarme los brazos.
En ese momento, ante la presión, ellos acceden a dialogar conmigo. Les hice cinco solicitudes y me cumplieron una: llevarme un representante del gobierno colombiano. Es cuando llega la doctora Lucy Contreras, mi representante consular, y con todas las autoridades alrededor de mí, le digo a la cónsul lo que me han hecho, las torturas, violaciones, el daño físico, psicológico, lo que hacían con mi pareja y otras mujeres, las violaban mientras todos escuchábamos. A mí me amarraban a la reja para que escuchara, toda una cantidad de actos crueles, inhumanos, degradantes, una situación terrible.
Yo logro denunciar esto a la funcionaria del gobierno colombiano y ella le dice a los representantes del régimen de Maduro presentes que va venir todos los días para asegurarse de mi situación y va a tomar en cuenta todas esas denuncias. En ese momento está el gobierno de Iván Duque. Ella no tenía autorización para pasar a Venezuela, solamente a la zona de la frontera. Esa noche apenas terminé de hablar, me agarraron, me sometieron, me golpearon, me metieron en el calabozo desnudo y al otro día, los funcionarios del Cicpc me llevaron al penal de Santa Ana con el objetivo de que el gobierno colombiano no tuviera acceso a mi persona.
– ¿Qué sucedió mientras estabas en Santa Ana y cuál fue el proceso que te permitió finalmente salir de ese lugar?
– Cuando llego a Santa Ana soy el único privado de libertad al que le impiden completamente cualquier comunicación con el exterior, pero en un momento de desespero pude grabar un video solicitándole al fiscal Tarek William Saab y a Karim Kham (fiscal de la CPI), que estaba en ese momento de visita en el país, que atendieran mi caso. Me hice unos cortes en el brazo delante de la cámara y logré enviarlo.
Eso me cuesta una arremetida impresionante. Duré casi tres meses en celda de castigo hasta que finalmente logré salir. Durante esos tres meses empiezo a atender gente por la reja, escucho sus casos y empiezo a hacer documentos denunciando las violaciones de derechos humanos dentro del penal. Ellos me quitaron la libertad, pero no me quitaron el activismo. Empecé a luchar y me convertí en un problema para las autoridades del penal. Me amenazaron con ser trasladado al Dorado, logré que salieran notas de prensa denunciando las extorsiones y las irregularidades dentro del penal, hasta que el director se sentó conmigo y me preguntó: Jonatan, ¿qué quiere? Le dije que mi libertad, porque yo era un secuestrado y él lo sabía. Él me dijo: “Usted está aquí por órdenes de Tarek William Saab”.
Pasamos de un Iván Duque que no reconoce a Nicolás Maduro como presidente al gobierno de Petro que no reconoce la existencia de presos políticos, ni la existencia de torturas. Después del cambio del embajador Benedetti llegó una persona muy seria a quien le agradezco mi libertad, el doctor Milton. Él se reúne con la senadora animalista colombiana, con mi familia, escucha mi situación, hasta que llega el momento en agosto en que se sienta al lado de mi torturador y le dice: “Tarek, mire este caso, este muchacho está torturado, no ha hecho nada, no le han demostrado nada. Le montaron delitos y ninguno ha ocurrido. Tiene un juicio que no termina. ¿Qué quieren con este ciudadano? Está enfermo, lo han torturado. Esto que tengo aquí (muestra una imagen) es un golpe por los palazos que le daban en la cabeza. Entonces, ¿qué más quieren?“. Y Tarek dijo: “Bueno, suéltenlo”. Llama a Alejandro Celis, que es el segundo en la cadena de mando de torturas. Es el fiscal superior del estado Táchira, que ahorita fue expulsado por acoso sexual y una cantidad de cosas terribles, da la orden de soltarlo. Lo que dice Tarek es suéltenlo, pero mátenlo. Ni siquiera mi defensa sabía que tenía la libertad. Ellos me dijeron váyase, salga del penal. Yo sabía que afuera me estaban esperando, me resistía a salir y en ese momento publiqué un video solicitando el apoyo a las autoridades colombianas, porque me querían matar. Eso fue el viernes primero de septiembre y finalmente logré que el lunes una comisión encabezada por el Consulado de San Cristóbal me esperara afuera del penal y me custodiara hasta el puente internacional. Pero en el puente internacional me secuestra una comisión de la DGCIM y me meten en un vehículo, me llevan hasta el otro puente y en ese transcurso me amenazan que si digo algo me van a encontrar donde sea.
Es la forma que funciona la dictadura bajo amenaza constante y no importa que tanto te destruyan o te hagan daño, siempre van a buscar el miedo y la amenaza para continuar apoderados del territorio venezolano.
– Ahora que te encuentras en territorio colombiano, ¿cuál es tu estado emocional? ¿Te sientes amenazado o seguro? ¿Continúas con tu activismo y en la denuncia de las injusticias? He notado que has estado presente en las redes sociales; ¿puedes contarnos qué actividades has estado realizando durante este tiempo?
– Entendí que el tema de presos políticos en Venezuela es muy complejo y que está politizado, o sea, la defensa de los derechos humanos en Venezuela está politizada. Hay mucha gente que está como presos políticos, pero que no figuran en las listas porque no quieren, porque saben que es peligroso, porque al salir como presos políticos arremeten más en tu contra. Toda esta situación me hizo conocer a una organización maravillosa, Familia SOS Libertad, vi videos de Franklin Caldera con los cuales lloré mucho, escuchando todas sus realidades, el mismo dolor que yo viví como preso político. Y una de las cosas que deseé cada segundo desde que me secuestraron era salir y gritarle al mundo la verdad.
La gente que está encarcelada no es culpable. Son simplemente los pobres, los ignorantes que no tienen cómo pagar la matraca dentro del sistema judicial. Entonces, estoy sacando a la luz todas esas realidades. A la gente que meten presa le pedían dólares por darle una medida humanitaria, o sea la libertad. Es una locura lo que pasa en Venezuela. Estoy tratando de ser esa voz para los presos políticos, las mujeres que son vulneradas, violadas en calabozos y que no tienen opciones; no pueden denunciar. Estoy recibiendo audios de mujeres que fueron abusadas, tocadas, manoseadas por el fiscal superior del estado Táchira, Alejandro Celis, y no hay justicia para ellas. Es aterrador el nivel de funcionamiento de esta dictadura.
– Antes de concluir, ¿te gustaría compartir algunas palabras finales, especialmente dirigidas a la Corte Penal Internacional y su fiscal, Karim Khan? ¿Qué mensaje les enviarías?
– Giselle era una niña de 4 años cuya vida fue cortada. Y así como Giselle, la vida de miles. En estos días murieron 8 niños en Chile huyendo de la dictadura de Maduro. Los crímenes que ha cometido la dictadura son incontables. Yo le suplico a la Corte Penal Internacional que nos escuche, que active todos los mecanismos para protegernos, porque no tenemos protección. La dictadura está arremetiendo contra toda persona que habla. Los que están en Venezuela tienen miedo de decir todo lo que les han hecho, porque simplemente no ven esa luz. Esperamos que la Corte Penal Internacional sea esa luz que tanto suplica y grita la población venezolana y tantos que, aunque no somos venezolanos, amamos ese país y sentimos un profundo dolor de ver lo que ha hecho la dictadura con una hermosa tierra como lo es Venezuela.
En conclusión, este impactante diálogo con Jonatan Palacios revela de manera contundente la acción delictiva del fiscal Tarek William Saab y su entorno, que incluye a fiscales como Clodovaldo de la Cruz y Alejandro Celis, este último recientemente vinculado a actividades ilegales de narcotráfico. Este caso pone de manifiesto la gravedad de la situación en Venezuela, donde las propias víctimas están comenzando a hablar, desafiando el patrón de silencio impuesto por la dictadura de Maduro. Es crucial que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tome en cuenta estas denuncias de tortura, secuestro y amenazas contra la vida, evidenciando la urgente necesidad de una intervención internacional para poner fin a los abusos sistemáticos en Venezuela. Este testimonio es un llamado a la atención del fiscal Karim Khan y un recordatorio de la responsabilidad de la comunidad internacional en la lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos humanos.
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