OPINIÓN

Vitrina Venezuela: Reestructurar Pdvsa

por Benjamín Tripier Benjamín Tripier

Los bonos de deuda son formas de lograr endeudamiento para propósitos de expandir/consolidar la producción petrolera sin apoyo de entidades bancarias. Las empresas emiten bonos porque les resulta mejor que pedírselos a los bancos, especialmente, cuando se trata de proyecto a 20 o 30 año, lo cual es posible en el negocio petrolero.

Básicamente, dependiendo de lo lejos que sea el vencimiento de los bonos se tiene un valor distinto de compra, cuya diferencia es el interés. Cuanto más alto es el rendimiento de un bono, más alto es el riesgo de la empresa que emite ese bono.

En la actualidad, se podría decir que el uso de los recursos obtenidos por los bonos de Pdvsa no fue orientado a la misma compañía en temas de mantenimiento e inversión, sino que se sacaron de la compañía para utilizarlos con objetivos políticos y de corrupción. Esto no solo descapitaliza a la empresa, sino que le induce el nivel de riesgo que se ve reflejado en los rendimientos de los bonos.

Otro tema complementario está relacionado con el fondo de pensiones de Pdvsa que se utilizó para recomprar bonos, quitándole la liquidez y poniendo en riesgo las jubilaciones y pensiones de los trabajadores.

Siguiendo la línea de pensamiento de restructuración profunda o hasta liquidación de Pdvsa, habría que mantener una figura tal que no incida sobre los bonos y que se puedan quedar en la Pdvsa del pasado.

Cuando uno se pregunta en manos de quién están los bonos -o sea, quiénes son los acreedores de Pdvsa- la respuesta se encuentra en la estrategia de portafolio de grandes fondos de inversión, en los cuales participa con alrededor de 3% del portafolio, o a veces un poco más, considerando la mejora importante que por sus altos rendimientos les produce a esos fondos.

Para que se entienda mejor, en un extremo de la curva de portafolio se encuentra los bonos de más bajo rendimiento, pero, a su vez, los más sólidos y seguros del mundo que son los del Tesoro de los Estados Unidos; en el otro extremo se encuentran los venezolanos, que tienen muy alto rendimiento pero que son de muy alto riesgo.

Habrá que tener cuidado con la reestructuración de Pdvsa, y las señales que se dan al mercado, no solo por el tema de la futura reestructuración, sino de cara a la reputación de cualquier nueva figura que vaya a manejar el negocio petrolero, para evitar el peso negativo del pasado… porque “el pasado, lo que no tiene, es remedio”.

El daño sería tan fuerte que podría llegar a extinguir Pdvsa de una forma reactiva y anárquica, versus el trabajar en forma proactiva sobre la reestructura o liquidación de la empresa. El negocio petrolero es un negocio que no se puede manejar de una manera distinta a la forma reconocida de operar una empresa petrolera. No hay que olvidar que las reservas de petróleo no son de Pdvsa, sino de la República, y deben utilizarse como punto de palanca para una nueva etapa.

Hasta ahora no se han podido concretar, en términos operativos, las reservas de gas que aparecen registradas. Ninguno de los proyectos, desde el Cristóbal Colón hasta el gas doméstico y las bombonas para carro, además de los intentos con T&T, han resultado de la forma que se esperaba. No obstante, y considerando que el gas, ya sea asociado al petróleo o de reservas propias, es un tipo de energía más limpia y que debiera ser la energía primaria sobre la que se apoye la recuperación del sector eléctrico, habría que impulsarlo tanto o más que lo que se hizo con el petróleo.

Como decíamos antes, el PIB de un país se apoya en la electricidad, y la electricidad, a su vez, debería apoyarse en agua y en gas, en ciclos combinados, que es nuestro caso.

Tanto el petróleo como el gas admiten agregación de valor a través de procesos de refinación/transformación que sustituyan la venta de productos crudos que, como también decíamos antes, transfieren los beneficios de la agregación de valor a los países clientes, donde se generan los empleos que podría tener Venezuela.

Aún no está tan claro si la Faja es viable económicamente. Esto se debe a que es un petróleo extrapesado y su precio es relativamente bajo. En la etapa prerrevolucionaria, el producto de la Faja era la orimulsión (una pasta, tipo miel, mucho más compacta que prácticamente no se desliza) y se le consideraba como combustible para la producción de energía eléctrica en algunos clientes, en los Estados Unidos. La conveniencia económica entre orimulsión y petróleo de la Faja del Orinoco depende de varios factores, como el precio internacional del petróleo, los costos de producción y transporte, y la demanda del mercado.

Al considerarlo como petróleo se califica como muy pesado y que debe ser sometido a procesos de mejoramiento o mezclarlo con petróleo liviano (como el de Rusia y Argelia) para hacerlo más fluido y poder transportarlo para exportación. Esa mejora no le agrega valor, sino que le añade costo; mientras que la orimulsión se vende con precios elevados.

Así como la propuesta del gas que debería estar fuera de Pdvsa –o la que la sustituya–, la Faja también debería estarlo y convertirse en varios negocios privados, muy focalizados en su propia área geográfica de influencia. La inversión en mejoradores es del orden de 20.000 millones de dólares cada uno para llevar un petróleo de 8/12 grados API hasta cercano a los 30.

La única forma de explotar este recurso es a partir de la inversión privada, la cual, y como decíamos antes, no necesariamente debería requerir una asociación con el gobierno, pues le induce las ineficiencias y burocracias propias del manejo del Estado.

Siempre pensando en un rol regulador y vigilantes para el Estado versus el rol empresario que ha venido teniendo en los últimos 50 años y que no ha resultado exitoso. La prueba más concreta es el estado de deterioro que tienen todas las empresas públicas, desde las de Guayana, pasando por las eléctricas, siguiendo con las alimentarias y, por supuesto, la petrolera. Este concepto es extensivo a las empresas asignadas a las Fuerzas Armadas, porque tiene el mismo efecto de ineficiencia.

En el contexto de lo mencionado, el petróleo será la forma de financiar la transición sin caer en el facilismo de volver al rentismo petrolero, que podría significar que sigamos siendo un país pobre y que nunca avancemos en la transición para ser un país rico.

La experiencia actual, en que la mitad de la producción es propia de Pdvsa y la otra mitad asociada con empresas privadas, podría servir para extender el rol de la empresa privada hacia el 100% de producción. La Pdvsa actual no tiene capacidad para financiar una expansión ni reputación crediticia para obtener dinero fresco a precios razonables, por lo cual las únicas fuentes están en el sector privado nacional e internacional.

La experiencia petrolera de operar con el sector privado, e inclusive la de extender hasta casi el 100% su participación, debería considerarse como una referencia para el resto de las áreas de la economía no petrolera, porque la escasez de divisas no se refleja solo en el negocio petrolero sino que es extensiva a toda la economía nacional.

El mecanismo de que el socio privado aporte el 100% de la inversión y que considere que una parte de eso es un préstamo a Pdvsa (que lo cobrará en petróleo para asegurar su pago) puede servir de referencia y considerar como inversión 100% de su aporte para, de esa manera, bajar la presión del endeudamiento y gozar de la autonomía que brinda la gerencia privada por encima de la gerencia pública.

Si bien lo anterior podría ser visto como una crítica, sería bueno que se vea como un acto de confianza de un inversor privado (así sea venezolano o extranjero) y que pudiera ser trasladado a la economía privada no petrolera, la cual, aun estando golpeada, sigue siendo la columna vertebral del empleo genuino y la producción de impuestos en el país.

La atracción de capitales privados se ve limitada por la obligación de constituir empresas mixtas, las cuales han demostrado no ser exitosas. La participación del Estado desalienta a los inversores los cuales, en su mayoría, están acostumbrados a operar como 100% empresas privadas.

Antes de llegar a hacer las evaluaciones de factibilidad y de rentabilidad, debería solucionarse el marco jurídico que permita a la empresa privada operar como tal en cualquiera de las áreas de la economía. Las empresas del Estado –incluida Pdvsa– terminan convirtiéndose en cajas chicas (y no tan chicas) políticas de los gobiernos de turno.

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